Como si no fueran suficientes los fierros calientes que trae en la estufa la
presidenta Claudia Sheinbaum, un nuevo problema le estalló ayer, resultado de la
corrupción rampante que arrastra del gobierno de su mentor Andrés Manuel López
Obrador. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno decretó la nulidad “total”
de la licitación para la compra de medicamentos y todos los insumos y equipos
que necesita el Sector Salud, por presuntos sobornos en Birmex, los Laboratorios
de Biológicos y Reactivos del gobierno que López Obrador usó para eliminar la
intermediación en la compra, almacenaje y distribución de medicinas, para evitar,
precisamente, esas ilegalidades. La ironía de esa política tiene un tufo a podrido.
Paradójicamente, la secuela de parar la compra de medicinas, también.
El desenlace de esta licitación internacional en donde participaron 173 empresas y
laboratorios mexicanos y extranjeros, se anticipó en marzo, cuando se revelaron
presuntos casos de corrupción en Birmex por un monto estimado en 13 mil
millones de pesos, por lo que Sheinbaum destituyó a su director, Iván de Jesús
Olmos, que había sustituido en octubre al general de División, Jens Pedro
Lohmann, nombrado por López Obrador, que encabezó el desastre criminal del
desabasto de medicinas en el sexenio pasado, que provocó un número de
muertes aún no cuantificadas.
La corrupción en Birmex, probablemente más grande y delicada que la de
Segalmex, la empresa creada por López Obrador donde se llevó a cabo la mayor
corrupción en la historia de este país conocida hasta ahora, salpica a todo el
régimen de la 4T. Olmos llegó a la titularidad de Birmex de la Dirección Jurídica de
la Auditoría Superior de la Ciudad de México, que encabezó por el voto
mayoritario del Congreso local, controlado por Morena, y con el aval de la
entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. No era un servidor público
cualquiera. Olmos, describió el columnista Mario Maldonado cuando lo nombró
director de Birmex, era de todas sus confianzas.
No deja de sorprender que las sospechas de corrupción sobre él emergieran a
solo seis meses de haber llegado a Birmex, y a escasos 90 días de haberse
iniciado el proceso de licitación en el Sector Salud. Sobre todo, si en octubre
pasado se decretó que la compra de medicamentos para este año estaría a cargo
de un comité colegiado encabezado por la Secretaría de Salud, con el
acompañamiento de la Secretaría Anticorrupción. Participaban el Seguro Social, el
ISSSTE, IMSS-Bienestar y la Secretaría de Hacienda.
Salvo el titular de Salud, David Kershenobich, todos los demás habían
sido imposiciones de López Obrador, anunciadas en una mañanera dos semanas
después de que Sheinbaum ganó la elección. Zoé Robledo se quedó en el Seguro
Social, repitiendo el cargo, mientras que Alejandro Svarch, que era director de
Cofepris, fue nombrado responsable de IMSS-Bienestar, y Martí Batres llegó al
ISSSTE. En el momento del decreto el secretario de Hacienda era Rogelio
Ramírez de la O, que también lo había sido de López Obrador, y Raquel
Buenrostro, que tiene una larga historia y nada positiva en el tema de la compra,
almacenaje y distribución de medicinas, en la Secretaría de Anticorrupción. ¿Qué
sucedió entonces? ¿El cuerpo colegiado no se dio cuenta de lo que estaba
haciendo Birmex?
En la industria tienen otros datos.
Buenrostro inició en el gobierno de López Obrador como oficial mayor de la
Secretaría de Hacienda. Pero no acordaba las cosas importantes con quien era su
jefe en ese entonces, Carlos Urzúa, ni con Arturo Herrera, que lo sustituyó en el
despacho de Hacienda. Con quien hablaba Buenrostro de manera regular era con
López Obrador, que la llamaba frecuentemente al otro extremo de Palacio
Nacional, donde se encuentran las dos oficinas.
López Obrador le había encargado combatir la corrupción, y uno de los primeros
temas en los que se involucró fue en la distribución de medicinas. Buenrostro no
sabía nada de las entrañas del negocio, pero tuvo en el entonces poderoso
subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, su asesor, quien le explicó el mapa de
navegación para destruir de tajo el sistema imperante por corrupto. Aunque
política e ideológicamente motivados, en la esencia no estaban equivocados.
Había una importante corrupción arraigada en ese sistema que controlaban solo
unas cuantas empresas.
El problema lo conoció a detalle el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero hicieron
una evaluación costo-beneficio de la viabilidad de acabar con él de manera
inmediata. El resultado era que saldría más caro que ir construyendo un modelo
de compra de medicinas donde gradualmente se fueran desmantelando las redes
de corrupción. La dupla Buenrostro-López-Gatell no hizo ese tipo de análisis ni
previó las consecuencias, con lo que provocó un desabasto de medicinas cuyas
secuelas se viven hasta hoy en día.
Al llegar Sheinbaum a la Presidencia buscó solucionar el problema y su otro
hombre de toda confianza, el subsecretario de Salud Eduardo Clark, ideó un
nuevo mecanismo donde volverían a incorporar a empresas privadas, muchas de
las cuales había combatido Buenrostro. La secretaria, consideraron fuentes de la
industria, se vengó de las empresas al actuar a raja tabla o, como describió su
actuar una persona con amplio conocimiento del sector, “con irracionalidad”,
porque de acuerdo con varias fuentes de la industria, la corrupción que planteó no
se sostiene. “Sí hubo empresas descalificadas con precios más bajos”, precisó
una de las fuentes, “pero solo bastaba con reponer esas claves y asignarlas al
más barato”.
Un análisis jurídico preliminar al que se tuvo acceso señala que el total de claves
licitadas -tres mil 900, de las cuales no hubo oferta en mil 318-, resultan afectadas
por el fallo de nulidad total de la licitación, pero los contratos derivados de ella
siguen vigentes y deben ser atendidos, porque de otra forma pueden ser causal de
sanciones. En general, con la información hasta ahora disponible, hay lagunas en
las explicaciones de la Secretaría Anticorrupción, incluso sobre aquellos casos
que pudieran ser litigados mediante amparos. Una fuente de la industria dijo que el
fallo generó mucha incertidumbre. Y se profundizará, porque Buenrostro pidió a la
Secretaría de Salud que presente demandas penales, contra funcionarios públicos
y contra algunas de las empresas que licitaron.
