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“No habrá corrupción”, dice con firmeza la presidenta Claudia Sheinbaum. Y tiene
razón en decirlo. Pero también tiene la obligación de demostrarlo. Desde el inicio
del sexenio pasado, la Cuarta Transformación se autoproclamó como la cruzada
contra la corrupción. El entonces presidente López Obrador hizo de este combate
su bandera política más poderosa, y millones creyeron en ella. Sin embargo, a
seis años de distancia y con un nuevo gobierno en funciones, los escándalos
siguen brotando, y ahora es Claudia Sheinbaum quien debe responder, no con
discursos, sino con acciones contundentes.
Uno de los temas más delicados, y que exige atención inmediata, es el caso del
huachicol y los señalamientos que datan de 2019. Aquel año marcó el arranque de
una supuesta ofensiva contra el robo de combustibles. Sin embargo, recientes
investigaciones periodísticas han revelado redes de complicidad al interior de
dependencias clave, e incluso se ha mencionado a elementos de la Marina
implicados en actividades ilícitas. Casos como el de “La Barredora” y otros
señalamientos públicos ameritan no solo ser desmentidos, sino investigados a
fondo. No basta con pedir pruebas: lo que se publica debe ser el punto de partida
para una investigación autónoma y profunda, ordenada directamente desde la
Presidencia.
Si Claudia Sheinbaum desea que su promesa de erradicar la corrupción no quede
en un mero eslogan de campaña, deberá empezar por mirar hacia dentro. La
limpieza no comienza en los discursos, sino en los hechos. Y, como bien
sabemos, los hechos son los que sostienen o derrumban proyectos políticos.
El gobierno de Estados Unidos ha hecho lo que México no: poner sobre la mesa
los temas incómodos. La presión del vecino del norte ha sido clave en obligar a
este país a actuar en temas como el narcotráfico, la migración y la seguridad. No
fue por voluntad propia que se avanzó en muchos frentes, sino por la necesidad
de responder ante una comunidad internacional vigilante. Esa presión externa
sigue siendo el catalizador del cambio, mientras en casa se ignoran los
escándalos o se pretende minimizar su impacto político.
Y mientras todo esto sucede, las acciones de algunos personajes de la llamada
Cuarta Transformación no ayudan. El reciente episodio protagonizado por Gerardo
Fernández Noroña raya en el cinismo. El uso de un taxi aéreo privado con un
costo estimado de 280 mil pesos para realizar una gira de apenas dos días en
Chihuahua no solo es un insulto a la austeridad republicana, sino un golpe directo
a la narrativa presidencial.
Noroña asegura que lo pagará “de su bolsa”. Pero eso, en el fondo, es irrelevante.
El problema no es quién cubre el gasto, sino el mensaje que se manda a una
ciudadanía que creyó que este movimiento representaba un cambio de fondo en
las formas y en el fondo del poder. Viajar con ese nivel de ostentación mientras se
predica la austeridad es hipocresía pura. Y peor aún, es una provocación política
que desgasta, erosiona y debilita a quien hoy ocupa la silla presidencial.
¿Será que la presidenta lo cubrirá con el manto del silencio, como lo hizo su
antecesor en tantas ocasiones con personajes incómodos? ¿Habrá una condena
pública, un deslinde claro, o simplemente una evasiva mañanera más?
El reto para Claudia Sheinbaum es inmenso. Su legitimidad no solo dependerá de
su capacidad para gobernar, sino de su voluntad real para limpiar la casa. Si no
hay castigos ejemplares, si no se exige rendición de cuentas, si se sigue tolerando
que las élites del poder se muevan con impunidad mientras el pueblo escucha
promesas, el desgaste será inevitable.
Morena y su presidenta no pueden darse el lujo de ignorar estos hechos. La lucha
contra la corrupción no puede ser selectiva ni utilizada como arma electoral. Debe
ser una política de Estado, pareja, sin excepciones. Porque si no se castigan los
excesos de los suyos, entonces, ¿cuál es la diferencia con el pasado que tanto
criticaron?
El país espera señales claras. La presidenta tiene la palabra, pero, sobre todo,
tiene el poder para actuar. Que lo use.
