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Verano fue un buen momento para empacar y con toda la familia irse de México.
Los vientos estaban cambiando de dirección. Poco antes habían aparecido las
fotografías de su amigo y socio Andrés Manuel López Beltrán en un hotel de cinco
estrellas y saliendo de la tienda de Prada en Tokio, con lo que se estaba enviando
la señal de que la impunidad que los había blindado por casi siete años, podría
haber terminado. Jorge Amílcar Olán, la metáfora de la corrupción y los conflictos
de interés que acosan a los López Obrador Beltrán, los hijos mayores del
expresidente Andrés Manuel López Obrador, se fue a Suiza.
Amílcar Olán, que empapado de un poder prestado y con arrogancia despachaba
diariamente en el King Cole Bar en el hotel St. Regis de la Ciudad de México, y
cerraba negocios en una de sus residencias -donde el costo empieza en el millón
de dólares-, desapareció. La llegada de Claudia Sheinbaum a la Presidencia no
modificó sus lances empresariales hasta que, en los hechos, las cosas cambiaron
de manera radical. El joven empresario tabasqueño es un cabo suelto en las
investigaciones de inteligencia que tiene el gobierno federal sobre el coordinador
de Morena en el Senado, Adán Augusto López, y sobre toda la red de factureros
que construyó la familia durante el sexenio anterior.
Producto de esa investigación, hace poco más de un mes le detectaron una
transferencia de tres mil millones de pesos, cuya ingeniería financiera la hizo un
facturero de Tabasco, a una cuenta en Suiza. Los funcionarios federales que
revelaron la transferencia declinaron identificar al facturero y la ubicación exacta
de donde se encuentra Amílcar Olán, pero señalaron que saben exactamente
dónde está. Para que puedan proceder en su contra, sin embargo, la información
de inteligencia necesita ser judicializada por la Fiscalía General, lo cual, hasta este
momento, no ha sucedido.
Amílcar Olán, como contextualizó el periodista-investigador Mario Gutiérrez al
revelar que había ampliado su portafolio de negocios al sector inmobiliario en el
gobierno de Sheinbaum, es el operador central de los que se ha llamado como “el
clan” para describir “la red de corrupción y tráfico de influencias encabezada por
Andy López Beltrán, secretario de Organización de Morena, y su hermano
Gonzalo”. Producto de esa cercanía se dio la relación con Hernández López, de
acuerdo con las investigaciones contra el senador por sus presuntas relaciones
con la red de contrabando de combustible, conocido como el huachicol fiscal.
De acuerdo con las investigaciones, Hernández López desarrolló como parte de
su estrategia para impulsar y blindar los presuntos negocios que estaba armando
en el sur del país, fortalecer sus vínculos con Andrés Manuel López Beltrán, que
hizo a través de acercar a Amílcar Olán y volverlo parte de algunos de ellos. Uno
de los negocios, según la información de inteligencia, fue a través de la obra
pública de Pemex y en empresas de construcción, en donde estaba asociado con
el hijo del expresidente. En esa línea, de acuerdo con las investigaciones, se
encontraban el empresario Sergio Carmona, que fue asesinado a finales de 2021,
el empresario Daniel Flores Nava, el principal financiero de López Hernández que
tuvo una extraña muerte en julio de 2023, el ex subsecretario de Gobernación y
exdirector de Aduanas, Ricardo Peralta, y dos generales retirados.
El nombre de ellos figura en las investigaciones realizadas por la DEA sobre la red
del contrabando de combustible que encabezaba Carmona, y que, durante las
elecciones intermedias de 2021, financió a ocho candidatos de Morena a
gubernaturas, principalmente en el norte del país. En esa red se encuentra el
secretario de Educación, Mario Delgado, ex líder de Morena, una diputada federal
y dos gobernadores actuales que, ha transcendido, tienen casos judicializados en
una corte federal en Texas, que se integró con testimonios de 18 personas.
La vinculación con Hernández López y Amílcar Olán no los involucra con la red
que encabezaba Carmona, de acuerdo con la investigación federal, pero sí con los
negocios del contrabando de combustible en Chiapas y Tabasco, que como se ha
revelado, fue utilizado en la construcción del Tren Maya, de la refinería de Dos
Bocas, del canal transístmico y del aeropuerto “Felipe Ángeles” en la Base Militar
de Santa Lucía. De todos ellos, solo Flores Nava estaba públicamente relacionado
con proyectos petroleros, en el de Dos Bocas, a través de su empresa Grupo
Proyecta.
La relación de Flores Nava con Hernández López y Amílcar Olán tiene más
vertientes. Flores Nava, al momento de su muerte en un extraño accidente de
aviación al despegar de Veracruz, era el principal financiero del senador, y su
segundo, Fernando Padilla, que iba a viajar con él, pero por razones personales
no pudo llegar al aeropuerto, heredó el papel del operador financiero más fuerte
que le queda a López Hernández. Padilla es quien a través de empresas de salud
está financiando la campaña de la senadora Andrea Chávez para la gubernatura
de Chihuahua.
Padilla está involucrado en el sector de las medicinas, donde Amílcar Olán ha sido
figura central de “el clan” de los López Beltrán, al igual que Mario Pacchiano,
cercano a los hijos del expresidente, que es otro de los financieros del senador y
de manera marginal, de la senadora Chávez. Un tercer financiero de López
Hernández, vinculado también con los López Beltrán y Amílcar Olán, es Alejandro
Calderón Alipi, que dirigió el IMSS-Bienestar en el sexenio pasado, y actualmente
es secretario de Salud de Tabasco.
Amílcar Olán es una bisagra importante en el tejido de la investigación sobre
López Hernández, pero también sobre las redes de complicidades de factureros,
huachicoleros y crimen organizado donde presuntamente estarían cuando menos,
ellos dos. La información de inteligencia sobre el amigo y socio de los hijos de
López Obrador, pese al hermetismo de los funcionarios sobre los detalles,
permiten establecer con precisión los negocios de donde salieron los tres mil
millones de pesos para la transferencia a cuentas en Suiza, que están
perfectamente identificadas a quién o quiénes llegaron los recursos.
Lo que no está tan claro es lo que hará la presidenta con la información. Ha
reiterado que no habrá impunidad, pero hasta hoy, parece ser selectiva.
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