“Antes de disponer del manejo de los cuerpos de estos animalitos, debemos hacer inmediatamente nuestras denuncias ante un ministerio público”, manifestó Cisneros.
Edén Gómez Bernal / Diario de Chiapas
El envenenamiento de animales de compañía, especialmente perros y gatos, persiste como una sombra recurrente en las calles de Tuxtla Gutiérrez y diversos municipios del estado de Chiapas.
A pesar de los avances en materia de sensibilización, este acto de crueldad extrema sigue cobrando vidas de manera silenciosa, ante esta alarmante situación, activistas y defensores de los derechos animales han lanzado un llamado enérgico a la ciudadanía: la indignación debe trascender las redes sociales y convertirse en acciones legales concretas ante las autoridades competentes.
Claudia Cisneros, fundadora de la asociación civil “Huellas Chiapas”, ha sido enfática al recordar que la ley ya no es indiferente ante estos actos, desde el 25 de junio del año pasado, el estado cuenta con una legislación vigente que penaliza la crueldad extrema, este marco jurídico no es meramente simbólico; contempla sanciones de cárcel para delitos específicos como el envenenamiento, la zoofilia y cualquier acto violento que resulte en la muerte de seres sintientes. Sin embargo, la ley por sí sola no puede actuar si no se activa el mecanismo de la justicia a través de la denuncia ciudadana.
Uno de los mayores obstáculos que enfrenta la justicia en Chiapas es la falta de protocolos adecuados por parte de los dueños o testigos, en la mayoría de los casos, la frustración y el dolor llevan a las personas a optar por una ruta equivocada: limitar el suceso a una publicación en plataformas digitales y proceder de inmediato a sepultar los restos del animal, esta práctica borra las evidencias necesarias y deja a las autoridades sin herramientas para iniciar una investigación de oficio, permitiendo que los agresores permanezcan en la impunidad.
“Antes de disponer del manejo de los cuerpos de estos animalitos, debemos hacer inmediatamente nuestras denuncias ante un ministerio público”, manifestó Cisneros.
La recomendación técnica es clara: si se detectan signos de envenenamiento, la prioridad absoluta es la atención veterinaria urgente para intentar salvar la vida del ejemplar; no obstante, si el animal ya ha fallecido, es crucial no manipular ni deshacerse del cuerpo antes de que la autoridad pueda tomar conocimiento, pues el cadáver se convierte en la prueba pericial más importante para confirmar el uso de sustancias tóxicas.
Una vez que se formaliza la denuncia, se abre una carpeta de investigación bajo la responsabilidad de la Fiscalía Ambiental, este proceso faculta a las autoridades para realizar diligencias que los ciudadanos no pueden hacer por cuenta propia, como la revisión de cámaras de videovigilancia en las zonas aledañas y el levantamiento de indicios químicos, identificar a quienes colocan cebos envenenados no solo protege a la fauna local, sino que previene una tragedia mayor, ya que estas sustancias representan un riesgo latente para la salud pública y para los niños que transitan por los espacios contaminados.
