La Escuela Normal Rural Mactumactzá, otra vez, como en el sexenio pasado, en
el ojo del huracán por la forma en que opera para alcanzar sus objetivos de
presión contra las autoridades educativas, aunque en este proceso, en algunas
ocasiones, haya saldo negativo o, mejor dicho, mortales, que, en esencia, vuelve a
poner en entredicho su verdadera vocación o funcionalidad educativa que tienen
asignada.
En el sexenio de Rutilio Escandón Cadenas, los estudiantes normalistas
protagonizaron varias reyertas. Quemaron parte de los edificios que conforman la
Subsecretaría de Educación Federalizada, causaron destrozos en la Secretaría de
Educación, quemaron papelería, destruyeron el llamado “Edificio de la muerte”,
que alberga a personal de Educación, y las oficinas de la USICAM, también pagó
los platos rotos.
No se diga de los desmanes que le provocaron a la fachada del Palacio de
Gobierno o el secuestro de unidades de empresas comerciales, la toma de la
caseta de cobro a San Cristóbal de Las Casas o el acompañamiento que le han
hecho a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para
causar desmanes en tiendas de autoservicio u otros edificios públicos.
El historial delictivo, porque no se le puede llamar de otro modo, aunque el fin que
persigan sea les cumplan sus demandas educativas, es a todas luces reprobable.
Vale la pena recordar que este tipo de hechos han ocasionado que la población de
Plan de Ayala y Juan Crispín, colindantes con la Normal, hayan solicitado al
gobierno del Estado de Chiapas, en el sexenio pasado, y a la extinta LXVIII
Legislatura, se procediera a la reubicación de la Escuela Normal Rural debido a
que la mancha urbana ya los alcanzó y que su funcionamiento, por la que fue
creada, ya no es idónea a las circunstancias que se viven.
En este sentido, el Instituto Electoral y Participación Ciudadana se encargaría de
realizar un estudio y encuesta para ver qué decidía la población tuxtleca, pero
quedó en veremos. Lo que sí hubo durante este proceso, fueron varios motines
contra las instalaciones del órgano electoral como medida de presión para que
dejaran a un lado la intención de pedir el voto ciudadano.
Este contexto para recordar el pasado reciente sale a colación por los hechos
trágicos que se presentaron la tarde noches del jueves pasado, cuando los
normalistas intentaron secuestrar un autobús de la Cristóbal Colón, bajar de la
unidad a los pasajeros que ahí se encontraban y fue en ese momento que varias
patrullas intervinieron, impidiendo que el grupo de jóvenes encapuchados se
llevaran la unidad.
De ahí inicia la persecución contra los jóvenes que se apoderan de una
camioneta, huyen hacia la sede de la escuela normal y fue en ese momento,
según se visualiza en las imágenes de un video que circula en redes sociales,
grabado desde las cámaras que controla el C5, donde se ve cómo cae de la
góndola un joven, perdiendo la vida por el golpe.
Bajo estas circunstancias, vuelve a resurgir el tema de la reubicación de la
escuela, pues, aunque su funcionamiento sea viable en una zona urbana y la
institución educativa tenga el status de rural, las quejas contra el proceder de los
estudiantes es un asunto de suma relevancia que el gobierno del estado debe
poner sobre la mesa.
En el sexenio pasado, la reubicación se paró por las presiones bélicas que hizo la
Normal, quien no lo quiera reconocer en este sentido, se miente a sí mismo, pero,
además, porque el entonces presidente de México, Andrés Manuel López
Obrador, se negó de forma rotunda, al grado que dijo que habría que mejorarles
sus becas.
Este es un dardo somnífero para el gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar, que
tendrá que poner mano dura contra el proceder, fuera de la legalidad, del
estudiantado normalista. Las reglas deben estar claras y precisas en este sector
que por décadas ha sido el dolor de cabeza del gobernante en turno.
Según dicen los pobladores de Plan de Ayala, de Juan Crispín, y del propio
empresariado que ha visto como sus negocios sufren pérdidas por el vandalismo
de los futuros maestros de la niñez, es la mejor oportunidad para remediar este
mal que se le puede salir de las manos a la Secretaría de Educación.
Cumplirle con sus becas, sus manutenciones es una obligación del Estado, pero
también si le ofrece este servicio a la Normal, pues tiene el derecho de reubicarla
a una zona rural, donde se finca su responsabilidad.
