La última mañanera de abril mostró dos caras de la presidente Claudia
Sheinbaum. Por un lado, la exasperación porque su intento marrullero para colar
una ley de telecomunicaciones y radiodifusión centralista, autoritaria y de control
social y político, no pasó desapercibido pese al ruido ensordecedor de otros temas
en la opinión pública. Y por el otro, que los argumentos contra la crítica que la
denunciaba como un intento de censura para minar la libertad de expresión, se
caen bajo el propio peso de sus falsas conclusiones.
La presidenta, entregada a la campaña de propaganda de su coordinador de
asesores -exvocero de Andrés Manuel López Obrador-, Jesús Ramírez Cuevas, y
su brazo ejecutor, Jenaro Villamil, director interino del Sistema Público de
Radiodifusión del gobierno, presentó en la mañanera a un académico orgánico del
régimen, Carlos Augusto Jiménez Zárate, que presentó un estudio sobre la
reacción en las redes y medios a la ley. El profesor de la Universidad Autónoma
de Nuevo León fue a cumplir su misión: lanzar cortinas de humo y con
afirmaciones sin prueba, buscar un cambio en la conversación.
“El análisis de los usuarios más relevantes nos confirma que las cuentas son de
políticos, medios, periodistas y trolls que forman parte de una red que lleva
muchos años emitiendo noticias falsas, desinformación y ataques contra los
gobiernos de la cuarta transformación”, afirmó. O sea, una operación mediática
estructurada que une a personas con diferentes posiciones e intereses, algunas
incluso enfrentadas entre sí, en una “campaña artificial” contra la ley, como si la
coincidencia en preocupaciones por la conculcación de libertades fuera una
operación colectiva. Otra más de las mentiras que inventa Ramírez Cuevas, a
través de una boca diferente a las usuales.
No le gusta a la presidenta que le digan censora con tentaciones autócratas, pero
en lugar de elaborar respuestas con argumentos, responde con epítetos. La
confrontación de ideas no se le da ni a ella ni al régimen. Ciertamente, no es fácil
sostener una discusión con razones. Sus llamadas “réplicas” no presentan
evidencias, sino emociones. Funciona en la forma, pero no en el fondo.
La Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión sí es un documento que atenta
contra las libertades y censor. A petición de Sheinbaum el Senado detuvo su
aprobación para mayor discusión, pero en el mismo formato está otra trampa. El
Senado convocó a un conversatorio en lugar de un parlamento abierto. Aunque los
dos son foros para escuchar ideas y opiniones, un conversatorio no pasa de eso,
mientras que, en el parlamento abierto, se presentan propuestas para ser tomadas
en cuenta en la elaboración de leyes. Si les hacen caso o no, es otra discusión,
pero en el conversatorio, por definición, ese paso no se da.
Los intentos de la presidenta y la maquinaria de propaganda no van a frenar la
crítica. De hecho, en su análisis, Jiménez Zárate excluyó a varios voceros
oficialistas y a funcionarios federales que también han criticado la ley, incluso
calificándola en algunos casos como censura. Incorporar esas opiniones anulaba
la denuncia de una “campaña alterna”, por lo cual esconderlas era más funcional
para su objetivo.
Sheinbaum ha reducido la discusión de su ley a un artículo sobre plataformas
digitales, que podría “apagar” si incumplen normas y observaciones que no se
sabe cuáles son, pero que podrían interpretarse bajo los criterios generales y
ambiguos de otros artículos, como el de las amenazas, o el uso de lenguaje que
consideren los censores inapropiados. Programas de sátira política como “El
Privilegio de Mandar”, “Los Peluches”, o noticieros como “La Radio de la
República”, donde Chumel Torres combina la sátira con la información, podrían
ser censurados.
La ley, entre muchas otras cosas, le permite al gobierno intervenir en la
infraestructura de telecomunicaciones en caso de alteraciones del orden público,
sin especificar cuáles serían las alteraciones, por lo que una marcha que no
organizara el gobierno, podría caer bajo en esos criterios y silenciar su difusión. Lo
mismo podría suceder si considera que hay una amenaza a la seguridad nacional,
que tampoco define qué es. Una acusación al aire, como las que ha hecho
Sheinbaum de mexicanos que querían que interviniera Estados Unidos contra el
narco, ¿entraría en esa categoría? Probablemente, vista la línea de pensamiento
del régimen, sí.
Hay unos artículos que con diferente terminología busca reincorporar el fallido
Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que fue declarado
inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia en 2022 porque abría la puerta al
gobierno de vulnerar la privacidad de los usuarios, y que ahora llaman “registro de
usuarios del servicio móvil”, sin tener claridad sobre los procedimientos y alcances
que pretende. La ley permite también la creación de una base de datos nacional
georreferenciada de la infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión, que
puede utilizarse como una herramienta de control social y político.
La ley crea, aunque no lo dice, la figura de una especie de comisario político,
responsable de vigilar y controlar a la sociedad. Esa figura es José Merino, titular
de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que se convertiría
en el velador de la ideología del régimen, en la visión de Sheinbaum, atento a que
nadie piense y actúe más allá de los parámetros que ha establecido
unilateralmente, y que cuando eso suceda, reprima y suprima de inmediato a
quien haya osado desafiarla.
La figura de comisario político surgió durante la Revolución Francesa, pero
adquirió su fama represora en la era estalinista de la Unión Soviética, donde tenía
poder sobre los más altos rangos del Ejército para el control ideológico y mantener
la lealtad al Partido Comunista. Aunque originalmente se inscribía en el ámbito
militar, hoy se utiliza para referirse a quienes son nombrados con el objetivo de
controlar que una sociedad se mantenga dentro de los confines políticos marcados
por la autoridad superior.
Esto es lo que quiere Sheinbaum que haga Merino, a quien la ley le otorga la
concentración de 64 facultades regulatorias, operativas y sancionadoras, para
decidir qué quiere la presidenta qué se diga, cómo se diga, quién lo diga y en qué
momento lo diga.
