Edén Gómez Bernal
Desde hace unos años el problema de los subejercicios presupuestales en los estados ha sido un problema, la cifra promedio anual es de un promedio del 25%, pareciera ya una regla o alguna consigna el reintegrar recursos a la federación, dijo José Ramón Hernández Pantiga, consultor de contrataciones públicas y privadas.
Considera que por cuestiones políticas la nueva estructura orgánica carece de experiencia y es normal, ya que siempre existe una etapa de prueba y error como está sucediendo. “Desde mi perspectiva en los estados del sur como Chiapas y Veracruz que apenas iniciaron nuevas administraciones”, sostuvo.
Sin embargo, existen otras entidades más encaminadas con las mismas ineficiencias, pues se ha vuelto muy complejo migrar del sistema neoliberal que aún prevalece en el marco normativo hacendario al nuevo proceso de la Cuarta Transformación, que se dicta desde sus ideales los cuales no se han plasmado de manera correcta en las leyes, puntualizó el consultor en entrevista con Diario de Chiapas.
Lamentó que al día de hoy ya son 235 días del año donde, según información plasmada en las plataformas de varios estados, se puede observar que las cuentas públicas solo han registrado un 18% promedio del ejercicio del gasto, por supuesto que esa información está un par de meses desfasada pero, en tiempo real, la falta de ejecución de recursos es tangible en la economía ya no solo son comentarios de empresarios que argumentan. “No me han pagado y no están dando mucha chamba o políticos que se quejan no me han soltado presupuesto, todo está centralizado”.
Para el consultor, la aplicación y comprobación de los recursos públicos está calendariza al año fiscal que transcurre, lo que obliga a realizar todas las operaciones en tiempo récord en el entendido que en la contabilidad gubernamental existe 14 meses, pero en la administrativa solo 9 ya que el reloj presupuestal empieza en el mes de marzo, cuando ya está más estructurada la liquidez programada.
Además, dijo, de ese inconveniente donde lo planeado no es homogéneo con lo político, es decir, citando un caso hipotético tradicional “en el papel se tiene presupuestado 1000 pesos en la partida de mobiliario para ejecutarse en el mes de julio, pero en la realidad existe un conflicto social en el mes de febrero y por actos de vandalismo destrozan sillas y mesas en una de las oficinas clave”.
“Qué ocurre ante este escenario, pues que por unos días el personal labora en otro lugar hasta que de manera urgente y justificada se le adquiere nuevamente el mobiliario para que desempeñe sus funciones”, sentenció.
Sostiene que el problema radica en que esa compra al ser de pánico no se adquiere en un precio competitivo y es válido, pero además tiene que ser a crédito por que no cuentan con el recurso por lo que aumenta el riesgo y el precio ya que los proveedores tienes desconfianza del pago por no haber un contrato o pedido oficial.
En este complejo escenario del procedimiento de las licitaciones, explicó que este mismo ejemplo es muy común en varios rubros ya sea por contingencias y/o ocurrencias, lo que hace que la línea del tiempo del presupuesto se quede o muy adelante o muy atrás.
“Ahora imaginemos el último trimestre del año con todo ese desfase de ejecución del gasto se vuelve una venta de liquidación, donde se tienen que gastar los recursos a como dé lugar y hasta donde alcance, porque la limitación que existe es que el documento para acceder al erario público es un factura que al día de hoy con las disposiciones del SAT son electrónicas y emitidas en tiempo real, por lo que genera una polémica como funcionario: necesito que me facture un proveedor para comprometer el recurso pero qué tal si le pago y se va, aunque existen documentos de deuda como las fianzas o la exhibición de cheques certificados ante un contrato el riesgo se vuelve político”, explicó.
Esta relación tóxica, añadió, entre funcionarios y empresarios -no te vendo porque me haces perder el tiempo en cotizarte (y en su caso de ganar con un margen mínimo de utilidad no me pagas) y si te pago y no me cumples, ha originado una discordia que ha traspasado sexenios.
En este sentido, Hernández Pantiga sostiene que mucho tiene que ver el proceso de contratación que es el proceso administrativo, técnico legal y financiero para ejercer y comprobar el gasto, en donde existen tres modalidades: la adjudicación directa, la invitación restringida a cuando menos tres empresas y la licitación pública cada una prevista en la Ley.
Sin embargo, reconoce, el problema radica en la interpretación de la misma cuando los funcionarios encargados -por antecedentes o simplemente por inercia- continúan trabajando los concursos de obra o adquisiciones con convocatorias arcaicas llenas de mil requisitos, lo que ha llevado que la aplicación de los recursos se retrase y es ahí está el “cuello de botella “hasta una compra directa es un problema.
“Te piden tantos requisitos que se vuelve una mini licitación; no los culpo, es más bien desconocimiento del mundo exterior donde las condiciones entre particulares son más rápidas y concretas por que todo se rige por el mercado”, apuntó.
Lo que puedo advertir, dice el también empresario, es que “si no se abren a procesos simplificados o plataformas electrónicas el próximo 31 de diciembre muchos dormirán en la oficina como ha pasado todos los años”; es urgente modificar los procesos, hacerlos más rápidos, ya que al final todo ese trámite no impacta ni queda plasmado en el contrato que es el documento base de la acción ante cualquier denuncia.
Esta iniciativa no es propia, ya está sucediendo en las plataformas de gobierno como Micrositio CFE, Tianguis Digital de la CDMX y Compras MX; pero es más evidente en las de la iniciativa privada como los softwares de SAP Ariva, JDE, Wherex, Cyrcus etc.
“Tenemos una fábrica de licitaciones en donde todos los días me entreno en buscar y elaborar propuestas de ofertas basadas en parámetros que ya tenemos establecidos por todo el país, es por ello nos gustaría colaborar con las autoridades para retroalimentar las experiencias que vivimos desde nuestra óptica”, ojalá pronto existan reformas que modernicen y transparente la aplicación de los recursos, pero sobre todo eficiente los tiempos tanto para los funcionarios como para los empresarios”, finalizó.
