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Cuando el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador despuntaba en todas las encuestas de manera muy superior sobre el resto de sus competidores a la Presidencia de la República, en muchos espacios de análisis político se interpretó que esa superioridad en las preferencias se debía al discurso anticorrupción que tanto pregonó incluso meses antes del inicio de las campañas de 2018.
En mi humilde espacio de opinión política me atreví a decir que el increíble respaldo ciudadano que finalmente llevó a AMLO a ganar la Presidencia, no se debía tanto a sus propuestas y planteamientos de solución a las diferentes problemáticas del país, ya que la mayoría de éstas eran o impracticables o ingenuas, como la de “abrazos, no balazos”, sino más bien era porque la gente estaba harta de la corrupción del PRI.
El gobierno de Enrique Peña Nieto se esmeró en decepcionar a los mexicanos. No hubo un solo organismo público, dependencia, programa social u obra pública del que no se detectaran actos de corrupción. Ahí está como ejemplo el caso de la llamada Estafa Maestra, en el que varias secretarías, universidades, políticos, funcionarios y empresarios se vieron implicados en un esquema de empresas fantasma que desvió más de 7 mil 670 millones de pesos. Todo ese sexenio fue una olla de gusanos.
La gente se cansó de toda la transa y podredumbre que significaron en ese momento los gobiernos priistas. Lo cual quedó reflejado en las encuestas que medían la intención del voto hacia la Presidencia. Las personas respondían que no querían más corrupción, y el único candidato que prometió acabar con ésta así como se barren las escaleras de arriba para abajo fue López Obrador.
Por tanto, los electores que salieron a votar aquel histórico primero de julio no lo hicieron por el proyecto de la 4T, sino en contra de la corrupción priista.
¿QUÉ HA SIDO DE ESA PROMESA?
Al conocer los escándalos de corrupción de muchos morenistas del más alto nivel, y la riqueza, lujos y privilegios de los cuales gozan, la respuesta es obvia: nada.
Cualquiera con dos dedos de frente podría decir que el combate a la corrupción parece más discurso que realidad. Ejemplos para constatarlo hay muchos.
Uno de los más recientes es el de Gerardo Fernández Noroña, quien en el colmo del cinismo él mismo presumió en las redes sociales la “chocita” que adquirió en Tepoztlán, Morelos, por una suma de 12 millones de pesos.
Es una cantidad que muchos de nosotros jamás llegaremos a ver reunida, y menos si agregamos las camionetas de lujo de Noroña que llegan a tener costo de casi dos millones de pesos.
La pregunta es, ¿y cuándo se hizo de mulas Pedro?
Si bien Fernández Noroña tiene una larga carrera política, hay que notar que sólo tiene dos cargos públicos, ambos como diputado federal, antes de su actual encargo como senador de la República. Por tanto, ¿cómo le hizo para pagar dicha suma multimillonaria por esa residencia si juntando su sueldo de todos esos años como legislador, y sin tocar un solo peso, no le alcanzaría?
No hay evidencias, ni siquiera rumores, de que tenga una fuente formal que le permita llevar la vida de lujo que tiene. Lo que sí hay son señalamientos en su contra por corrupción, extorsión y tráfico de influencias. Se dice que distintos funcionarios públicos, secretarios e inclusive gobernadores le entregan moches de dinero, contratos y otras prebendas.
CORRUPTOS LOCALES
Pero no vayamos muy lejos. Aquí en Chiapas hay muchos políticos morenistas al que el combate a la corrupción les ha hecho lo que el viento a Juárez.
Uno de ellos es José Manuel Cruz Castellanos, actual senador, quien a pesar del terrible manejo que hizo de la pandemia quiso ser candidato de Morena al Gobierno del Estado.
Se le acusa, entre otras cosas, de un presunto desvío de más de mil millones de pesos de recursos públicos. Según auditorías de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, este dinero corresponde a gastos no comprobados durante los últimos meses que fungió como secretario de Salud del gobierno de Rutilio Escandón Cadenas.
Por otra parte, hay evidencias de que varias empresas del estado de Tabasco fueron los principales proveedores de insumos médicos, mismas que recibieron contratos por adjudicación directa durante su periodo como titular de dicha secretaría.
Algunas de éstas son: MK del Sureste y Medical BBS. Además, se presume que contrató a empresas fantasma con domicilio también en Tabasco. Como JRS Ingeniería Integral y Grupo IASES, que entre 2020 y 2022 obtuvieron contratos por más de 58 millones de pesos.
Otro morenista señalado de corrupción, o mejor dicho, otra, es la exsecretaria de Educación, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, quien está acusada de peculado, desvío de recursos públicos, nepotismo y abuso de autoridad.
Durante los seis años que se desempeñó en el puesto estuvo señalada de encabezar una red de complicidades en la que se vieron enredados varios directivos de la dependencia, con la cual se dice amasó una fortuna con la venta de plazas, asignación de horas adicionales y cambios de adscripción.
Un morenista más es el diputado local Javier Jiménez Jiménez, hoy abanderado del PT, quien de vivir en una casa de interés social pasó a habitar una mansión de más de ocho mil metros cuadrados, con jardines y hasta un campo de fútbol profesional.
Tras su desempeño como secretario de Hacienda en la administración anterior, se presume que el valor de sus propiedades llegó a alcanzar los 500 millones de pesos.
Un cuarto morenista es Sergio Aguilar Rivera, quien en complicidad con el exauditor superior del estado y actual diputado local, Uriel Estrada Martínez, se enriqueció a través de amenazas, intimidaciones y extorsiones contra los presidentes municipales.
Aguilar Rivera fue titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública en el gobierno de Rutilio Escandón, y según denuncias se comunicaba directamente con los alcaldes para exigirles cuantiosas sumas de dinero a cambio de no fincarles responsabilidades en la Cuenta Pública. Aunque, a la verdad, sólo fabricaba delitos para someter a su capricho y ambición a los funcionarios que no cedieran.
Estas acusaciones se dieron a conocer después de la denuncia que hiciera en su momento el exalcalde Huixtla, José Luis Laparra Calderón, quien ante los medios de comunicación reveló que Aguilar Rivera le envió mensajes vía WhatsApp durante todo el sexenio pasado para pedirle dádivas económicas. Incluso, le exigía que viajara a la capital del estado para hacerle entrega del dinero.
Aparte, tiene señalamientos en su contra por desviar recursos de la institución que estuvo a su cargo mediante la compra fraudulenta o con sobreprecio de equipo de seguridad, herramientas y patrullas.
Hace poco, Sergio Aguilar fue visto en la plaza comercial ubicada en la zona oriente de Tuxtla Gutiérrez haciendo las compras para el regreso a clases de sus hijos, pagando en efectivo.
¿IDAI, PUES?
Así las cosas. El pueblo que desde aquel ya lejano primero de julio de 2018 votó cansada de la corrupción de los viejos partidos sigue sin recibir justicia.
Aquí es donde se cumple aquella frase inmortal de la novela El gatopardo: “Que todo cambie para que todo siga igual”.
yomariocaballero@gmail.com
