De desempleado a criminal. La falsa promesa de “vivir mejor”
Ainer González / Diario de Chiapas
La falta de oportunidades en su comunidad llevó a Carlos a mudarse de Tila a San Cristóbal de Las Casas. Cada vez que tenía acceso a internet buscaba ofertas laborales —como la mayoría de los jóvenes— a través de TikTok. En esa plataforma fue contactado y convencido para trasladarse a Baja California con la promesa de un empleo. Sin embargo, todo resultó ser un engaño: a él y a otros 27 muchachos los reclutaron para participar en actividades vinculadas al crimen organizado.
A finales de octubre de este año, Carlos —nombre modificado para proteger su identidad— y sus compañeros, fueron rescatados por la Marina de México en aguas del Golfo de California, un hecho que actualmente se investiga por posible explotación laboral o trata de personas.
JÓVENES DESECHABLES Y LA MAQUINARIA DEL EXTERMINIO
Para Rossana Reguillo Cruz, profesora e investigadora en Estudios Socioculturales del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), los reclutas —al igual que muchos de los reclutadores— son jóvenes captados con promesas de empleo y sometidos a un proceso de deshumanización que incluye tortura, entrenamiento con cuerpos y sometimiento extremo, hasta convertirlos en piezas “desechables” de una maquinaria de exterminio.
Además, señala que la juventud mexicana es despojada de identidad, torturada, sometida y obligada a matar como parte de un proceso de entrenamiento donde la deshumanización es total.
La también investigadora del Sistema Nacional de Investigadores, nivel II, e integrante de la Academia Mexicana de Ciencias, resalta que estos hechos muestran el estado de vulnerabilidad en el que se encuentran niñas, niños y adolescentes en México cuando sus vidas se cosifican y mercantilizan, es decir, cuando no hay garantía de vivir libres de violencia.
El rescate de estas juventudes, apunta, evidencia un patrón de reclutamiento o trata, además de explotación en ambas situaciones.
“No estamos ante anomalías o excesos, sino ante un sistema perfectamente articulado donde la producción de cadáveres es parte del orden económico y político del crimen organizado en México”.
LOS “NADIE” DE CHIAPAS
El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) detalla en el “Informe Chiapas 2025” que al menos mil 526 personas han desaparecido en la entidad.
El documento confirma que el reclutamiento opera en Chiapas y precisa que la población juvenil está mayormente expuesta: 50.85 por ciento de las personas desaparecidas tienen entre 15 y 34 años. También señala que 299 desapariciones corresponden a menores de 18 años y que las niñas representan el 55.18 por ciento.
Tapachula registra el mayor número de casos (219), seguido de Tuxtla Gutiérrez (204).
Bajo la óptica de buscar culpables, el Estado termina por convertir a los jóvenes en sujetos incómodos, en una sociedad donde “se les puede culpar de todo”; de ahí que la criminalización se presente como reflejo de un Estado debilitado y de medios de comunicación altamente cuestionables.
RECONOCER Y HACER ALGO POR ELLAS Y ELLOS
La diputada local de Acción Nacional, Jovannie Maricela Ibarra Gallardo, menciona que esta práctica se ha documentado en al menos 15 estados de la República —entre ellos Chihuahua, Colima, Baja California, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Estado de México y Morelos—, y advierte que Chiapas no está exento: comienza a observarse una situación alarmante en relación con el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de organizaciones criminales.
Por ello, y con el fin de visibilizar, reconocer y actuar en favor de la juventud y la infancia, Ibarra Gallardo propuso —en tribuna— una iniciativa para reformar la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el Código Penal estatal. La propuesta busca prohibir expresamente el reclutamiento forzoso o voluntario de menores; sancionar de manera proporcional y ejemplar a quienes recluten, utilicen, obliguen o inciten a menores a participar en actividades delictivas; cerrar el vacío legal que hoy permite la impunidad; y fortalecer los mecanismos preventivos y de protección institucional.
“No podemos permitir que continúen siendo arrebatados, utilizados, explotados y descartados por el crimen organizado. Nuestra obligación constitucional, moral y humana es protegerlos. Hagámoslo hoy. Hagámoslo unidos. Hagámoslo por ellos. Porque de nuestro actuar legislativo depende si la niñez chiapaneca estará protegida por la ley o abandonada frente a la violencia”.
De tal manera que, cuando morir no es “suficiente”, reconocer las múltiples realidades implica luchar contra la normalización de los casi 100 asesinatos diarios en el país. La narcocultura en México ha expulsado a las nuevas generaciones, y es el narco —como forma de vida— quien ha llenado los espacios vacíos de un Estado fallido.
