Conagua, los 110 millones y la seguridad digital del Estado
Por Mario Maldonado
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) adjudicó un contrato por 110 millones de pesos para operar y proteger su infraestructura de ciberseguridad a SCITUM, S.A. de C.V., una de las principales proveedoras de servicios tecnológicos del gobierno federal y empresa perteneciente a Grupo Carso. La dependencia encabezada por Efraín Morales seleccionó a la compañía responsable de resguardar uno de los sistemas de información más relevantes del Estado, en medio de las crecientes amenazas de ciberataques contra instituciones públicas.
De acuerdo con el fallo de la licitación pública nacional electrónica LA-16-B00-016B00015-N-109-2026, el contrato CNA-GRM-110-2026 tendrá vigencia del 16 de septiembre de 2026 al 29 de febrero de 2028 y comprende el monitoreo permanente de la infraestructura tecnológica de la Conagua, la detección y atención de incidentes cibernéticos, el análisis de vulnerabilidades, la respuesta ante ataques informáticos y la implementación de mecanismos para proteger información estratégica de la dependencia.
En el procedimiento participaron únicamente tres empresas: SCITUM, S.A. de C.V.; Tecnologías de Información América, S.A. de C.V., encabezada por la empresaria Juana Ortiz; y TIC Defense, S.A. de C.V., vinculada a la empresaria Valeria Giordano. La primera forma parte del ecosistema de Grupo Carso, de Carlos Slim, y concentra una importante cartera de contratos federales; Tecnologías de Información América se especializa en integración de infraestructura tecnológica, telecomunicaciones y ciberseguridad, con experiencia en proyectos para Pemex y otras dependencias; mientras que TIC Defense ofrece servicios especializados de seguridad informática, pruebas de penetración, análisis forense digital y operación de centros de respuesta a incidentes, además de haber competido en diversas licitaciones federales del mismo sector.
SCITUM, cuya directora general es Cristina Hernández, se ha consolidado durante los últimos años como uno de los principales proveedores de servicios administrados de ciberseguridad del gobierno federal. Tan sólo en 2026 obtuvo contratos adicionales por alrededor de 244.5 millones de pesos, entre ellos uno por 150.4 millones con el IMSS para servicios administrados de seguridad informática y otro por 49.9 millones con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para la operación de su plataforma de ciberseguridad.
Su cartera de clientes también incluye al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, las secretarías de Economía y de Marina, el ISSSTE, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, la Universidad Autónoma de Campeche y El Colegio de la Frontera Sur, mediante contratos relacionados con administración de infraestructura de seguridad, monitoreo de redes, protección perimetral, arrendamiento de equipos especializados y servicios de ciberinteligencia.
Aunque la empresa no registra sanciones administrativas ni procedimientos de inhabilitación, su nombre apareció en una investigación publicada en 2024 por la organización Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), elaborada con base en documentos militares filtrados por el colectivo Guacamaya. De acuerdo con esa investigación, la Secretaría de la Defensa Nacional adquirió la plataforma HIWIRE, una herramienta de inteligencia de fuentes abiertas suministrada en México por SCITUM.
Según R3D, esa plataforma permite recopilar y analizar información pública disponible en internet y redes sociales, identificar perfiles de interés, mapear relaciones entre usuarios, detectar tendencias y generar reportes de inteligencia. La organización sostuvo que dicha tecnología habría sido utilizada por el Centro de Operaciones del Ciberespacio de la
Sedena para monitorear la actividad digital de periodistas, personas defensoras de derechos humanos, activistas y actores políticos. Hasta ahora no existe resolución administrativa o judicial que atribuya responsabilidad a SCITUM por el uso que las autoridades hayan dado a esa herramienta.
La empresa también fue objeto de cuestionamientos en 2018, cuando la organización PODER criticó su contratación por parte del Instituto Nacional Electoral para prestar servicios de ciberseguridad durante el proceso electoral federal. En ese momento, el INE aclaró que SCITUM no participó en la operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares ni tuvo acceso a los resultados de la elección, al limitarse exclusivamente a tareas de protección informática.
Más allá de los antecedentes públicos de la empresa ganadora, el fondo del asunto recae en la actuación de la Conagua. Tratándose de una dependencia estratégica para la seguridad hídrica y la infraestructura nacional, la transparencia del proceso de contratación es tan importante como la capacidad tecnológica del proveedor.
Posdata 1
Un episodio más entre la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y su antecesor Jaime Bonilla. La actual mandataria rechazó haber incurrido en actos que comprometieran la seguridad nacional o la soberanía del país, luego de la difusión de audios en los que presuntamente conversa con supuestos intermediarios de autoridades estadounidenses. Afirmó que las grabaciones corresponden a una reunión relacionada con el trámite de su visa y sostuvo que fueron editadas y difundidas fuera de contexto para construir una narrativa falsa sobre su actuación como mandataria.
Ávila aseguró que el encuentro, celebrado el 15 de diciembre de 2025 en Tijuana, fue promovido por el exgobernador Jaime Bonilla, quien le ofreció acercarla con personas que supuestamente podrían orientarla sobre su situación migratoria. Según su versión, durante la reunión los asistentes se hicieron pasar por enlaces de autoridades de Estados Unidos y plantearon escenarios sobre presuntos procedimientos en su contra, por lo que decidió turnar el asunto al abogado que la asesoraba. La gobernadora sostuvo que nunca volvió a existir contacto con esas personas y calificó el episodio como “una trampa” con fines políticos.
La mandataria también negó haber compartido información reservada de las Mesas de Seguridad con autoridades extranjeras y afirmó que la cooperación entre Baja California y California se limita a los mecanismos institucionales propios de una entidad fronteriza. Asimismo, rechazó tener cuentas bancarias fuera de México y atribuyó la difusión de los audios al inicio del proceso político rumbo a las elecciones, al tiempo que reiteró que continuará al frente del gobierno estatal y recordó que Jaime Bonilla enfrenta un proceso penal por el caso de la planta fotovoltaica Next Energy.
Jaime Bonilla respondió que no tuvo participación alguna en los hechos narrados por la gobernadora y rechazó haber organizado reuniones o acercamientos con supuestos representantes del gobierno estadounidense. Acusó a Marina del Pilar de convertirlo en “su villano favorito” para desviar la atención de la controversia y sostuvo que corresponde a la propia mandataria explicar las circunstancias en las que buscó gestionar el tema de su visa y los encuentros que sostuvo con las personas que aparecen en los audios.
Un entuerto difícil de resolver para la 4T.
Posdata 2
Con la novedad de que el Tren Interoceánico registró un nuevo descarrilamiento en Oaxaca, apenas siete meses después del accidente ocurrido en diciembre de 2025 que dejó 14 personas muertas y más de un centenar de heridos. El incidente ocurrió la noche del martes sobre la Línea Z, a la altura de Asunción Ixtaltepec, y, de acuerdo con la Secretaría de Marina, involucró un convoy de carga. No se reportaron personas lesionadas y la operación ferroviaria fue restablecida tras el retiro de los vagones afectados, mientras se realizan los peritajes para determinar las causas.
El nuevo percance revive las dudas sobre la seguridad operativa del principal proyecto ferroviario del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, una de las obras heredadas del expresidente Andrés Manuel López Obrador impulsadas por el gobierno federal para conectar los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca, como alternativa logística al Canal de Panamá. En enero de este año, la Fiscalía General de la República concluyó que el accidente de diciembre fue provocado por exceso de velocidad de la tripulación; sin embargo, especialistas también han planteado cuestionamientos sobre las condiciones técnicas de la infraestructura y del trazado ferroviario en ese tramo.
Aunque la Marina subrayó que el descarrilamiento de esta semana no dejó víctimas ni afectó a la población, el hecho vuelve a colocar el foco sobre un proyecto emblemático del gobierno federal que busca consolidarse como uno de los principales corredores logísticos del continente. La investigación en curso deberá establecer si el incidente obedeció a una falla operativa, técnica o de infraestructura y si existen riesgos que requieran nuevas medidas de seguridad para evitar que se repitan accidentes en la ruta.
Posdata 3
Hablando de Oaxaca y de infraestructura, el gobierno de Salomón Jara anunció 7 mil millones de pesos en inversión privada que se encuentran en proceso de ejecución en la costa del estado, una de las regiones que concentra el mayor dinamismo económico del estado por el crecimiento del turismo, el desarrollo inmobiliario y los proyectos de infraestructura vinculados al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Los proyectos generarán alrededor de 37 mil empleos directos e indirectos en los próximos años.
El crecimiento de esa región se da al tiempo que el gobierno estatal acelera la recuperación del Centro Histórico de la capital. Esta semana fueron entregadas las obras de mejoramiento de cinco calles del primer cuadro, con una inversión de 26 millones de pesos en la calle 20 de Noviembre, entre Independencia y Javier Mina, una intervención que forma parte del programa de rehabilitación urbana para fortalecer la movilidad, la accesibilidad y la actividad comercial del corazón de la ciudad.
Con estas obras, la inversión destinada al mejoramiento del Centro Histórico asciende a 71.3 millones de pesos durante la actual administración, con 23 calles intervenidas. La rehabilitación de la infraestructura urbana se suma al reordenamiento del transporte público implementado recientemente en esa zona, en una estrategia con la que el gobierno estatal busca acompañar el crecimiento económico de Oaxaca con proyectos de movilidad y recuperación de espacios públicos.
@MarioMal
