Las encuestas del gobierno de EU sobre la seguridad en México
Por Mario Maldonado
El gobierno de Estados Unidos habría mandado realizar varias encuestas para conocer qué piensan los mexicanos sobre algunos de los temas que hoy dominan la relación bilateral en materia de seguridad, según una fuente del gobierno federal, cuya información fue corroborada con una encuestadora.
Los resultados llegaron hace un par de semanas a las manos de Donald Trump y ofrecen una radiografía poco común sobre el estado de la opinión pública mexicana frente al crimen organizado, la cooperación con Washington y uno de los asuntos políticos más espinosos para el gobierno de Claudia Sheinbaum: el del gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
El dato más llamativo fue el relacionado con una eventual intervención del gobierno estadounidense para combatir a los grupos criminales en México. En promedio, cuatro de cada diez personas consultadas dijeron estar de acuerdo con una acción de ese tipo. No es una mayoría, pero sí representa un porcentaje significativo en un país donde la defensa de la soberanía ha sido, durante décadas, uno de los principales argumentos para rechazar cualquier participación directa de autoridades extranjeras en asuntos de seguridad.
Las mismas mediciones incluyeron preguntas sobre Rubén Rocha Moya, señalado por autoridades estadounidenses por su presunta colusión con el Cártel de Sinaloa. El resultado fue todavía más contundente. Ocho de cada diez entrevistados consideraron que el exgobernador de Sinaloa debería ser extraditado a Estados Unidos para enfrentar las acusaciones en su contra.
Ese porcentaje coincide con algunas encuestas privadas publicadas en los últimos meses, aunque los estudios encargados por el gobierno estadounidense habrían tenido un propósito distinto, ya que no buscaban alimentar el debate público ni formar parte de una estrategia de comunicación. Su objetivo era ofrecer información para la toma de decisiones de la Casa Blanca en uno de los temas que Donald Trump ha colocado como prioridad desde el inicio de su administración.
La información fue procesada mientras desde Estados Unidos incrementaba la presión sobre el gobierno mexicano en distintos frentes. La designación de los cárteles como organizaciones terroristas, las investigaciones del Departamento de Justicia contra presuntos colaboradores del crimen organizado, las amenazas de nuevas acciones unilaterales y el endurecimiento del discurso de altos funcionarios de ese país forman parte de una misma estrategia que busca aumentar el costo político para quienes, desde la óptica de Washington, han permitido la expansión de los grupos criminales.
En ese contexto, los resultados adquieren una relevancia política, porque si casi la mitad de los mexicanos no rechaza de entrada una intervención estadounidense para combatir a los cárteles, la narrativa tradicional sobre la defensa irrestricta de la soberanía comienza a mostrarse vulnerable. La violencia, la extorsión, el control territorial del crimen organizado y la percepción de impunidad parecen estar modificando la manera en que una parte de la sociedad entiende la cooperación con Estados Unidos.
Más revelador todavía resulta el caso de Rocha Moya. El respaldo mayoritario a una eventual extradición refleja que la discusión pública ya no gira solamente en torno a la jurisdicción o la soberanía, sino sobre la confianza en que las instituciones mexicanas sean capaces de investigar y sancionar a personajes políticos vinculados con el crimen organizado. Cuando ocho de cada diez personas consideran que un gobernador debe responder ante la justicia estadounidense, el mensaje trasciende al personaje y alcanza a todo el sistema de procuración de justicia mexicano.
Las encuestas llegaron a la Casa Blanca prácticamente al mismo tiempo que la presidenta Claudia Sheinbaum aceptó la invitación de Donald Trump para asistir a la final de la Copa del Mundo en Nueva York. Oficialmente ambos gobiernos presentaron el encuentro como parte de una agenda diplomática alrededor del evento deportivo. Sin embargo, al parecer no fue casualidad que la mandataria mexicana aceptara la invitación en la coyuntura de tensiones en la relación bilateral.
Todo indica que el gobierno de Estados Unidos está construyendo su estrategia con información de inteligencia, reportes militares e investigaciones judiciales. Pero también quiere entender cómo está cambiando la opinión de los mexicanos frente a un problema que dejó de ser exclusivamente de política exterior para convertirse en un asunto de seguridad nacional.
Esa quizá sea la conclusión más importante. Mientras en México el debate sigue centrado en la soberanía, del otro lado de la frontera ya comenzaron a medir algo distinto. Están tratando de responder una pregunta mucho más estratégica: ¿Hasta dónde estaría dispuesta la sociedad mexicana a aceptar una participación más activa de Estados Unidos en el combate a los grupos criminales? Si las encuestas reflejan correctamente ese cambio de ánimo, la respuesta podría sorprender a más de un integrante del gobierno mexicano. En principio, a la presidenta Sheinbaum, quien ya tiene esas encuestas.
Posdata 1
La investigación sobre la presunta red de huachicol fiscal atribuida al exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel sigue abriendo frentes que van más allá de las órdenes de aprehensión y las audiencias judiciales. Un reportaje de EL CEO documentó que empresas y personas vinculadas al exmandatario realizaron más de mil 400 transferencias por hasta 5 mil 432 millones de pesos a través de instituciones como Intercam, Banco Base, Banorte, Banamex, BBVA, Monex e incluso Bank of America.
El dato no implica, por sí mismo, responsabilidad para las instituciones financieras involucradas, pero sí exhibe la magnitud de una operación que hoy forma parte de una investigación federal por presuntos delitos de delincuencia organizada, contrabando y huachicol fiscal. De acuerdo con la información publicada, los recursos circularon principalmente entre las cuentas de empresas como Ingemar, Crismon Hidrocarburos y Derivados y Mapror Hidrocarburos, además de cuentas personales de Ruffo y algunos de sus presuntos socios. La transferencia individual más elevada alcanzó los 245 millones de pesos.
Si las autoridades sostienen que se trató de una de las mayores estructuras de contrabando de combustibles detectadas en los últimos años, también tendrán que explicar con precisión cómo fluyeron esos recursos, qué controles funcionaron y cuáles fallaron, así como el papel que desempeñó cada participante de la red. La solidez del expediente dependerá de la capacidad de acreditar el origen, destino y propósito de cada operación.
Al final, el proceso contra Ruffo será una prueba para el gobierno de Sheinbaum, pero especialmente para la FGR a cargo de Ernestina Godoy, sobre todo tras las suspicacias generadas a partir de la repentina separación del cargo de su otrora mano derecha, Ulises Lara. No bastará con exhibir montos millonarios ni con recordar el peso político del primer gobernador de oposición en la historia moderna del país. Lo que definirá el caso será si el rastro del dinero logra sostener, ante los tribunales, las acusaciones que hoy mantienen al exmandatario en prisión preventiva y colocan bajo la lupa una red empresarial de dimensiones poco comunes. Si no se acreditan plenamente los delitos el caso se tornará eminentemente político, tal cual lo han sugerido los familiares de Ruffo Appel, los exgobernadores de oposición y el entorno panista.
Posdata 2
La eventual venta de La Casa de Toño se perfila como una de las operaciones más relevantes del sector restaurantero mexicano en los últimos años. El proceso, encabezado por BBVA México, ya atrajo el interés de varios grupos y uno de los que confirmó públicamente que analiza la oportunidad es Grupo Gigante, de la familia Losada. Aunque no existe un acuerdo firmado ni un comprador definido, el mercado ya trabaja sobre una referencia superior a los 400 millones de dólares para una cadena de 81 restaurantes que durante décadas creció sin franquicias y con un modelo de operación altamente estandarizado.
Más allá del nombre del posible comprador, la discusión se ha centrado en si ese precio refleja el verdadero valor de la empresa. Los múltiplos conocidos apuntan a una valuación cercana a ocho veces el EBITDA ajustado, un rango que no luce fuera de mercado. De hecho, se encuentra muy cerca de operaciones emblemáticas como la adquisición de Vips México por parte de Alsea, de la familia Torrado, realizada con múltiplos similares. Algunos analistas e inversionistas calculan que La Casa de Toño vale entre 800 y mil 200 millones de dólares, pero para justificar esa cifra sería necesario asumir tasas de crecimiento y una expansión internacional que, por ahora, forman parte del potencial del negocio, no de sus resultados.
En esa discusión llamó la atención el análisis de Patricia Armendáriz, exdiputada federal de Morena, quien sostuvo que la empresa estaría siendo vendida muy por debajo de su valor. Sin embargo, sus cálculos contienen inconsistencias aritméticas al estimar las ventas promedio por restaurante y, además, utilizan múltiplos que terminan siendo superiores a los que ella misma cita como referencia para transacciones comparables en América Latina. Más que demostrar una subvaluación, los datos disponibles apuntan a una valuación alineada con operaciones recientes del sector.
Las estimaciones financieras permiten inferir un EBITDA cercano a los 50 millones de dólares y ventas anuales superiores a los 5 mil millones de pesos, cifras consistentes con una cadena que registra una de las mayores productividades por restaurante en el segmento de comida mexicana de servicio rápido. Esa eficiencia explica el interés de compradores estratégicos como Grupo Gigante, que podría capturar sinergias en compras, logística, distribución y desarrollo inmobiliario, además de complementar su portafolio de marcas con un concepto de alta rotación y reconocimiento entre los consumidores.
Si la puja escala, el precio difícilmente permanecerá en los 400 millones de dólares. Una negociación entre grupos estratégicos podría llevar la valuación hacia un rango de entre 500 y 600 millones de dólares sin romper los parámetros observados en la industria. Lo que parece menos sostenible, con la información disponible hasta ahora, es la narrativa de que la cadena está siendo “regalada”. El mercado suele premiar los negocios con crecimiento probado, no las expectativas. Y, en este caso, la internacionalización de La Casa de Toño sigue siendo una promesa atractiva, pero todavía no reflejada en sus estados financieros.
@MarioMal
