No hay mejor desarrollo para una entidad federativa que trabajar bajo un esquema
de finanzas sanas, con transparencia y donde la rendición de cuentas sea el
antídoto que venza las tentaciones de corrupción como ha sucedido regularmente
en los municipios de Chiapas.
En el pasado reciente, los ayuntamientos chiapanecos han estado en el ojo del
huracán por la serie de componendas que se tenían para no rendir cuentas, para
no transparentar los ejercicios fiscales municipales y donde, lamentablemente, la
corrupción imperó bajo la complicidad de la Auditoría Superior del Estado (ASE) y
de las dos últimas legislaturas locales, la LXVII y la LXVIII.
En seis años, del 2018 al 2024, las irregularidades en el manejo de las cuentas
públicas estaban a la orden del día. No había municipio en donde no se
conocieran sumas millonarias por falta de comprobación del gasto corriente.
Los alcaldes y alcaldesas, de acuerdo a la propia Auditoría, no presentaban
justificaciones, aclaraciones ni documentación soporte del monto detectado con
irregularidades; se publicaron desfalcos a constructoras, obras inconclusas,
facturas infladas y toda una serie de actos de corrupción que fueron observados
por la ASE, sí, aquella que estaba encabezada por Uriel Estrada Martínez, hoy
diputado plurinominal por el partido Verde Ecologista de México, “arropado” por el
sector indígena.
De la serie de denuncias contra alcaldes como el de San Fernando, Cintalapa,
Tonalá, Arriaga, Pijijiapan, Tuxtla Chico, Copainalá, Suchiate y una veintena más,
incluidos de las zonas indígenas, no pasó nunca nada. El resultado final es que
salieron “limpios”, y nadie, absolutamente nadie, fue castigado. Todos se pasean
por Chiapas, disfrutando de sus fortunas.
Cierto es que aún se tiene la esperanza de que la nueva administración emita los
resultados de las auditorías que se han emprendido en todos los municipios y que
más de uno sea huésped de El Amate.
Todo esto viene a cuento porque el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar no se
anduvo con “medias tintas” y prácticamente advirtió a los alcaldes y alcaldesas de
Chiapas a hacer buen uso de los recursos públicos, “a trabajar con
responsabilidad y transparencia para garantizar finanzas sanas que permitan
atender las demandas ciudadanas y entregar buenos resultados”.
Si este llamado de atención se echa por la borda, los “representantes del pueblo”
deben tener en cuenta que su administración termina dentro de dos años y cuatro
meses y el de Ramírez Aguilar tiene otros tres años y medio más, por ello quien
quiera pasarse de listo puede cavar su tumba políticamente hablando y, además,
sería candidato, pero para pasar varios años en la sombra.
El jalón de orejas se realizó durante la Primera Convención Hacendaria del
Estado, espacio clave para fortalecer los mecanismos de coordinación,
planeación, recaudación y aplicación de los recursos públicos, con el objetivo de
consolidar una administración pública eficaz y orientada al bienestar del pueblo,
según las propias palabras que emitió el mandatario chiapaneco.
El accionar de los alcaldes como de cualquier funcionario debe ser tan
transparente que lo único que tienen que hacer es trabajar con honestidad, no
haciendo mal uso de los recursos públicos. Es decir, por ningún motivo la
corrupción debería ser parte de sus labores. Si se rentan para ofrecer los servicios
al pueblo devengan un salario y eso tendría que ser motivo suficiente para darse
por buen servido.
Hay que destacar que es una obligación trabajar bajo los cánones de la
responsabilidad que da el protestar servir con honorabilidad. Presidentes y
presidentas municipales tienen que entender que rendir cuentas claras genera
confianza y se ganan el cariño de la gente, pero, sobre todo, se fomenta el
desarrollo en la obra pública, en la justicia social.
La función de un alcalde no es para que se encierre en su oficina a tramar cómo
hacerse de recursos para su bolsillo, no, un edil está obligado a cumplir con las
obligaciones de transparencia establecidas en la ley.
Nos quedamos con el mensaje del gobernador que se mostró optimista para que
el trabajo que desempeñen tenga un buen impacto en el reparto de las finanzas, y
acuñamos el compromiso que hicieran las alcaldesas de San Cristóbal y de
Villaflores, Fabiola Ricci y Valeria Rosales, respectivamente, al coincidir que se
tiene que trabajar y practicar en los hechos por tener finanzas públicas sanas, con
sentido social, y enfocadas al desarrollo de Chiapas.
