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La foto de Presidencia lo reveló todo, o casi todo. Desde el atril de Palacio
Nacional, Claudia Sheinbaum habla a la nación y frente a ella se despliega un mosaico
que sintetiza el nuevo tablero político. En las primeras filas, con sus trajes oscuros, la
guayabera blanca de Hugo Aguilar y el semblante solemne, se alinean ocho de los
nueve ministros entrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a partir
de este martes asumieron funciones junto con el resto del nuevo Poder Judicial.
Metros atrás, otras hileras las ocupan los empresarios, algunos de los que más negocios
han hecho con el Estado, ya sea mediante concesiones o contratos públicos,
como Carlos Slim, su hijo Carlos Slim Domit, y Germán Larrea. También directivos de
constructoras de obra pública y conglomerados industriales como Guadalupe Phillips, de
ICA; Antonio del Valle Perochena, de Orbia; Adrián Sada, de Vitro; magnates de
emporios turísticos y con cercanía al gobierno, como Daniel Chávez, de Grupo Vidanta;
dueños y altos ejecutivos de medios de comunicación como Alfonso de
Angoitia y Bernardo Gómez, de TelevisaUnivision; Ángel Mieres, de Grupo Andrade y
El Heraldo de México; Olegario Vázquez Aldir, de Grupo Vazol e Imagen; Manuel
Arroyo, de Grupo Lauman y El Financiero; y Hugo Camou, de ISA Corporativo. Del
sector farmacéutico, Rodrigo Herrera, de Genomma Lab; Gina Diez Barroso, del sector
de educación y consejera del CADERR, que encabeza Altagracia Gómez; Pita de la
Vega, el presidente del CCE, Francisco Cervantes y Héctor Sulaimán.
No faltaron los liderazgos legislativos, algunos convertidos en personajes incómodos para
la presidenta, como Adán Augusto López y Gerardo Fernández Noroña, a quienes
mandaron a las filas cuarta y sexta, respectivamente. Junto a Ricardo Monreal, uno de
los que todavía tiene la confianza de Sheinbaum, fueron ubicados en lugares menos
visibles, pero presentes como recordatorio de las tensiones internas del movimiento. La
escenografía fue un mensaje en sí misma: ministros en bloque, empresarios cercanos en
primera línea y operadores políticos en segunda fila.
En medio de todos, como el gran elefante en la sala, la reaparición de Andrés Manuel
López Beltrán. El hijo del expresidente y actual secretario de Organización de Morena,
ausente durante semanas tras el escándalo de su viaje a Tokio, apareció sentado junto a
la presidenta del partido, Luisa María Alcalde. La postal fue interpretada como una señal
de tregua, un gesto de paz en medio de rumores de ruptura con la dirigencia nacional de
Morena, pero el hielo que había entre ambos pudo haber congelado los flashazos de las
cámaras. Esa imagen cargada de símbolos fue tan relevante como las dos veces en las
que la presidenta mencionó al movimiento como símbolo de unidad.
En el discurso, Sheinbaum desplegó números para reforzar la narrativa de estabilidad. El
PIB creció 0.9% en el primer semestre de 2025 respecto al mismo lapso de 2024, de
acuerdo con el INEGI. Consciente de lo limitado del dato, eligió resaltar solo la cifra del
segundo trimestre: “Aún en medio de las circunstancias difíciles, nuestra economía
muestra fortaleza, un crecimiento anual estimado de 1.2%, frente a las expectativas
catastróficas”. Los ingresos públicos sumaron 5.95 billones de pesos al 31 de agosto, un
alza real de 8.5%, con la promesa de que no habrá nuevos impuestos en 2026.
Los programas sociales siguen siendo la piedra angular. 12.1 millones de adultos
mayores reciben pensión, 1.5 millones de personas con discapacidad tienen apoyo y 7.2
millones de estudiantes cuentan con beca. Una instantánea de la aprobación popular de
Sheinbaum y de lo que podría venir en el 2027.
A esto se suman tres nuevos esquemas: la Pensión Mujeres Bienestar, la beca “Rita
Cetina” y el plan “Salud Casa por Casa”, que requerían más presupuesto en 2026. En
salud se prometen 20 hospitales nuevos y el programa “Laboratorio en tu Clínica”. En
vivienda, la meta es 1.7 millones de casas durante el sexenio.
La presidenta dedicó una parte de su discurso a la infraestructura y energía: más de 3 mil
kilómetros de vías férreas modernizadas, el tren Maya y el Interoceánico bajo operación
estatal, Pemex con proyectos de producción costa afuera y la CFE con 67% de la
generación eléctrica. En seguridad, afirmó que los homicidios dolosos bajaron 18%
respecto al inicio de la 4T y agradeció a la Sedena, la Marina, la Guardia Nacional,
a Omar García Harfuch y al fiscal Alejandro Gertz Manero.
En lo político, el discurso mostró sus lealtades. López Obrador fue mencionado cuatro
veces, como padre fundacional de la transformación. La palabra austeridad apareció dos
veces, y esta vez la frase “el poder es humildad” no fue pronunciada.
El Informe dejó dos narrativas paralelas: la de los números, que hablan de estabilidad y
expansión social, y la de las imágenes, que retratan una Corte alineada, gobernadores
oficialistas y de oposición en un mismo evento; empresarios cercanos al poder y un hijo
reaparecido como símbolo de unidad familiar y política.
Posdata 1
Hablando de Carlos Slim, el hombre más rico de México acaba de sumar una nueva
pieza a su negocio energético. El gobierno federal le otorgó, vía su empresa Energías
Alternas, Estudios y Proyectos (Grupo Enal), una concesión de 30 años para explorar y
aprovechar recursos geotérmicos en Guanajuato. El título, publicado ayer en el Diario
Oficial, le da exclusividad sobre el área conocida como Celaya, donde el ingeniero ya
desarrolla una central geotérmica de 26 megavatios que implicará inversiones por más de
80 millones de dólares.
La concesión se otorga bajo la nueva Ley de Geotermia, promulgada en marzo pasado,
que permite adjudicaciones directas sin licitación. Así, Slim se coloca en la primera fila de
un sector que la presidenta Claudia Sheinbaum quiere impulsar como parte de la
transición energética.
En paralelo a sus alianzas con Pemex y sus apuestas en petróleo y gas, el magnate abre
un frente renovable que refuerza la diversificación de Grupo Carso. Slim, que suele
adelantarse a las reformas y hasta a los movimientos del mercado, está marcando
territorio en la geotermia, una energía limpia que en el mediano plazo podría volverse un
activo estratégico para México.
Posdata 2
Los proyectos ferroviarios que la presidenta Claudia Sheinbaum presumió en su primer
informe como símbolo de modernización y conectividad, ya enfrentan una prueba de
fuego; quizá la primera de muchas. Se trata de la licitación de 15 trenes para la ruta
México-Pachuca. En la recta final quedaron dos competidores: la española CAF, con una
oferta de 9 mil 891 millones de pesos, y la china CRRC Zhuzhou, con una propuesta 40%
más barata, de 5 mil 845 millones. El contrato incluye suministro, talleres y mantenimiento
por varios años, clave para la operación que conectará la capital con el AIFA.
El dilema no es sólo técnico o económico. La participación de una empresa china en
infraestructura estratégica revive las tensiones con Estados Unidos en plena guerra
comercial de Trump con el gobierno de Xi Jing Ping y en vísperas de la renegociación del
T-MEC. Estados Unidos ya ha advertido sobre la creciente huella china en sectores
críticos mexicanos, por lo que proyectos como este se convierten en un asunto a revisar
en las mesas de negociación.
Basta recordar el fallido tren México-Querétaro, cancelado en 2015 por la presión política
y las sospechas sobre la inversión china. Un antecedente incómodo que hoy vuelve a
rondar si el gobierno mexicano opta por adjudicar un contrato de este tamaño a CRRC.
Posdata 3
A un día de la instalación del nuevo Poder Judicial, Pío López Obrador reapareció con
una nueva amenaza contra la libertad de expresión. Aunque el hermano del
expresidente Andrés Manuel López Obrador asegura haber sido “exonerado” por las
autoridades electorales tras los videos en que se le vio recibiendo sobres de dinero en
efectivo, ahora dice que seguirá exigiendo “la reparación del daño” a Carlos Loret de
Mola y a Latinus. Es decir, busca silenciar a los periodistas que exhibieron las evidencias,
en lugar de rendir cuentas por lo que las imágenes y videos mostraron.
El caso Pío es un ejemplo claro del doble rasero en Morena: por un lado, se victimiza, se
asume perseguido, pero cuando tiene oportunidad, lanza advertencias que rayan en la
intimidación y en un intento por censurar. No es un hecho aislado. Lo mismo hemos visto
en los desplantes de Beatriz Gutiérrez Müller contra la prensa y en otros cuadros
morenistas que sueñan con usar al nuevo Poder Judicial como medio de intimidación y
presión.
La amenaza a Carlos Loret y a Latinus no sólo es un ataque personal, sino un nuevo
intento de socavar la libertad de expresión. Pío López Obrador pretende voltear la página
de sus escándalos atacando a quienes los documentaron. Frente a este patrón de
hostigamiento, es necesario un cierre de filas. La solidaridad con los periodistas
perseguidos no es opcional, es la defensa mínima de la democracia frente al poder y sus
abusos.
