La libertad de expresión pasa por su peor momento en México.
Si antes los medios de comunicación y periodistas se quejaban de la falta de garantías y seguridad para ejercer el derecho a la libre manifestación de las ideas, siendo acosados, perseguidos y asesinados principalmente por grupos del crimen organizado, ahora es el propio gobierno el que atenta en su contra.
Desde siempre ha quedado claro que a ningún gobierno le gusta que haya medios de comunicación libres y mucho menos periodismo crítico. Y esto pasa hasta en las democracias más añejas del mundo y sobre todo en aquellas naciones donde no hay ésta. Inclusive, a cualquier gobernante le encantaría tener el mismo baño propagandístico del que goza el presidente cubano, por mencionar algo. Dicho en menos palabras, medios que magnifiquen sus aciertos y oculten sus errores.
Pero esto no debería suceder en ningún país. Pues la libertad de expresión no es sólo un derecho fundamental y reconocido de cada persona, sino una oportunidad inmejorable de hacer notar su opinión, su reclamo, sus aspiraciones, sus necesidades y problemas, su voz y voto en la vida pública y, especialmente, su aprobación o descontento ante las acciones del gobierno.
PA´ TRAS PAPÁ
Tristemente, México ha dado saltos hacia atrás en el respeto a este derecho.
Por un lado, este gobierno ha convertido a los medios públicos en porristas de la Cuarta Transformación. En lugar de ser medios plurales donde se promueva el debate y la confrontación legítima de las ideas, como lo es la BBC en el Reino Unido, son aduladores del poder.
Ahí está, verbigracia, el Canal 11, donde sólo pueden participar y gozar de un espacio aquellas voces apologistas de Morena. Más reprobable todavía, todo ello es financiado con dinero de los contribuyentes.
Por el otro, muchos políticos y funcionarios de este gobierno que tanto han cacareado el discurso de que ellos no censuran están persiguiendo a medios y periodistas por igual, utilizando su poder para humillarlos, reprimirlos, meterlos a la cárcel y cerrar periódicos y portales digitales. Y frente a esta arremetida contra la libertad de expresión nadie está a salvo, puesto que muchos ciudadanos han padecido la intolerancia y la arbitrariedad del poder.
ALGUNOS CASOS
Enumero algunos ejemplos.
El 19 de mayo de 2025, por primera vez en nuestro país un ciudadano fue obligado a ofrecer disculpas públicas a un político. Y la verdad se trató de un acto aberrante.
El abogado Carlos Velázquez de León se disculpó con el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, con quien tuvo una discusión el 20 de septiembre de 2024 en el salón American Express del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El morenista, inclusive, lo acusó de que quiso golpearlo y de que le quitó el celular.
Este desaguisado llevó al senador a interponer una denuncia contra Velázquez de León ante la Fiscalía General de la República, que en los tiempos de la 4T ha fungido como una herramienta de represión contra los opositores del gobierno y políticos morenistas.
Fue así que el 19 de mayo el abogado tuvo que ir al Senado, sentarse al lado de Noroña, que tomaba un café, y ofrecerle una disculpa pública, en una especie de ritual medieval, cuando paseaban en la plaza a los sancionados y lo latigueaban delante del pueblo, para que el pueblo aprendiera quién era el que mandaba. Porque hasta eso dicho episodio fue transmitido por los medios de comunicación de la Cámara de Senadores.
Este hecho repugnante fue además humillante, ya que se trató de la reprimenda pública de un ciudadano de a pie por parte de un hombre poderoso, como lo es Gerardo Fernández Noroña, que goza de mucho poder como presidente del Senado.
Otro caso es el de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, una mujer muy cercana al expresidente Andrés Manuel López Obrador, que atentó contra la libertad de expresión del periodista jubilado Jorge González, quien según le causó daño psicológico a través de publicaciones en una columna anónima del diario Tribuna.
Jorge González fue vinculado a proceso penal en Campeche tras la denuncia de la morenista, que alegó presunto “delito de odio”. Y como parte de las medidas cautelares dictadas por el juez de control, quien supuestamente tiene vínculos con el partido en el poder, se le ordenó abstenerse de ejercer el periodismo por un periodo de dos años, al tiempo que se suspendieron las actividades editoriales del medio digital Tribuna, del que él fue director durante tres décadas.
En el colmo del abuso, no se comprobó que mencionado periodista haya sido el autor de las críticas contra Sansores y tampoco existen pruebas periciales del daño alegado.
Un caso más es el del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, también de Morena, quien suma varias polémicas por agresiones contra periodistas y medios de comunicación locales en los apenas seis meses que está al frente de la entidad.
La última agresión tiene que ver con la aprobación y publicación de la Ley de Ciberseguridad, también conocida como “Ley Censura”, con la que busca blindar a su gobierno contra cualquier crítica ciudadana.
De acuerdo con diversos especialistas, esta legislación representa una clara censura y criminalización a la libertad de expresión por la falta de claridad en la definición de los delitos, misma laguna legal que puede ser utilizada contra la ciudadanía poblana de manera arbitraria, particularmente a periodistas y medios de comunicación.
Apenas en abril pasado, Armenta Mier arremetió contra el periodista Rodolfo Ruiz, director del medio Econsulta, a quien ha llamado en repetidas ocasiones “cobarde” y “canalla”.
Un ejemplo más es el de la diputada federal del PT, aliada de Morena, Diana Karina Barreras, quien logró que el INE, ahora apéndice del gobierno, sancionara a una ciudadana por violencia política de género.
Y es que una joven de nombre Karla María Estrella, de Hermosillo, Sonora, cuestionó en la red social X, el 14 de febrero, que la candidatura de la hoy diputada se debía a su relación con Sergio Gutiérrez Luna, entonces presidente de la Cámara de Diputados.
Barreras argumentó que los comentarios de la ciudadana invisibilizaban su trayectoria y replicaba estereotipos de género. Total, Karla María fue sentenciada, entre otras cosas, a ofrecer disculpas públicas por treinta días consecutivos en su cuenta de X, así como permanecer inscrita en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres.
Al respecto, vale decir que dicha sentencia fue respaldada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que cada día asume una postura de defensora de los políticos y simpatizantes de la 4T.
¿A DÓNDE IREMOS A PARAR?
Es cierto, en el periodo del PRI hubo control sobre los medios y periodistas, y también represión sobre los mismos. Muestra de ello es cuando el expresidente Luis Echeverría echó a la calle a todo el equipo periodístico e intelectuales del periódico Excélsior, comandado por el periodista Julio Scherer. Este episodio de abuso de poder se conoció como “Golpe a Excélsior”.
Pero hoy la situación es diferente. Diga lo que se diga, el gobierno morenista está utilizando los recursos financieros, medios legales y hasta el aparato gubernamental para callar a sus opositores. Y esto, aquí y en China, se llama censura.
