El envío de 26 narcotraficantes a los Estados Unidos se inscribe en el anterior
envío de otros 29 criminales. Insistimos en la palabra envío porque eso es lo que
se hizo, no son extradiciones sino entregas justificadas en la seguridad nacional,
en la capacidad de operación de estos personajes desde las cárceles y sus
posibilidades de corromper la justicia para beneficiarse de ella.
Podrá haber opiniones en contrario, pero son decisiones positivas y necesarias
que reconocen, por una parte, la presión de todo tipo que ejerce la administración
Trump, pero también nuestras exigencias, posibilidades y carencias en el ámbito
de la seguridad.
Pero este segundo envío de criminales a los Estados Unidos es diferente al
primero. En aquel, la enorme mayoría, como Rafael Caro Quintero, Vicente
Carrillo Fuentes, o los hermanos Treviño Morales, eran narcotraficantes detenidos
desde tiempo atrás, con una larga carrera criminal, pero con presencia marginal
en los últimos años, aunque mantuvieran espacios de operación desde los
reclusorios.
Los delincuentes enviados esta semana son, en su mayoría, operadores claves de
los distintos cárteles, la mayoría de ellos detenidos recientemente, varios incluso
en la presente administración. Están algunos de vieja escuela como el cuñado de
El Mencho, Abigail González Valencia, líder de los Cuinis y operador principalísimo
del CJNG, o Servando Gómez, la Tuta, líder de los Caballeros Templarios,
detenidos desde hace años, pero la mayoría son figuras que operaron el sexenio
pasado.
Los hay de todos los grupos, pero la mayoría tienen relación directa con los
chapitos: Martín Zazueta y Kevin Gil, el 200, fueron jefes de seguridad de Iván
Archivaldo y fueron detenidos meses atrás, lo mismo que Leobardo García, Jesús
Guzmán Castro, Héctor Domingo Ojeda o Baldomero Fernández Beltrán, El Mero.
Entre los mayitos, la única figura importante es Juan Carlos Félix, el yerno de El
Mayo, también detenido semanas atrás.
La lista permite comprender dos cosas: primero que los chapitos están perdiendo
la guerra contra sus rivales, y segundo que las fiscalías de Estados Unidos se
atascarán de información sobre la operación de estos grupos en los últimos años.
Decía un conocedor de estos temas que, en realidad, la justicia estadounidense
no necesita tanto de los testigos colaboradores para que les den información,
como para que la ratifiquen, testifiquen y así poder judicializar la información que
ya tienen. El secretario de Defensa Pete Hagshet lo decía en días pasados en Fox
News, cuando reconocía que su gobierno sabe mucho más de lo que ocurre en
México y con los cárteles de la droga de lo que muchos creen.
Por lo pronto, sobre todo si la administración Sheinbaum está preparada para lo
que viene y asume que debe desprenderse de lastre del pasado, el envío de
criminales a los Estados Unidos es una muy buena noticia.
Respecto a la colaboración con EU, lo que puede darnos algunas pistas sobre el
futuro de la misma, es el vuelo ayer, en torno a toda la zona de valle de Bravo, por
un dron militar de Estados Unidos. Esa es la zona de operación de los hermanos
Olascoaga, el Pez y la Fresa, objetivos de los dos gobiernos, y contra los que se
dirigió el operativo Liberación en el estado de México semanas atrás. Dijo el
secretario García Harfuch que fue una acción de vigilancia coordinada con
autoridades mexicanas. Me imagino que así fue, porque resultó muy visible, pero
pronto vamos a saber si esos recorridos de vigilancia han tenido resultados
operativos o no, y si es así veremos que se repetirán y en forma asidua en el
futuro.
Y mientras tanto en las cortes de Texas siguen los procesos contra Alexandro
Rovirosa y Mario Alberto Ávila, los dos empresarios tabasqueños acusados de
pagar sobornos en Pemex durante la pasada administración y acusados en la
Unión Americana, donde tienen su residencia, por sus nexos con Pemex, con el
pasado gobierno tabasqueño y con distintos personajes políticos.
Lo mismo que los integrantes de la familia Jensen, detenidos en Utah, están
acusados de corromper autoridades mexicanas y de operar fraudulentamente
desde territorio estadounidense. El cauce de información que se puede abrir en
torno al multimillonario negocio del contrabando de combustible puede ser
políticamente tan temible como el de la red de protección al tráfico de drogas.
Se hizo justicia
Ricardo Rodríguez Vargas, director del Instituto para Devolverle al Pueblo lo
Robado en la primera etapa de la pasada administración, no sólo desfalcó a ese
instituto como lo denunció, entre otros, su sucesor al frente de esa
responsabilidad, Jaime Cárdenas, sino que también acosó sexualmente a sus
trabajadoras.
El caso fue denunciado en su columna en La Razón, por la periodista, mi
compañera, Bibiana Belsasso, con base en los testimonios de las víctimas.
Utilizando los contactos que conservó en la 4T, Rodríguez Vargas amenazó y
demandó a Bibiana por daño moral y a pesar de que perdió todas y cada una de
las instancias legales, el caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, que ayer terminó desechar por notoriamente improcedente, en forma
unánime, su solicitud de amparo. Bibiana tardó cuatro años en demostrar que su
denuncia, y la de las víctimas que es lo más importante, era verídica y legítima, y
finalmente Rodríguez Vargas pudo ser exhibido como lo que es, un abusador que
cometió, además, actos de corrupción. Falta que la justicia, ahora, siga también su
curso.
