El ambiente político y social se enrarece. Ha sido casi un mes de pesadilla para el gobierno federal, que no ve la salida a un túnel lleno de piedras y aludes de indignación por la falta de respuesta inmediata a los problemas de inseguridad que se sienten en gran parte de la República.
El primero de noviembre asesinaron al alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, y, como respuesta al hartazgo de la ciudadanía, la protesta del 15 de noviembre —atribuida a la Generación Z—, donde se concentraron cientos de hombres y mujeres que exigían justicia, detonó el polvorín ante la violencia que se desató tras la contención y desalojo en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, contra quienes irrumpieron en el desarrollo de la manifestación.
Nueve días después, los 29 bloqueos que desquiciaron la circulación terrestre en 17 estados del país tuvieron como respuesta del gobierno un no rotundo, bajo el argumento de que no había motivos, porque existía diálogo permanente y, además, porque quienes participaron eran miembros de los partidos PAN, PRI y PRD.
De ser así —que al final no debe ser motivo para discriminar un movimiento social—, se muestran dos escenarios que deberían ocupar al gobierno de la Cuarta Transformación: uno, que si son políticos los que están al frente de los bloqueos, entonces se demuestra que no están “muertos”, que tienen capacidad de movilización; y dos, que en todo caso no debería preocupar que los de la derecha —aquella que, según el partido en el poder, no levanta— hagan lo que hagan si no representan un problema para la autoridad.
Menos aún que un “muerto siga viviendo”, como lo es el Partido de la Revolución Democrática, instituto que perdió el registro por no alcanzar la votación mínima nacional en la elección de junio del año pasado. Resulta inaudito que tenga la fuerza y el recurso suficiente para mover a las masas, en este caso a los transportistas y productores que se manifestaron porque el gobierno no les cumple sus demandas en el precio del maíz.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dijo que no hay razón para las protestas si se han llevado a cabo más de 200 reuniones y, sobre todo, porque sólo se manifestó una agrupación transportista, mientras que el resto de las organizaciones —que está en pláticas— se deslindó.
Si lo que dice la encargada de la política interna es cierto, entonces no quisiéramos imaginar cómo se pondrá el asunto si la autoridad no le cumple a todas aquellas organizaciones que no participaron en la manifestación y que, en algunas entidades del centro y norte del país, mantienen bloqueos hasta el día de hoy.
Cierto es que a nadie le gusta que le bloqueen el paso, porque interrumpe y viola el derecho individual; pero también se entiende que se afectan actividades laborales, académicas, de salud, abasto y movilidad.
Estamos de acuerdo en que estos eventos deben evitarse, pero no bajo la amenaza velada con la que actuó la titular de la Segob. Mejor actuó la presidenta, quien dijo que se está al tanto para que se respeten los derechos humanos de quienes se inconforman.
La forma en que responde el gobierno a las denuncias populares ha sido, por donde se le quiera ver, un mensaje autoritario que puede llevarnos a pensar que la tiranía es la respuesta al descontento social de los productores.
Los comentarios en redes sociales están encendidos. Recriminan que la Cuarta Transformación sólo actúa por consigna, que es pura boca, mientras que a los choferes se les sigue asesinando en las carreteras.
La protesta, más allá de la narrativa de que en ella participan partidos políticos, exhibe los nulos resultados en el combate a la extorsión, la delincuencia y el narcotráfico, que perjudican a transportistas, particulares, agricultores y ciudadanía en general.
Si algo es cierto, es que las protestas no son por gusto: incomodan al gobierno en el poder porque detrás de ellas hay, justamente, miles de personas que manifiestan un hartazgo que el gobierno tiene que atender y resolver.
