Mario Caballero
Incongruencia ante el crimen
Hay debates a los que no me gusta sumarme, y no lo hago por la falta de argumentos de los debatientes que muchas veces parecen un tornillo barrido que sólo dan vueltas y vueltas y vueltas sin lograr atornillar.
Uno de esos debates es el de la inseguridad. Mientras unos presentan datos, informes, videos y todo tipo de evidencias de que el país se está desangrando por la violencia criminal, los otros, en este caso los promotores de la 4T, afirman que vamos bien aunque sin presentar pruebas contundentes y, cuando se les acabaron las excusas, comienzan a martirizarse, acusar que son víctimas de un golpeteo de los conservadores.
Sin embargo, en el caso del asesinato del alcalde Carlos Manzo, de Uruapan, me ha llamado la atención la convocatoria que lanzaron los senadores de la cuarta transformación de cerrar filas en torno a la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador morenista de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, por las críticas que han recibido por el crimen contra el político municipal.
Los ciudadanos de a pie, como usted, como yo, como millones de mexicanos, ¿qué deberíamos entender frente a este llamado?
¿Que lo verdaderamente importante es proteger la investidura presidencial y no así atender los reclamos de la gente?
¿Que de cara a la tragedia conviene convocar a la unidad política en favor del oficialismo y no de la justicia, la seguridad y el bienestar de la ciudadanía?
Si es así, pues que mal estamos.
AL REVÉS
El mundo al revés: matan a un alcalde y resulta que la víctima no es él, ni su familia, ni el pueblo que gobernaba, sino la presidenta de la República y el gobernador del estado. Qué incongruencia.
Entendería esta convocatoria si la máxima autoridad de la nación hubiera sido atacada por el gobernante de otro país. Como Donald Trump, por ejemplo, que desde antes de asumir por segunda vez la presidencia de Estados Unidos ha atacado al gobierno mexicano de ser un “narcogobierno” y a sus representantes como cómplices del crimen organizado.
Pero no es el caso.
Los ataques a la presidenta Sheinbaum en ninguna forma atentan contra el poder ni la investidura presidencial, ya que son sólo críticas y cuestionamientos a su estrategia de seguridad y al supuesto abandono al que condenó al pueblo y al alcalde de Uruapan.
¿O es que frente a los errores y fracasos del gobierno no se valen las manifestaciones de indignación, el reclamo social, la libre expresión de opiniones? Claro que se valen.
Cualquier político o gobernante, del nivel de gobierno que sea, de las siglas partidistas a las que pertenezca, son siempre blancos de censura.
Comprendamos que en el inextricable juego del poder las críticas son parte natural del mismo juego. Por lo cual, los jugadores deberían darse por entendido que más tarde que temprano serán puestos en el banquillo de los acusados, donde tendrán que demostrar capacidad para sortear las quejas en su contra, habilidad para aportar argumentos en su defensa y, desde luego, una piel bien gruesa para resistir los golpes.
Empero, las críticas a la presidenta no se tratan de un simple golpeteo, de una campaña para demeritar la credibilidad de su gobierno y la efectividad de su estrategia de seguridad.
Son, en efecto, producto de la falta de resultados en el combate al crimen organizado.
Pregunto: ¿la hubieran cuestionado a la presidenta con la misma efusividad si a pesar del asesinato de dicho alcalde ella hubiera prestado los recursos necesarios para garantizar la seguridad del municipio y combatir a los grupos delincuenciales que operan en la zona? No lo creo. La gente no es tonta.
Acepto que no faltan políticos oportunistas que están a la caza de un pretexto para emprender campañas de desprestigio contra los que le resulten incómodos. Pero aquí no aplica.
No fue un político, ni un partido, sino cientos y miles de personas de Uruapan, de todo el estado de Michoacán y luego de las distintas regiones del país las que se manifestaron en protesta por el cobarde asesinato de Carlos Manzo.
De hecho, no podemos dejar de ver que este político estuvo durante meses solicitando el apoyo del gobierno federal y la intervención de las Fuerzas Armadas para enfrentar la ola de violencia en mencionado municipio, que desde la madrugada del seis de septiembre de 2006 se convirtió en epicentro de la violencia criminal en México cuando un grupo armado arrojó cinco cabezas humanas en la pista de baile de un centro nocturno y dejó un mensaje intimidatorio firmado por La Familia Michoacana.
Desde entonces, en Uruapan hay una escalada sin precedentes de confrontaciones entre bandas criminales, marcando un antes y un después en la historia del narcotráfico en Michoacán y el país.
Y frente a esta terrible realidad que tiene casi veinte años, ni los pasados gobiernos ni el actual hicieron algo para recomponer el tejido social y pacificar la región.
Bueno, lo que sí ha hecho este gobierno es culpar a Felipe Calderón.
Ciertamente, el expresidente panista exacerbó la crisis de inseguridad al iniciar una guerra absurda e inútil contra los cárteles del narcotráfico. Pero seamos honestos, Calderón tiene trece años de haber dejado el poder y la 4T tiene siete de tener el control del gobierno. Además, el sexenio donde hubo más homicidios y el mayor incremento de violencia y criminalidad fue el de Andrés Manuel López Obrador.
Con Calderón hubo 102 mil 859 homicidios dolosos, y en el de AMLO 188 mil 987, es decir, 83 por ciento más.
REFLEXIONEMOS
No es la “comentocracia” la que ha tomado el asesinato de Carlos Manzo para atacar al gobierno de Claudia Sheinbaum, sino es el pueblo el exige protección, seguridad y justicia.
No es una campaña de desprestigio, sino un reclamo justo.
No es culpa del pasado, sino responsabilidad del presente.
Algo más. El reclamo ciudadano no debe ser motivo de persecución, denostación y afrenta por parte de la clase gobernante. Pues cada vez que los políticos de Morena han denigrado a los que con razón señalan la violencia y la falta de resultados por parte de las autoridades, termina en muerte.
Por ejemplo, el 20 de octubre pasado fue asesinado en Los Tepetates, Michoacán, el presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, Bernardo Bravo, quien venía denunciando en las redes sociales las extorsiones del crimen organizado hacia campesinos y productores de la región.
Este primero de noviembre fue ultimado a tiros el alcalde Carlos Manzo, quien también venía solicitando la intervención de las autoridades estatales y federales para combatir la delincuencia en Uruapan y recuperar la seguridad. Le enviaron a algunos elementos de la Guardia Nacional, pero después se los quitaron. Volvió entonces con los reclamos y un hombre armado acabó con su vida de varios disparos.
Manzo era de Morena, pero después abandonó su militancia y se hizo alcalde independiente.
El dos de noviembre, el exalcalde de Zinapécuaro, Michoacán, Alejandro Correa, criticó al gobierno de Sheinbaum por la muerte de Manzo, y desapareció ese mismo día. Al momento de redactar estas líneas no había noticias de su paradero.
En fin, resulta ofensivo que tras estos hechos dolorosos, los miembros de la 4T pidan unidad para proteger a la presidenta de las críticas cuando su deber es estar del lado del pueblo y cerrar filas contra los delincuentes y en favor de la justicia y la paz social.
