La conocida fábula del pastor mentiroso no tiene cabida en el nuevo amago del presidente Donald Trump de imponer, otra vez, aranceles a sus aliados comerciales a partir del próximo 1º de agosto. En el relato atribuido a Esopo, un joven pastor grita repetidamente que viene el lobo, solo para burlarse de los aldeanos; pero cuando finalmente el lobo aparece, nadie lo auxilia porque ya no le creen. Sin embargo, en este caso, las necesidades políticas y electorales internas, así como la urgencia de recuperar credibilidad, podrían llevar al gobierno estadounidense a cumplir sus amenazas, como ya lo hizo para el jitomate mexicano hace dos días.
La advertencia dirigida a México sobre imponer aranceles, con el argumento de que no se está haciendo lo suficiente para frenar el contrabando de fentanilo, debe tomarse con seriedad y mesura. Así lo está haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum, a pesar de que algunos sectores exigen respuestas duras, bravuconadas, o cuando menos, represalias en tono de “ojo por ojo”. Frente a ello, el gobierno mexicano ha optado por la vía de la diplomacia, la negociación y la corresponsabilidad, asumiendo que se trata de un problema compartido que requiere soluciones conjuntas en materia de comercio, seguridad y migración.
Para los negociadores mexicanos no es nueva la estrategia de nuestros vecinos del norte: el uso recurrente de amenazas —especialmente económicas— como herramienta para presionar a sus socios. Usando el discurso del nacionalismo económico, suelen priorizar la autosuficiencia y los intereses internos por encima de las reglas multilaterales. Su lógica de negociación busca ser impredecible y obtener ganancias inmediatas, incluso si eso implica sacrificar alianzas de largo plazo.
En un contexto de incertidumbre global y desafíos internos complejos, el Estado mexicano no puede permitirse vacilaciones. En semanas recientes, la seguridad se ha vuelto a colocar en el centro de la agenda nacional. No es casualidad: se trata de un tema que impacta directamente la vida diaria de millones de familias, la productividad nacional y el futuro mismo de nuestra soberanía.
Lo que hemos observado no son hechos aislados, sino parte de una estrategia de Estado que asume con responsabilidad el reto de gobernar con firmeza y dirección. Hay frentes que lo ilustran con claridad: el combate al robo de combustible y la lucha contra la extorsión. Desafíos distintos, pero profundamente vinculados por un objetivo común: hacer valer la ley y proteger a México.
En el caso del robo de combustible, los resultados hablan por sí solos. La presidenta Sheinbaum informó que, con el apoyo de la Marina, el SAT y la Guardia Nacional, se han incautado más de 39 millones de litros de combustible robado en lo que va del año. Más allá de la dimensión cuantitativa, este dato es simbólico: representa la recuperación del control sobre un negocio que durante años alimentó a redes criminales. Es un mensaje contundente contra la impunidad.
El segundo frente, aunque menos visible, es igualmente crucial: la extorsión, un delito silencioso y devastador que golpea especialmente a pequeños comerciantes y familias trabajadoras. La mayoría de las víctimas no denuncia, por miedo. Este silencio no es un detalle menor, sino un reflejo de la desconfianza que el Estado debe enfrentar. Por eso cobra especial relevancia la propuesta del gobierno federal para que este delito sea perseguido de oficio. Es un paso hacia una justicia más proactiva, que no dependa exclusivamente del valor individual de la víctima, sino que actúe desde una convicción institucional.
Los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2023 son contundentes: 87.6 % de los casos de extorsión no se denuncian. Esta cifra alarma y orienta. El reto es claro: romper el ciclo del silencio, dotar al Estado de herramientas efectivas para investigar e intervenir y reconstruir la confianza de quienes hoy se sienten solos ante el asedio criminal.
En Chiapas, el gobernador Eduardo Ramírez ha alineado las prioridades locales con la agenda nacional
El gobernador Eduardo Ramírez promueve un entorno de seguridad y paz para las familias, impulsando el desarrollo mediante proyectos estratégicos de infraestructura, promoviendo el turismo y fomentando una visión humanista de gobierno basada en resultados. En su enfoque, el diálogo se afirma como la primera herramienta para trabajar con la mirada puesta en las regiones más necesitadas. Como diría Boaventura de Sousa Santos: “sin traducción intercultural no hay democracia verdadera”.
La seguridad es un derecho humano y debe construirse desde el respeto, la inclusión y la corresponsabilidad. Gobernar, en esencia, implica garantizar que la ley se aplique sin excepciones y que la justicia llegue sin demoras.
La agenda está trazada. Lo que sigue es convertir las acciones en resultados sostenibles. Chiapas está llamado a ser un ejemplo de colaboración entre la federación y los estados, consolidando un modelo de seguridad con dignidad, legalidad y esperanza. Hoy, más que nunca, gobernar es tener el valor de actuar.
*Coordinador de Asesores del Gobernador de Chiapas y de Proyectos Estratégicos.
