Marco Alvarado
La renuncia de Juan José Sabines Guerrero a su cargo como cónsul en Orlando, Florida, difundida este domingo en redes sociales, genera la esperanza de traerlo a rendir cuentas.
Para la opinión pública no es una dimisión administrativa más; es, para muchos, la señal de que el largo periodo de impunidad que ha arropado al exgobernador podría estar llegando a su fin.
La pregunta obligada es clara y contundente: ¿Están contadas las horas para el saqueador del sureste?
No hay que olvidar que su paso en el gobierno del estado fue, en esencia, un manual sobre cómo la voracidad política puede desmantelar el patrimonio público.
Llegó con las manos vacías y partió con un cargamento de riqueza inexplicable, dejando tras de sí un estado endeudado hasta la médula y hundido aún más en la pobreza.
Producto de su cabeza trastornada surgieron ideas locas, como el fallido proyecto de biodiésel, las ciudades rurales «sustentables» que resultaron ser un fiasco oneroso, y un manejo de la seguridad pública que coqueteó con lo gangsteril, como aquella inverosímil justificación de un cargamento de cocaína interceptado en Tuxtla, que luego hizo pasar por toneladas de «leche».
Son sólo algunas cicatrices en la memoria colectiva que el tiempo no ha podido borrar.
Su refugio en el servicio exterior, un clásico premio de consolación o, peor aún, un exilio dorado pactado, fue una bofetada a la justicia.
Mientras los chiapanecos pagaban las consecuencias del desfalco, Sabines disfrutaba de la vida consular, un protectorado pagado con recursos públicos.
Ahora, con esta renuncia que, según trasciende, se hará efectiva el 1 de noviembre, la pelota está en el campo de la Cuarta Transformación y, particularmente, de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Si Morena quiere legitimar su discurso anticorrupción y consolidar su respaldo en el sureste, no hay mejor oportunidad que esta para demostrar que el combate a la impunidad va en serio.
Sacudirse a Sabines es un paso necesario, pero insuficiente.
Chiapas exige que rinda cuentas por el daño patrimonial.
Su renuncia levanta dos escenarios posibles, ambos críticos.
¿Se trata de una maniobra preventiva para “desaparecer” del radar político y disfrutar de los dividendos de su saqueo, quizás en Acapulco, donde fincó el producto de sus tranzas?
Permitirle este retiro sería un fracaso moral y político.
¿O finalmente se le ha declarado un “apestado” para el gobierno actual, y la puerta de la impunidad se ha cerrado desde el centro?
Este escenario, aunque más esperanzador, debe culminar en una acción legal.
Lo que no puede suceder bajo ninguna circunstancia es permitirle a Sabines el regreso a la vida política de Chiapas.
Cualquier injerencia suya sería un escupitajo directo a la cara de un pueblo que todavía sufre las secuelas de su gestión.
La rendición de cuentas no es sólo un acto de justicia para Chiapas; es una prueba de fuego para la credibilidad de la clase política actual.
Es hora de dejar de premiar a los ladrones con puestos diplomáticos. Es hora de que el saqueador del sureste deje el refugio y enfrente las consecuencias de sus actos.
Va a regresar a Chiapas, pero todo lo que se robó
Por órdenes del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, presume el ahora ex cónsul, se hará cargo del Transístmico, con sede en Tapachula, programa nacional que emprendió el gobierno de Claudia Sheinbaum.
Lo que los internautas corean es que efectivamente el ex gobernador de Chiapas va a regresar a Chiapas, pero no a hacerse cargo de dicho programa, sino para regresar todo lo que se llevó.
