Marco Alvarado / Diario de Chiapas
El Foro de Memoria Histórica, una coalición de organizaciones defensoras de derechos humanos y del territorio, ha levantado la voz para exigir una investigación “exhaustiva y diligente” que identifique a los autores intelectuales y las cadenas de mando detrás de crímenes perpetrados contra destacados líderes y defensores en Chiapas.
En un reciente encuentro, el Foro, al que se sumó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), señaló con preocupación la falta de avances en las indagatorias de casos emblemáticos, subrayando la impunidad que prevalece en la entidad.
Las organizaciones argumentaron que la violencia generalizada y sistemática que azota Chiapas no constituye hechos aislados, sino que es el resultado de un complejo “entramado de delincuencia organizada, militarización, división institucional y la fractura comunitaria”.
Como ejemplos de esta escalada de violencia y omisión judicial, citaron los casos de Simón Pedro Pérez López, asesinado en el municipio de Simojovel el 5 de julio de 2021.
José Artemio López Aguilar, profesor muerto en circunstancias violentas en el Ejido Nueva Morelia, Chicomuselo, el 12 de mayo de 2024.
El caso del padre Marcelo Pérez Pérez, ejecutado el 20 de octubre de 2024 en el contexto de ataques contra defensores de derechos humanos.
“En ninguno de estos casos se ha iniciado una investigación exhaustiva y diligente”, fue la contundente denuncia reiterada por las organizaciones.
El Foro de Memoria Histórica advirtió que a estos asesinatos se suman los crímenes de lesa humanidad que se cometen contra comunidades indígenas organizadas en defensa de su autonomía, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos y desapariciones forzadas.
“Permanece la huella de hombres y mujeres: los caídos, las víctimas y los sobrevivientes de un conflicto armado interno aún no resuelto en Chiapas”, aseveraron las organizaciones.
A pesar del clima de riesgo, las organizaciones reafirmaron su compromiso. Aseguraron que la defensa del territorio y de sus derechos continuarán de manera pacífica y con estrategias que buscan la paz.
Finalmente, hicieron un enérgico recordatorio al Estado mexicano de su obligación constitucional de respetar, proteger, garantizar y reparar integralmente estas graves violaciones a los derechos humanos.
