El caso de Cuauhtémoc Blanco aún causa molestia, indignación y coraje en la
opinión pública, demostrando la vulnerabilidad política y de justicia al que están
atenidas las mujeres por culpa de las estructuras de poder: esta situación es una
herida abierta, recalcitrante y acida, tomando en cuenta que nuestras
representantes chiapanecas en el Congreso de la Unión, votaron y,
desafortunadamente respaldaron al exgobernador de Morelos; desde luego, los
grupos feministas no tardaron en señalar esa falta de congruencia y sororidad,
argumentando que estas mujeres no las representan, ya que legitiman el “pacto
patriarcal”.
Lo expuesto, sin duda, es desesperanzador para las mujeres que buscan una vida
libre de violencia, sobre todo cuando quienes deberían legislar a favor de ese
ideal, perdieron una gran oportunidad para mostrar congruencia y justicia; claro, la
historia las condenará, o la elección intermedia de 2027.
Aunado a este panorama triste, todavía existe el fervor para hacer justicia a
aquellas mujeres que sufrieron y sufren los estragos de las injusticias patriarcal; es
por eso que el pasado miércoles, en sesión extraordinaria de la actual legislatura
del Congreso del Estado de Chiapas, se aprobaron dos leyes, que procuran la
justicia hacia las mujeres y sus infancias, combatiendo con firmeza aquellos
huecos legales que permitieron agravias y solaparon la impunidad: la Ley Malena
y Ley Monzón.
La primera, condena aquellos atacas con ácidos, componentes químicos,
corrosivos o perjudiciales para integridad física de las mujeres, la cual a través de
su aprobación legislativa ya es considerado violencia de género; el nombre de
esta iniciativa surge por el incidente de la saxofonista, María Elena Ríos, que, tras
un atentado por parte de un legislador oaxaqueño priista, su vida dio cambio
drástico, dejándole secuencias irreversibles. La segunda ley, evita que las
infancias estén en custodia de los padres que resulten feminicidas, protegiendo a
los menores de caer en malas manos; el nombre desafortunadamente, deriva del
feminicidio de Cecilia Monzón, perpetuado en el año 2022.
Ahora bien, los contrastes entre las dos cámaras son evidentes: mientras en una
cámara, respaldan y legitiman a un presunto violador; por el otro lado, bajo
argumentos sólidos y con una gran madurez, las diputadas que subieron a tribuna
en Chiapas, exclamaron con sustentos la viabilidad, necesidad y lo más
importante, con congruencia, la importancia de estas dos leyes. En este sentido,
las diputadas Marcela Castillo, Andrea Negrón, Catalina Aguiar y Rosa Linda
López Sánchez, fueron reconocidas ante la opinión pública por sus destacadas
participaciones en la tribuna; en contraste, con sus homologas en el recinto
federal.
Esta sesión no fue cualquiera, mostró la otra cara, sobre todo en el compromiso
de una vida libre de violencia hacia las mujeres, que al menos con estas
modificaciones de ley, se da un paso hacia la erradicación de las injusticas
patriarcales, por decirlo así, que ante la falta de un marco jurídico y legal, siguen
afectando a las mujeres.
Cabe mencionar que, en la legislatura pasada, la cual se le señala de dejar varios
temas e iniciativas de ley en la congeladora y que pudieron ser benéficas para los
chiapanecos, dio un paso importante al aprobar la ley vicaria, una práctica que
penosamente se sigue ejerciendo y lamentablemente, desde los espacios de
poder, donde actores políticos han sido parte del problema.
Estas iniciativas de ley, que son un avance considerable en favor de la
erradicación de la violencia patriarcal, deben aplicarse con el debido rigor; sin
amiguismos, influencias, impunidad y sin revictimizar a quienes fueron agraviadas.
