Mario Caballero
Los saqueadores del ISSSTE en Chiapas
Cada fin de año trato de desconectarme casi por completo para descansar un poco de la vorágine noticiosa. Pero esta vez fue difícil desconectarme cuando la Secretaría de Salud local emitió una alarma por casos confirmados de Sarampión, el Congreso del Estado aprobó la modificación del escudo oficial de Chiapas y el gobierno estadunidense logró la captura del expresidente Nicolás Maduro.
Tres eventos de la mayor relevancia. Tan es así que ya pocos se acuerdan de la manifestación ocurrida a escasos 15 días contra dos autoridades de una importante institución de salud en el estado.
Me refiero a las protestas de los trabajadores del Issste contra el subdelegado Médico y la subdelegada de Administración, a los que acusan de corrupción, presunto desvío de recursos públicos, despotismo y otras lindezas.
EL SUBDELEGADO
No sería la primera vez que el nombre del subdelegado médico, Carlos Alberto Domínguez Maldonado, salga a relucir por las peores razones.
En 2021, por ejemplo, fue denunciado penalmente por diversas irregularidades. La principal de ellas, haber contratado mediante una licitación amañada a una clínica particular para la atención subrogada de los pacientes con problemas renales. Se trataba del Centro Chiapaneco del Riñón, que en 2019 fue clausurado por la muerte de tres personas que contrajeron infecciones graves durante su tratamiento en ese lugar.
También ha sido denunciado por colocar en la nómina de la Clínica de Medicina Familiar del Issste a más de una veintena de sus familiares, despedir injustificadamente a médicos, enfermeras, camilleros y personal administrativo hasta con diez años de servicio y cobrar diezmos y desviar recursos a través de la compra de medicinas e insumos médicos.
Esta vez, lo acusan de ser responsable del desabasto de medicamentos en los hospitales y clínicas del Issste y hasta por malos tratos hacia los derechohabientes, en especial los adultos mayores.
Domínguez Maldonado es uno de los funcionarios del gobierno de Rutilio Escandón que permanece incrustado en el presupuesto público.
Llegó al cargo no por méritos personales, sino por las influencias de su padrino político José Manuel Cruz Castellanos, Pepe Cruz, con quien se dice sostiene una relación que va más allá de la sola amistad y lo laboral.
Inclusive, sintiéndose respaldado por el senador morenista, ha llegado al extremo de maquillar los informes oficiales, en los que asegura que hay abasto de medicamentos y una atención de calidad y calidez.
Sin embargo, los hechos y los reclamos de los mismos trabajadores revelan la realidad.
Por un lado, los anaqueles de las farmacias están vacíos y las citas de especialidades se prolongan durante varios meses.
De hecho, la semana pasada un grupo de derechohabientes dio a conocer que en el Hospital General del Issste “Belisario Domínguez Palencia”, en Tuxtla Gutiérrez, dejaron de dar citas con los especialistas desde marzo de 2025, y que reanudarían el día dos de enero del presente.
Sin embargo, ese día sólo dieron cien citas. Una burla. Obvio, había más de cien personas haciendo fila para obtener una cita de especialidad. Al subdelegado médico y a su personal poco les importó que muchos de los hombres, mujeres y ancianos que estaban esperando turno vinieran de fuera. De ese tamaño la indolencia.
Por el otro, los pacientes han sido obligados a comprar los medicamentos con el dinero de sus propios bolsillos. Por si fuera poco, los tratamientos de enfermedades graves y degenerativas han sido suspendidos por falta de provisión y suministros.
Carlos Domínguez, como subdelegado médico, es responsable de que la atención médica de los hospitales y clínicas del Issste sea eficiente, humana y de alta calidad, alineada con las políticas nacionales en aras de obtener el mayor bienestar para sus derechohabientes. Asimismo, gestionar recursos para satisfacer las necesidades operativas y administrativas de toda la institución y resolver las problemáticas de salud.
Dicho de otra manera, es responsable de la mala situación que vive el Issste en el estado, ya que no cumple con la función de verificar que la plantilla de especialistas esté completa, que haya suficientes medicamentos e insumos y que los aparatos funcionen correctamente, puesto que otra denuncia en su contra es que los derechohabientes pagan sus estudios y las costosas resonancias magnéticas.
También está acusado por enriquecimiento ilícito. Mientras los más de 50 mil pacientes del Issste, según datos del Inegi, reciben un servicio médico pésimo y mediocre, funcionarios del sexenio pasado como Carlos Domínguez Maldonado disfrutan de una opulencia inmerecida y bajo sospecha.
LA SUBDELEGADA
En cuanto a la subdelegada de Administración, de nombre Okary Nayeli López Méndez, incluso existe un documento, con fecha 17 de diciembre, dirigido al director general Martí Batres Guadarrama, en el que operadores de ambulancia, médicos y paramédicos tanto de base como de Bolsa de Trabajo, denuncian que se ha negado a pagarles sus salarios desde el mes de abril de 2025 y que ejerce prácticas laborales que rayan en la coerción y las amenazas.
Durante todo este tiempo, la respuesta de la subdelegada ha sido, y la cito conforme el documento en mención: “no se cuenta con recurso económico para cubrir los salarios adeudados”.
“Desde que se inventaron las excusas, se acabaron los pretextos”, dice una frase popular. Empero, de acuerdo con el artículo 123 constitucional, en su Apartado B, los pagos por concepto de sueldos y salarios no están sujetos a “disponibilidad presupuestal”. Por tanto, Okary Nayeli cae no sólo una omisión de orden laboral, sino en una franca violación legal. Amén de que los sueldos reclamados han sido devengados.
No es todo. Según este documento, el personal de Bolsa de Trabajo es obligado por la subdelegada López Méndez a realizar traslados de pacientes sin proporcionarles garantías laborales plenas y sin ningún respaldo por parte de la institución. Es decir, si algo ocurre durante el traslado de los pacientes, la responsabilidad caería sobre los mismos trabajadores.
Es más, no les pagan los viáticos desde hace más de ocho meses y los gastos derivados de los traslados de pacientes fuera del estado, como hospedaje, alimentación y transporte durante las comisiones de dos o tres días a localidades como la Ciudad de México, Mérida o Cuernavaca, corren por cuenta del personal.
Al respecto, Leonardo Estrada, representante de los trabajadores afectados, ha dicho: “El compromiso con los pacientes se mantiene, pero ya no es sostenible seguir pagando gastos que corresponden al Issste”.
Lo peor es que si se niegan, la subdelegada los amenaza con despedirlos.
En el caso del subdelegado Carlos Domínguez Maldonado, su protector es el senador Pepe Cruz; el de Nayeli López Méndez es el diputado federal Guillermo Santiago Rodríguez, quien según le da órdenes a la subdelegada de sustraer recursos de la institución para financiar su proselitismo político hacia la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez.
Urge que estos funcionarios del sexenio anterior sean destituidos en bien de esta institución médica. De lo contrario, se consentirá la crisis institucional, la corrupción y el abuso de poder en detrimento de la salud y la vida de los derechohabientes.
yomariocaballero@gmail.com
