Sin duda, hay cosas más importantes que estar rascándole al pasado. Si los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que estuvieron en el reciente pasado —y más atrás del gobierno de la Cuarta Transformación— juzgaron de forma fraudulenta, como dicen los actuales magistrados llamados del “acordeón”, entonces la historia los ubicará en su justa dimensión.
Ahora bien, si se quiere revivir casos atribuyéndoles el ingrediente de que fueron aprobados o desechados bajo argucias que rayan en la sospecha, para obtener beneficios políticos y manipular la opinión de las masas, entonces que no se diga más y se proceda.
Para nadie es un secreto que las ínfulas de poder al más alto nivel están detrás de esta decisión que aprobó la SCJN: la de revisar casos de “cosa juzgada fraudulenta”, una figura jurídica que permite anular sentencias cuando se comprueba que fueron obtenidas mediante fraude, simulación o colusión entre las partes.
Lo que llama la atención hacia el exterior —aunque no para los movimientos y acuerdos internos en la Corte— es que la votación de seis a favor y cinco en contra, que aprobó un nuevo proyecto para analizar un caso específico proveniente de un tribunal colegiado en materia civil, intenta enviar el mensaje de que no hay entreguismo en el accionar de cada uno de los ministros y ministras.
En la sesión del miércoles, la SCJN discutió el tema, el cual cuestiona una sentencia de amparo vinculada a un juicio en el que una mujer acusó a su exesposo y a una empresa de simular un adeudo y una garantía hipotecaria, presuntamente para despojarla a ella y a su familia de la vivienda donde habitan tras su divorcio y el establecimiento de obligaciones alimentarias. Aunque en apelación se declaró nulo el reconocimiento del adeudo, la empresa involucrada presentó un amparo directo bajo el argumento de que una norma civil local no podía anular un proceso mercantil.
Por ello llama a la reflexión que cinco de los 11 ministros y ministras votaron en contra de aplicar la revisión de casos ya cerrados, y es de pensarse porque la división de opiniones no era así hasta el día martes. La minoría se pronunció para que no se vuelvan a tocar o reabrir los temas ya abordados y dictaminados, porque ya fueron votados a favor o en contra. Sin embargo, está reñida división en los puntos de vista, al final, da por bueno que se vaya al pasado para evaluar si lo dictaminado estuvo bien o mal.
El tema central es que, en ningún país del mundo —salvo en dictaduras como Venezuela, Cuba o Nicaragua— este tipo de procedimientos que violan la ley se aplican sin el consentimiento del pueblo, menos aún en acatamiento de las leyes.
¿Cuál es el mensaje que manda la SCJN? Pues que se hará lo procedente para exhibir, y en su caso castigar, a quienes hayan tomado malas decisiones democráticas o de justicia en asuntos legales. Sin embargo, está comprobado que lo que diga la ley es letra muerta en este proceso del sistema político que nos gobierna.
Pese a los cientos de casos que se encuentran engavetados, la Corte asegura tener el tiempo necesario para ahondar en hechos específicos. Creemos que no, pero están en su derecho de hacer lo que consideren conducente.
La SCJN busca reforzar la confianza ciudadana en que los tribunales pueden corregir irregularidades incluso después de que una sentencia ha quedado firme. Lo que pasa es que lo harán del pasado, pues lo que se haya aprobado desde octubre pasado en adelante no se juzgará, ni para bien ni para mal.
Al respecto, la presidenta ha puesto en jaque la postura de los ministros y ministras que tienen puesta la camiseta de Morena, luego de afirmar tajante: “No estoy de acuerdo con eso”, principalmente porque está abocada a resolver asuntos constitucionales y amparos, en donde decide si es procedente o no, pero la Corte no tiene facultades para legislar.
La decisión de la Corte parece significar que se juzgará a conveniencia. Veremos de qué se trata el asunto en realidad.
