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La economía mexicana enfrenta una coyuntura compleja que combina presiones
externas, costos internos crecientes y señales de debilidad en el mercado laboral.
El fin de la pausa de aranceles de Trump, previsto para el 29 de octubre,
encarecerá significativamente las exportaciones automotrices, agroindustriales y
de autopartes, pilares de la economía nacional. Estos gravámenes fueron
inicialmente una medida temporal para presionar a México por motivos
migratorios, pero su restablecimiento afectará de lleno la competitividad y las
cadenas de suministro del T-MEC. El gobierno de la presidenta Claudia
Sheinbaum busca una nueva negociación con Estados Unidos, aunque las
expectativas son bajas ante la rigidez proteccionista del gobierno de ese país.
A nivel interno, las consecuencias ya se sienten en el empleo. El IMSS reportó la
pérdida de 34,000 empleos formales en septiembre, principalmente en
manufactura, construcción y servicios. Aunque el Banco de México redujo la tasa
de referencia a 7.50% el 25 de septiembre, el costo del crédito sigue siendo
elevado y limita la expansión de las empresas. Hacienda confirma además un
menor ritmo de gasto público, mientras el INEGI señala que la informalidad laboral
ya rebasa el 54%, impulsada por la subcontratación ilegal y la falta de incentivos
para mantener empleos formales.
El costo de sostener el empleo formal también se ha disparado. De acuerdo con la
Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el aumento de cuotas al
IMSS, los nuevos impuestos locales y los ajustes al salario mínimo han elevado en
promedio 50% los costos laborales durante 2025. Las pymes, que generan el 70%
del empleo nacional según el Censo Económico 2024, enfrentan una doble
presión: menor consumo interno y mayores obligaciones fiscales. El CCE pidió
medidas de alivio y deducciones fiscales, pero hasta ahora no ha recibido
respuesta del gobierno.
La estructura productiva mexicana enfrenta así un doble frente de presión: uno
externo, derivado de la política comercial de Trump, y otro interno, producto del
encarecimiento de la formalidad. El Indicador de Confianza Empresarial del INEGI
cayó 1.7 puntos en septiembre, reflejo de la preocupación del sector privado por la
combinación de incertidumbre comercial y aumento de costos. El resultado es
visible: menos empleo formal, más economía informal y un entorno de inversión
adverso.
Para evitar que esta combinación de factores derive en un ciclo de más bajo
crecimiento y precarización estructural, la presidenta necesita equilibrar su política
social con una agenda económica flexible. Informes recientes de la OCDE y el
Banco Mundial recomiendan impulsar la inversión privada garantizando estabilidad
regulatoria, acelerar la ejecución de obra pública, simplificar trámites y ofrecer
estímulos fiscales a las pymes. Hacienda, en su Plan Nacional de Desarrollo 2024-
2030, coincide en que elevar la productividad y la capacitación técnica es clave
para sostener mejores salarios sin asfixiar a las empresas.
Solo mediante una estrategia que combine certidumbre jurídica, disciplina fiscal y
diálogo con el sector productivo, el gobierno podría amortiguar el impacto de los
aranceles y evitar que la actual vulnerabilidad laboral se convierta en un
estancamiento prolongado.
X: @ruizhealy
ruizhealytimes.com
