Resistencia de la propiedad social contra el mercantilismo de tierras en México
Dr. Roger Heli Díaz Guillén
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- Reformas necesarias que redimensionen a la propiedad social ejidal y comunal.
La propiedad ejidal y comunal asumida como propiedad social custodia más de la mitad del territorio nacional, resguardando la biodiversidad, la identidad cultural y la soberanía alimentaria del país. Sin embargo, desde las reformas neoliberales y ley agraria de 1992, este modelo ha enfrentado un asedio sistemático por parte del mercantilismo de tierras. Siendo urgente revertir el despojo encubierto y el crecimiento urbano caótico que ya ha provocado la conclusión del régimen ejidal de ejidos en el norte del país; implementando reformas legislativas y estructurales que dimensiones y protejan la propiedad social, devolviéndole su papel como motor de -desarrollo sustentable y de bienestar colectivo.
En esta idea, es imperativo pensar en disolver en la ley agraria la contradicción de que por un lado concede la protección de las tierras ejidales y comunales como inalienables, imprescriptibles e inembargables, pero en su contenido, considera el dominio pleno de las tierras y su aportación a sociedades civiles y mercantiles, que lo privatizan. Existiendo según el registro Agrario Nacional 78 sociedades inscritas con tierras sociales y millones de hectáreas de tierras privatizadas.
El mapa de México y su territorio no se explica sin su propiedad social que nació de la revolución mexicana de 1910 y se consolido en el articulo 27 de la constitución de 1917; donde el modelo ejidal y comunal representa mucho más que una modalidad jurídica de tenencia de la tierra; es soporte de la vida comunitaria; escudo de los pueblos originarios; sustento de la soberanía alimentaria; sustento ambiental y; es ecosistema donde se genera el agua, el oxigeno y los alimentos que sostienen a las grandes urbes.
La propiedad social de ejidos y comunidades agrarias significa a nivel nacional 100 millones de hectáreas, de las que 34 millones son tierras parceladas y 66 millones corresponden a tierras de uso común; que son propiedad de 29 mil 700 ejidos y 2 mil 400 comunidades; donde el mercantilismo de tierras ya afectó con 4 millones 64 mil hectáreas de dominio pleno con impacto en ejidos de Estados del Norte del país; correspondientes a 34 mil 858 parcelas; que ocupan entre el 3 y 4% de la superficie social total nacional.
A pesar de su peso social, histórico y ecológico, la propiedad social lleva más de tres décadas bajo el asedio de una lógica estrictamente mercantilista. La reforma constitucional de 1992 que abrió la puerta a la privatización del ejido mediante la figura del dominio pleno y sociedades mercantiles y civiles; prometió una ola de inversiones y modernización que nunca llegó para las mayorías. En su lugar, facilitó un proceso silencioso pero voraz de despojo legalizado que hoy presenta más de 4 millones de hectáreas que son ya propiedad privada. Donde desarrolladores, inmobiliarias, empresa mineras, complejos turísticos y proyectos agroindustriales han visto en la tierra social un banco de suelo barato, fragmentando comunidades enteras y precarizando a los legítimos dueños de la tierra.
La resistencia no ha sido pasiva, a lo largo y ancho del país, miles de ejidatarios y comuneros defienden sus asambleas que es el corazón democrático. Pero la resistencia comunitaria por si sola, es insuficiente si el marco legal sigue diseñado para favorecer la conversión del suelo social en propiedad privada. Hoy no basta romantizar la resistencia; es indispensable transitar hacia reformas necesarias que redimensionen el valor de la propiedad social frente al avance del libre mercado
En primer lugar, es imperativo blindar la propiedad social contra a especulación inmobiliaria. La legislación debe condicionar severamente o prohibir la adopción del dominio pleno en áreas de alto valor ambiental y productivo; hídrico o de recarga pesada. El crecimiento de las ciudades no puede seguir dándose a costa de la destrucción del ejido o la comunidad; los municipios deben integrar a las asambleas ejidales y comunales como actores sociales del desarrollo urbano; no como víctimas de este.
En segundo lugar, necesitamos una reforma agraria de segunda generación enfocada en desarrollo productivo e integral sostenible comunitario. El Estado ha abandonado financieramente al ejido, la comunidad agraria, pueblos y comunidades indígenas y afro mexicanas, empujando a los jóvenes a la migración, dejando la tierra a merced del mejor postor. En este orden, urge crear mecanismo de financiamiento público, subsidios verdes y esquemas de pago por servicios ambientales directos a las comunidades. La propiedad social debe ser sinónimo de prosperidad colectiva demostrando que la tierra produce para el bienestar cuando se trabaja en comunidad que cuando se fragmenta para construir centros comerciales o turísticos.
Finalmente, es urgente democratizar y depurar las instituciones agrarias. La Procuraduría Agraria y los Tribunales Agrarios requieren presupuestos dignos, pero sobre todo, una profunda perspectiva de derechos humanos e interculturalidad con visión comunitaria. La tierra en México no es una simple mercancía, es tejido social; es historia, identidad y el futuro ambiental de la nación y su soberanía alimentaria. Proteger y potenciar la propiedad social no es un acto de nostalgia revolucionaria, sino una necesidad de seguridad nacional.
En este contexto, refuncionar a las instituciones agrarias y legislar a favor de los ejidos y comunidades agrarias, pueblos y comunidades indígenas y afro mexicanas sobre tierras y territorios, es la única vía para frenar el mercantilismo depredador y garantizar que el suelo mexicano siga siendo el sustento de quienes lo cuidan, lo habitan y lo hacen florecer; además de fuente de alimentos, agua, oxigeno y recursos necesarios del mundo urbano.
