Se perfilan Cortina y Medina Mora para presidir el CCE
Por Mario Maldonado
La sucesión en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) comienza este mes y con ella se juega el futuro de la relación del empresariado con el gobierno. El registro de aspirantes para relevar a Francisco Cervantes se abrirá el 6 de noviembre y cerrará el 11; el 14 se darán a conocer los nombres y arrancará el proceso que concluirá el 5 de diciembre. La elección formal será durante la Asamblea General Ordinaria de la segunda semana de diciembre.
Son cuatro los posibles candidatos —José Medina Mora, Juan Cortina Gallardo, Sofía Belmar y Julio Carranza—, pero todo indica que la verdadera contienda se perfila entre los dos primeros. Fuentes empresariales aseguran que tanto el expresidente de la Coparmex como el exdirigente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA) son los que mejor posicionados llegan a la sucesión, tanto por respaldo interno como por su peso político y experiencia en la interlocución con el gobierno.
El proceso se da en un momento clave, porque la relación del sector empresarial con el gobierno se ha tensionado por la creciente fiscalización del SAT, la reforma judicial y otras, como la de la Ley de Amparo, además de que en 2026 arrancará la renovación del TMEC.
Tras dos reelecciones consecutivas, Francisco Cervantes, muy cercano a Carlos Slim y figura de confianza tanto para el expresidente López Obrador como para Claudia Sheinbaum, dejará el cargo en diciembre, después de tres años en los que se mantuvo como un puente eficaz entre el sector privado y el gobierno. Su liderazgo, más político que gremial, ayudó a contener los choques entre Palacio Nacional y la iniciativa privada, y a mantener el diálogo durante la pandemia, las reformas laborales, y ahora frente a la inminente revisión del TMEC.
Cervantes deja un CCE fortalecido en su interlocución con el gobierno, pero también dividido internamente. En la elección del próximo dirigente convergen los intereses de los principales organismos que lo integran: la Concamin, la Coparmex, la ABM, el CNA y, sobre todo, el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), que agrupa a los empresarios más poderosos del país y que actualmente es encabezado por tres copresidentes: Antonio del Valle Perochena, Daniel Servitje y Enrique Zambrano.
Aunque se ha mencionado su eventual incorporación al gobierno, el futuro inmediato de Francisco Cervantes parece apuntar en otra dirección. Más que a un cargo público, podría convertirse en el principal interlocutor de Carlos Slim con el gobierno, una especie de encargado de las relaciones institucionales del vasto imperio del multimillonario.
José Medina Mora, expresidente de Coparmex, llega con una base sólida entre las cámaras más institucionales y con el respaldo de un sector que busca recuperar la voz crítica del empresariado frente al gobierno. Ingeniero de formación y empresario en el sector tecnológico, se distingue por su discurso técnico y moderado, y por haber tendido puentes con la administración federal incluso en los momentos de mayor tensión. Sin embargo, algunos lo perciben como un perfil más político que corporativo y con menor cercanía a los grandes grupos que dominan el CCE.
Juan Cortina Gallardo, actual presidente del CNA, es visto como el candidato con mayor músculo dentro de las cúpulas. Representa al sector agroindustrial exportador y cuenta con el apoyo de Antonio del Valle y de otros integrantes del CMN, lo que lo coloca como favorito. Su perfil técnico, su experiencia negociando temas agrícolas dentro del TMEC y su capacidad de interlocución con la Secretaría de Economía le dan ventaja en el contexto actual. Sin embargo, su estilo pragmático y reservado no causa entusiasmo en todas las cámaras.
Sofía Belmar, expresidenta de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) y actual CEO de Prudential Seguros, busca convertirse en la primera mujer en encabezar el CCE. Su candidatura tiene valor simbólico y apoyo de algunos grupos cercanos a Cervantes, y no tan cercanos, como el de Altagracia Gómez. El sector asegurador atraviesa una coyuntura complicada tras la decisión de la Secretaría de Hacienda de imponer un nuevo esquema de cobro de impuestos al gremio a partir de 2025, lo que debilitó la posición política de la AMIS y, con ella, la de Belmar.
Julio Carranza, expresidente los banqueros, también busca la presidencia del CCE, aunque sin la estructura de respaldo que tienen los otros aspirantes. Su experiencia en el sistema financiero y su carácter conciliador lo convierten en una figura respetada, pero su influencia dentro del sector privado organizado es limitada, incluida la propia ABM que no está interesada en que su gremio lleve la voz cantante en el CCE.
El desafío para quien suceda a Francisco Cervantes será muy grande. En 2026 se revisará el TMEC y el llamado “cuarto de junto”, donde participan los empresarios, volverá a tener un rol clave en la estrategia de México frente a Estados Unidos y Canadá. Además, el nuevo presidente o presidenta deberá coordinar a un sector que enfrenta desafíos fiscales, regulatorios y energéticos, en un entorno de desaceleración económica.
La nueva administración del CCE tendrá que equilibrar esa cercanía con una postura más proactiva frente a los temas de competitividad, inversión y seguridad jurídica que siguen preocupando a la iniciativa privada.
La clave en esta elección es que se sabrá qué tipo de relación quiere mantener el sector privado con el gobierno de Sheinbaum: una de acompañamiento, como la de Cervantes, o una de mayor autonomía.
Posdata 1
Cinco días después del asesinato del líder limonero de Apatzingán, Bernardo Bravo Manríquez, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, se vanagloriaba de que en el estado se había logrado “la mayor hazaña pacífica de la historia moderna”: una reducción de más del 60 % en homicidios dolosos. En su informe de gobierno se congratuló de la edificación de 50 cuarteles de la Guardia Civil y de que Michoacán fuera “ejemplo nacional en materia de extorsión”.
El cinismo de Ramírez Bedolla y la realidad en el estado le volvieron a estrellar en la cara este fin de semana, tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, quien fue abatido a balazos en plena Plaza Morelos, en medio del festival del Día de Muertos, mientras cientos de personas asistían al evento. Según el Gabinete de Seguridad Federal, uno de los agresores fue muerto en el sitio y otros dos detenidos de inmediato. Manzo, que previamente había denunciado con vehemencia amenazas y había implorado ayuda al gobierno estatal y federal (“No quiero ser un presidente municipal más de los ejecutados…”), fue blanco de un ataque directo y público.
En contraste con los dichos de Ramírez Bedolla, los datos más recientes muestran que Michoacán sigue acumulando cifras alarmantes. En el primer semestre de 2025 se registraron 718 homicidios dolosos, lo que ubicó a la entidad en el séptimo lugar nacional en ese delito, con 5.6 % del total nacional. El anuncio de una caída del 60% desde 2021 es porque partió de niveles muy elevados y convive con señalamientos de enfrentamientos, bloqueos y fosas clandestinas que persistentemente en la entidad. Es decir que la narrativa de “estado recuperado” se desmorona con la evidencia de que la violencia estructural sigue activa.
Por otro lado, los indicadores de victimización también revelan que la percepción ciudadana se mantiene negativa. Según la encuesta ENVIPE 2025, en Michoacán 59.5% de la población mayor de 18 años considera que la inseguridad es el problema más importante que aqueja a su entidad. Así, mientras Ramírez Bedolla reía hace unas semanas al preguntar con sorna a Carlos Manzo “¿Cuántos abatidos llevamos?”, hoy queda claro que a su gobierno se le ha salido de control la gobernabilidad, con la población michoacana increpándolo en las calles y en el velorio del alcalde, mientras los hijos y esposa de Manzo enlutan como miles de familias en el país.
Posdata 2
La llegada de Gilberto de Guzmán Bátiz García a la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha agitado los movimientos al interior organismo.
Fuentes del Tribunal aseguran que Bátiz García llegó “acelerado”, impulsando nombramientos que, en algunos casos, corresponden al Órgano de Administración Judicial. En esa lista figuran posiciones clave como las direcciones generales de Planeación y Evaluación Institucional, de Sistemas y de Protección Institucional, que aparecen en documentos internos con nombres ya designados.
El magistrado Bátiz, quien ha preferido no mudarse a las oficinas que le asignaron hasta que sean remodeladas “a su gusto”, estaría tomando decisiones contrarias al discurso de austeridad que han sostenido tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como el ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar. En el organismo se comenta que esta actitud ha generado fricciones con otros magistrados y con el propio órgano administrativo, encargado de avalar esos nombramientos.
Entre los contratados figuran excolaboradores de José Luis Vargas Valdez, como Juan Antonio Garza García —quien fue su jefe de oficina— y Jorge Latapí García Campa, antes su secretario particular. También destaca María Magdalena Luna Ramírez, con vínculos cercanos a la exministra Norma Piña. Otros casos llaman la atención, como el de Saúl López Noriega, crítico de la reforma judicial de 2024, y Mauricio del Toro Huerta, ligado a cuadros del PAN.
En el entorno judicial se interpreta esta composición de equipo como una posible reconfiguración política dentro del Tribunal. Bátiz estaría construyendo una red de confianza que mezcla perfiles del antiguo grupo de Vargas Valdez con figuras cercanas al entorno de Piña, buscando afianzar poder interno antes de que inicie el relevo en la presidencia del TEPJF. Una jugada arriesgada para un magistrado que llegó con el aval de la elección judicial y los acordeones, pero que ya despierta resistencias en un órgano que intenta recuperar credibilidad tras años de fracturas.
Posdata 3
México será sede de la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en 2028. La noticia la confirmó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien dijo que “toda la cuenca del Pacífico estará, ese año, en México”, una frase que refleja la magnitud del evento y el reposicionamiento que busca el país en el ámbito global.
La APEC agrupa a 21 economías que concentran más del 60% del PIB mundial y más de la mitad del comercio internacional. Que México albergue esta cumbre apunta a recuperar protagonismo, atraer inversiones y consolidar su papel como puente entre Asia y América, justo cuando el mundo experimenta una reconfiguración de cadenas de suministro y las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.
Detrás del reconocimiento internacional vendrá el reto real, logístico y político: infraestructura, seguridad, diplomacia económica y un discurso que proyecte estabilidad. Será también una prueba para la administración de Claudia Sheinbaum, que deberá preparar al país para recibir a los principales líderes del mundo en medio de una agenda global cada vez más polarizada.
