Si bien la política nacional está en el mírame y no me toques, por aquello de las
denuncias que se ha dejado entrever el gobierno de los Estados Unidos que pide
se le entreguen ocho pesos pesados que están encumbrados en un partido
político, como servidores públicos, como gobernadores y hasta en el Ejército
Mexicano, en los sectores menos “importantes”, pero sí trascendentes para la vida
de los de a pie, de las personas comunes y corrientes, de aquellos que están al
día, también se “cuecen habas”, entramados de impunidad, de abuso de poder.
De este lado del territorio nacional, como debe pasar en todo el país, hay
escenarios donde los que luchan por mantener vigente el desarrollo de una
ciudad, son vulnerados en su estabilidad, en su paz social, es su libertad.
Decimos esto porque hasta la redacción de esta casa editorial se han acercado
tres hombres que han denunciado los abusos de poder de la Policía Estatal y de la
Municipal. Denuncias graves porque sus derechos humanos han sido violentados
y porque de la nada, de estar en comunión con su trabajo, con sus actividades
diarias, de repente se les aparecen un grupo de uniformados que los toman por
asalto, deteniéndolos y culpándoles de delitos del que ni por enterados se dan.
Lo que hay que aclarar es que el miedo a que las represalias se centren no solo
en ellos sino en su familia, es que piden se resguarden sus generales, y tienen
mucha razón.
Uno que llamó mucho la atención es el registrado la semana pasada, donde un
conductor sufrió un viacrucis en cuestión de minutos. Resulta que un par de
sujetos pidieron la parada. Abordaron el taxi. Le pidieron al conductor que los
llevara y justo cuando apenas estaban dando la dirección para su traslado, un
grupo de policías rodeó la unidad del servicio público, encañonó a los pasajeros y
al chofer lo bajaron, lo esculcaron de que no trajera alguna arma, lo esposaron y
sin decirle por qué lo detenían lo aventaron como vil animal a la góndola de la
unidad policiaca.
Los dos pasajeros fueron detenidos por supuestamente haber asaltado minutos
antes. Al conductor del taxi lo relacionaron de inmediato, sin mediar investigación,
se lo llevaron a El Amate. Estuvo varios días detenido hasta que fue liberado por
falta de pruebas. El costo por sacar del corralón el taxi corrió por su cuenta.
Dos casos similares se cuentan solos. Los tres acudieron al Diario de Chiapas,
pero ninguno quiere denunciar ante el ministerio público. Lo que quieren es dejar
asentado que la política que ha emprendido el gobierno estatal de respetar los
derechos humanos en los procedimientos judiciales no está siendo respetados por
los de abajo, por los agentes que se toman atribuciones que no les corresponde.
Acaso no era lo correcto que para que hayan detenido, en el caso del taxista que
abordaron presuntos delincuentes, que esperaran el arribo del ministerio público
para que iniciara la carpeta de investigación y que se procediera conforme a
derecho, es decir, que le permitieran al ruletero hablar con un familiar, con un
abogado, que le leyeran sus derechos.
No, el procedimiento irregular, como suelen ejecutarlo, se realizó incumpliendo el
debido proceso y esto incluye que uno de los policías haya tomado el volante del
carro y se lo llevó, sin esperar el peritaje que debió ejecutarse en el lugar.
Los abusos de poder no deberían darse en primera porque al sector estatal, la
nueva administración les otorgó un aumento del 40 por ciento de su sueldo. Esto
debería ser una medida para dejar de participar en sobornos, extorsiones u otros
delitos para obtener recursos de forma ilegal.
Hoy lo que queremos es creer en la nueva policía humanitaria que defienda al
ciudadano, no que se aproveche de éste. Pero, además, la función primordial es
combatir la inseguridad, detener a los malosos, no que los polis formen parte de
esta degradación social.
Estamos convencidos que lo que hagan unos pocos no debe contaminar lo que
hace bien todo un regimiento, pero por eso estas líneas, para que la autoridad se
aboque a erradicar estas prácticas que dañan la imagen de un gobierno que
buscar transparentar la acción de la justicia.
