De la “oficina” de NYC a la inteligencia de EU
Jorge Fernández Menéndez
El nuevo director de inteligencia nacional de los Estados Unidos es el ex fiscal del sur de Nueva York, Jay Clyaton, que coordina, desde ayer, las 18 agencias de inteligencia federal que tiene la Unión Americana.
Son agencias poderosísimas, algunas muy conocidas como la CIA o la NSA, pero también otras con enormes espacios de poder real como la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA), la Rama de Inteligencia del Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Oficina de Inteligencia e Investigación del Departamento de Estado (INR), la Oficina de Inteligencia y Análisis del Departamento de Seguridad Nacional (DHS I&A) y la del Departamento del Tesoro (Treasury OIA), el Programa de Inteligencia de la Administración de Control de Drogas (DEA ONSI), el Comando de Inteligencia y Seguridad del Ejército (Army Intelligence) y del Cuerpo de Marines (Marine Corps Intelligence) o el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Espacial (U.S. Space Force Intelligence), entre otras. Hay pocas posiciones con mayor poder que esa dirección del gobierno estadounidense.
¿Recuerda usted cuando en Palacio Nacional se minimizaban las acusaciones contra Rubén Rocha Moya y los otros políticos sinaloenses acusados de complicidad con el narcotráfico, diciendo que habían sido realizadas por una “oficina de una fiscalía estatal” estadounidense y no por ese gobierno? Pues resulta que el responsable de esas acusaciones, el hombre que llevaba hasta ayer la investigación sobre los narcopolíticos mexicanos es Jay Clayton, el nuevo jefe de la inteligencia estadounidense. Esa fiscalía tiene decenas de expedientes cerrados, se dice que 236, sobre políticos mexicanos acusados de estar relacionados con el crimen organizado y en sus oficinas se está construyendo un maxiproceso contra ellos. El departamento de Justicia decidirá cuándo judicializarlos.
Ese hombre coordinará ahora, desde Washington, la inteligencia de todos esos esfuerzos que encabezó personalmente desde la fiscalía sur de NY. Su sola confirmación demuestra no sólo el poderío de esa fiscalía, quizás la más importante del país, sino también la afinada sintonía política entre la Casa Blanca y la justicia sobre la estrategia a seguir contra lo que llaman el narcoterrorismo y sus beneficiarios en México y el mundo.
Tampoco es la primera vez que Clayton interviene en estos temas. Hace años fue el responsable de la investigación que terminó con el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández en la cárcel por narcotráfico. Hernández fue indultado por Trump pero nunca fue exonerado de esos delitos. Si bien no tuvo participación directa en la acusación contra el ex presidente de Colombia, Ernesto Samper, que se centró en el financiamiento de su campaña presidencial con dineros del narcotráfico durante el llamado Proceso 8000, lo que derivó en la revocatoria de su visa y la descertificación de Colombia en la lucha antidrogas en 1996, Clayton la ha utilziado como antecedente y referencia para sus investigaciones actuales.
Cuando la fiscalía de Clayton acusó recientemente a políticos sinaloenses y a otros de América latina, los documentos legales citaron los precedentes de las sanciones y retiros de visa impuestos a Samper en los años 90 como base legal aplicable a mandatarios que toleran actividades de narcotráfico.
En el gobierno federal siguen pensando, el martes lo volvió a decir implícitametne la presidenta Sheinbaum, que con las elecciones de noviembre puede el partido republicano perder su mayoría en el congreso y que eso podría cambiar la correlación de fuerzas en Washington e influir en la estrategia de la Casa Blanca. Quién sabe cómo quedarán las elecciones de noviembre, pero nadie piensa en un derrumbe de Trump. Al contrario, la estrategia antiterrorista, que incluye a los cárteles y a sus beneficiarios, el nuevo paradigma que busca destruir al mismo tiempo que a líderes y operadores a los cómplices políticos de los cárteles, no se modificará por las elecciones de noviembre sea cual sea el resultado, en todo caso se profundizará en los dos últimos años de Trump, y sus aspirantes a sucederlo, J.D. Vance y Marco Rubio, no se apartarán un centímetro de esa línea. Si no fuera así, un hombre como Clayton no hubiera llegado a la dirección nacional de inteligencia.
Esa estrategia abarca amplios capítulos financieros. Ayer, Wendy Amaral, pareja de uno de los líderes de los Cuinis, los socios del CJNG, Gerardo González Valencia, que cumple cadena perpétua en Estados Unidos, se declaró culpable de haber violado las leyes de seguridad de los Estados Unidos porque pagó 500 mil dólares a una preparatoria, la IMG de Florida, para que su hijo estudiara allí. La escuela fue multada con un millón 700 mil dólares.
Wendy Amaral estaba, como su esposo, en la lista Kipling de la OFAC del Tesoro estadounidense y no pueden hacer operaciones de ningún tipo con ciudadanos o empresas de Estados Unidos. Si se viola esa norma, ambos, el sancionado y quien haya hecho algún negocio, aunque sea lícito con él, pueden ser castigados. Haber pagado a una escuela en la Unión Americana fue suficiente para recibir una condena, tanto para Amaral como para la escuela. Esa es la ruta que seguirán el gobierno de Trump y las fiscalías contra las empresas y los beneficiarios de los grupos criminales. De esos casos hay miles en México.
