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La esencia de la vida pública debería ser la transparencia y la rendición de
cuentas. Sin embargo, en Chiapas, la sombra de la corrupción parece resistirse a
desaparecer. Cinco días han transcurrido desde que salió a la luz una acusación
grave y documentada contra el actual diputado local y ex secretario de Hacienda
de Chiapas, Javier Jiménez Jiménez, y el silencio que guarda ante estos
señalamientos es tan revelador como condenatorio.
Diario Media Group posee documentos que demuestran que durante su gestión al
frente de las finanzas estatales se destinaron 600 millones de pesos para un
ambicioso proyecto tecnológico —supuestamente para adquirir paquetes digitales
y desarrollar una aplicación—, del cual no existe evidencia alguna de
implementación. La pregunta es simple: ¿Dónde está ese dinero?
El uso de esos recursos públicos, hoy desaparecidos, apunta a un esquema de
corrupción que se habría gestado desde el corazón del poder estatal. Si el
proyecto no se ejecutó, como los documentos sugieren, entonces estamos frente a
una posible malversación de fondos públicos a gran escala y donde el
exfuncionario habría manejado las finanzas estatales a su antojo.
Pero el escándalo no acaba ahí. Este mismo personaje, hoy diputado, habría
usado su influencia y recursos —presuntamente de origen ilícito— para comprar
votos, favores y voluntades durante el proceso electoral de 2024, con un único
objetivo: blindarse políticamente y evitar rendir cuentas.
La cifra multimillonaria cobra un nuevo y oscuro sentido al analizar el contexto
electoral reciente. ¿Es casualidad que el hoy legislador haya “despilfarrado dinero
para comprar conciencias y votos”? La diputación, a la luz de esta evidencia,
parece ser la coraza perfecta para «blindarse ante posibles acusaciones».
Ante esto, el Congreso del Estado tiene la obligación moral y legal de actuar. No
basta con indignarse en privado o emitir declaraciones vacías. Se requiere una
investigación exhaustiva por parte de la Auditoría Superior del Estado, que no solo
confirme el desvío de recursos, sino que también determine la responsabilidad
penal del ahora diputado.
El caso Jiménez no puede quedar impune. La lucha contra la corrupción que tanto
se pregona desde los discursos oficiales debe comenzar en casa, en los hechos.
El problema no es la inversión, sino la absoluta falta de registro de su aplicación.
Si el proyecto nunca se materializó, la conclusión, por simple aritmética, apunta a
una apropiación indebida de recursos.
Porque esto no es un ataque político ni una vendetta partidista. Este escándalo no
es un caso aislado, recuerda poderosamente a las denuncias por fraude contra el
doctor Pepe Cruz, exsecretario de Salud y miembro del «decaído grupo Tabasco»,
en la misma administración. Casos como estos ponen a prueba la narrativa de la
nueva hora de “cero corrupción».
Es tiempo de que el discurso se traduzca en hechos ineludibles y se ponga mano
dura, pero, sobre todo, que en este accionar, se dé el mensaje a la ciudadanía de
que no se es tapadera de nadie, y principalmente, que los chiapanecos sepan que
hay gobierno transformador que aplica la ley y no sólo contra los criminales que
utilizan armas para matar.
Hoy hay que responder a las exigencias que hacen el PRI estatal y el senador Luis
Armando Melgar, que han exigido esclarecer ambos casos, pero antes que, a
estas voces, hay que atender el reclamo principal de la sociedad. ¿Responderá el
Congreso? ¿Actuará la Auditoría? ¿O se encubrirán nuevamente entre ellos bajo
el viejo pacto de impunidad?
En el programa editorial de Radio Diario, en el 97.7 de FM, la pregunta se planteó
con claridad: ¿Qué hizo Javier Jiménez con 600 millones de pesos? ¿Simuló una
compra? ¿Desvió el dinero para fines personales o electorales?
O se actúa con celeridad, investigan a fondo y deslindan responsabilidades, o las
instituciones señaladas se convierten en cómplices de la opacidad. Permitir que un
diputado se sienta intocable detrás de su fuero y su dinero es una burla
inaceptable para los chiapanecos.
La sociedad ya no puede tolerar que el servicio público sea sinónimo de
enriquecimiento ilícito y que el poder legislativo se utilice como refugio. Si Chiapas
aspira a un futuro de verdadera transparencia, este caso debe ser investigado
hasta sus últimas consecuencias, demostrando que, en la política local, nadie está
por encima de la ley.
El caso, también hay que decirlo, rebota para el otro diputado de traje pero que
llegó en el imaginario con vestimenta indígena, José Uriel Estrada Martínez, de
quien rondan denuncias por exigir moches cuando fungió como auditor del estado.
De él también el Congreso ha guardado silencio. Esperemos que antes de que
termine el año, se haya dado celeridad a las querellas que hay en su contra.
Veremos diremos.
