Luis Villoro, en su libro La Alternativa, el último de su encomiable obra filosófica, se
concentró en la idea de que el dibujo de otro mundo es posible. Un mundo mejor, por
supuesto, donde no existan el autoritarismo y los valores rapaces del individualismo, sino
que los grandes conceptos como democracia y pluralidad sean los ejes rectores del
gobierno para la construcción de un mundo más justo e igualitario.
Desconozco si el magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén ha leído este
profundo e interesante ensayo, pero en los hechos está demostrando la misma convicción
de transformar al Poder Judicial del Estado en una institución garante de los derechos, la
legalidad y la constitucionalidad, que esté al servicio de los chiapanecos y sea en verdad
la casa de la justicia.
MEMORIA
A escasos tres meses de que Moreno Guillén asumiera la presidencia, son claros los
cambios en el Poder Judicial. Empezando con la voluntad política del presidente de
cumplir su misión con fidelidad. Lo cual es visible en los trabajos que ha realizado para
fortalecer las áreas jurisdiccionales, mejorar la infraestructura operativa, limpiar la
institución de aquellas prácticas que le restaron credibilidad ante la sociedad y optimizar la
impartición de justicia.
Los chiapanecos somos testigos de que en el pasado reciente el máximo órgano judicial
del estado fue convertido en un instrumento para la represión, la persecución política y
estuvo al servicio de cada gobernador en turno.
Sin autonomía y bajo la sujeción del Ejecutivo, estaba encargado de proteger los
intereses del gobierno y no de la sociedad, lo que implicaba cubrir con impunidad a los
funcionarios y callar las voces de la oposición.
Ejemplo de ello fue lo ocurrido en el Poder Judicial durante el gobierno de Juan Sabines
Guerrero, quien impuso a cada uno de los titulares.
Al designar a Juan Gabriel Coutiño Gómez, Sabines Guerrero obtuvo un Tribunal a modo,
doblegado, que le ayudó a encubrir los delitos de los integrantes de su círculo más
cercano.
Además, en la gestión de Coutiño Gómez reinaron la intolerancia y los abusos de poder,
amén del despilfarro y las francachelas que fueron el común denominador entre los más
altos mandos del órgano judicial.
En los últimos meses del sabinato, Rolando Ramos Rovelo tomó la batuta en medio de
porras y ardientes enaltecimientos, pero salió acusado por diversos delitos. Se dijo que
falsificó firmas para la liberación de pagos irregulares bajo el concepto de
“compensaciones” a funcionarios del Tribunal, pero fue una estafa que alcanzó una cifra
de varios millones de pesos.
Por si fuera poco, el delito fue reconocido por todos los implicados, es decir, por los que
recibieron las fuertes sumas de dinero, pero el caso quedó impune. Igual que todos los
fraudes, los desvíos de recursos públicos, el saqueo y toda la borrachera de poder que
significó ese execrable gobierno.
Ramos Rovelo fue tapadera de Mauricio y Carlos Perkins Cardoso, este último fue oficial
mayor e hizo lo que le pegó la gana con las finanzas del Poder Judicial. Actualmente,
ambos hermanos están sindicados en una demanda que fue admitida en 2013 por la
entonces Procuraduría General de la República por los delitos de enriquecimiento ilícito,
abuso de funciones, organización delictuosa, entre otros.
CAMBIOS
A diferencia de aquellos tiempos, el nombramiento de Juan Carlos Moreno no provino de
la imposición sino de un proceso de elección apegado a la legalidad y conforme a lo
establecido en la Constitución. Primero, lo diputados del Congreso del Estado aprobaron
su nombramiento como magistrado de la Sala Regional Colegiada y, posteriormente, el
Pleno de Distrito lo eligió por unanimidad como presidente del Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la Judicatura.
En la toma de protesta se comprometió a velar por una administración de justicia más
cerca, eficiente y al servicio de los ciudadanos, donde la justicia tuviera una mejor cara,
más humana y accesible para todos. Y ha avanzado en esos propósitos.
En primer lugar, Moreno Guillén está trabajando en mejorar las condiciones laborales de
los servidores públicos, bajo el entendimiento de que al existir un buen ambiente y una
situación laboral favorable, el servicio a los justiciables también será mejor.
Por eso ha realizado recorridos por las diversas sedes judiciales en los diferentes distritos
del estado, a través de los cuales ha podido escuchar las propuestas e ideas del personal
y cerciorarse por sí mismo del estado de los edificios, de la atención que se proporciona y
de las necesidades de los litigantes, usuarios y trabajadores.
Por otra parte, es digno de destacar su preocupación y las acciones que ha puesto en
marcha para adaptar y actualizar al Poder Judicial a los cambios que exigen las reformas
aprobadas en diversas materias del Derecho.
Como es el caso de la implementación de los juzgados de oralidad, contemplados en la
reforma constitucional en materia Civil y Familiar. Por lo que se tienen previstos diversos
ejercicios de capacitación profesional en el uso de las tecnologías de la información, lo
cual traerá como beneficio la aceleración de los procesos judiciales y el mejoramiento del
servicio a las personas.
En este sentido, el presidente Moreno Guillén ha anunciado que se está avanzando en el
plan de trabajo que coadyuvará a la implementación de las reformas recientes al Código
de Organización al Poder Judicial, a la Ley Orgánica del Tribunal Administrativo, a la Ley
de Mecanismos de Solución de Controversias para el Estado, que facilitarán la
consolidación de una justicia más accesible, ágil y humana en Chiapas.
Otro de los aspectos relevantes en la administración de Juan Carlos Moreno es el
compromiso en favor de la seguridad de los chiapanecos.
Esto se refiere al trabajo coordinado que el Poder Judicial ha venido realizando con otras
instituciones dentro de la estrategia de seguridad, en las que el personal jurisdiccional
está participando de manera constante en los cateos, en las ejecuciones de vinculación a
proceso y en todas las tareas correspondientes en materia penal, dentro de un marco de
legalidad y en función al quehacer institucional.
HUMANISMO
Todo esto sería difícil de llevar a cabo sin una visión humanista y apegada a los nuevos
tiempos que vive Chiapas.
Así, la puesta en funcionamiento del programa “La Justicia es la Paz” es la cereza en el
pastel en este paquete de actuaciones en pro de la transformación del órgano
jurisdiccional, que tiene el fino objetivo de trabajar institucional y coordinadamente para
fomentar la cultura del diálogo en Chiapas, donde la impartición de justicia tenga una
gestión humanista y coloque a las personas en el centro de la atención jurisdiccional.
Admito que la crítica periodística casi no se ejercita en el reconocimiento del desempeño
de los servidores públicos, pero hay veces que debe hacerse, como es el caso.
Reconocer la labor que ha realizado Juan Carlos Moreno en estos tres meses en el Poder
Judicial tiene como premisa saber que esta institución está recuperando su credibilidad
como garante del derecho y la constitucional y que como nunca antes está contribuyendo
en la construcción de un Chiapas más justo, más seguro y más igualitario.
yomariocaballero@gmail.com