El fiscal general de la República Alejandro Gertz Manero confirmó el martes que el
Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, funcionó como centro de reclutamiento,
adiestramiento y operación del Cártel Jalisco Nueva Generación. Dijo que hay
pruebas confesionales, testimoniales y documentales y policías detenidos y
procesados. Reconoció omisiones graves porque desde 2021 había reportes
sobre actividades criminales en ese lugar, ignorados por el gobierno de Jalisco
que entonces encabezaba el emecista Enrique Alfaro y la fiscalía de ese estado
que conducía Luis Joaquín Méndez.
Gertz descartó que el sitio fuera un crematorio porque no hay evidencia de
incineraciones masivas. Señaló que lo único hallado fue una pequeña vasija con
fragmentos óseos, pero nunca precisó si eran humanos. Solo dijo que estaban
siendo analizados, que su tamaño complica la identificación y que aún no se
determina su antigüedad. Llama la atención que, durante toda la conferencia
ningún reportero haya preguntado directamente si los restos eran humanos.
Sin embargo, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco sostiene que el
Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses tiene registrados 17 lotes de restos
óseos humanos calcinados, recuperados del Rancho Izaguirre por personal
forense estatal, que están catalogados en el Sistema Informático de
Administración de Evidencia Forense que organiza evidencias por tipo anatómico
y zona de hallazgo. Aportó además imágenes satelitales que muestran humo
negro sostenido saliendo del rancho que, a su juicio, es prueba de la quema de
cuerpos con combustibles.
Gertz dio otro dato inquietante: en septiembre de 2024, durante inspecciones
realizadas por la Guardia Nacional, no se observó ropa alguna. Pero en marzo
pasado, las madres buscadoras encontraron prendas, zapatos y mochilas. El fiscal
reconoció que bolsas con ropa fueron manipuladas por autoridades de Jalisco,
almacenadas sin análisis y devueltas sin peritaje. Hoy están siendo revisadas por
la FGR.
También dejó entrever que el mal manejo del caso podría involucrar a altos
mandos estatales. Señaló que la operación inicial fue realizada por la Guardia
Nacional, pero que la Fiscalía de Jalisco nunca notificó a la FGR. Agregó que el
exfiscal estatal Luis Joaquín Méndez Ruiz podría ser responsable de
irregularidades. También deben ser investigadas las omisiones del actual fiscal
Salvador González de los Santos,
La presidenta Claudia Sheinbaum, al ser cuestionada ayer el asunto, pidió a la
secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, reunirse nuevamente con las
buscadoras y reiteró que su gobierno estará siempre del lado de las víctimas. Dijo
que lo importante es que la verdad salga a la luz, sin contradicciones ni zonas
grises.
Pero ese es precisamente el problema: en México ya nadie confía en las versiones
oficiales. Desde que en enero de 2015 el entonces procurador general de la
República, Jesús Murillo Karam, decretó la “verdad histórica” en el caso
Ayotzinapa —esa que después se demostró falsa—, cada intento de cerrar un
caso sin respuestas sólidas genera más sospechas que certezas. Rancho
Izaguirre no puede convertirse en otro expediente maquillado porque, aunque la
FGR sea independiente, la credibilidad de Claudia Sheinbaum está en juego.
