La nueva (y explosiva) caja china
Raymundo Riva Palacio
Ángel Heladio Aguirre, ex gobernador de Guerrero, es una pieza de sacrificio en el Caso Ayotzinapa, para desviar la atención de una exoneración vergonzosa, por ser absoluta, del Ejército en la desaparición de 43 normalistas en 2014, que le está costando mucho trabajo al gobierno federal de probar su valor. Lo detuvieron la semana pasada por presuntamente haber ordenado el ocultamiento de unas grabaciones aquella noche que no tienen ningún peso para resolver el crimen. Es una nueva jugarreta gubernamental del régimen de la 4T que lleva ocho años tratando de combatir la versión del exprocurador Jesús Murillo Karam que llamó “la verdad histórica”.
La desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en Iguala ha sido abordada por los gobiernos de Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum con un enfoque político. Murillo Karam postergó la detención del entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca -avalado por López Obrador-, con fines electorales, e ignoró la petición meses antes del entonces fiscal de Guerrero, Iñaki Blanco, que lo procesaran por crímenes anteriores. López Obrador nombró a Alejandro Encinas para saber lo que había sucedido, y construyó a la “verdad alterna”, culpando al Ejército, que le costó el cargo. López Obrador blindó al Ejército, que es lo que mantenido Sheinbaum.
Murillo Karam llegó a la conclusión que los normalistas fueron detenidos por policías municipales, y entregados a sicarios de Guerreros Unidos, que los mataron. Los mismo dijo Encinas y lo mismo dirá la fiscal Ernestina Godoy. Lo que cambia en cada caso son los perfiles y prominencia de los actores, donde cada quien pone el foco en unos y se lo quita a otros. Es lo que sucedió con Aguirre, cuya detención fue promovida desde Lomas de Sotelo como una caja china.
El objetivo es quitarse la presión de organizaciones internacionales tras la última recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, encabezada por Rosario Piedra, que responde a los intereses políticos del régimen, que concluyó que no existen elementos probatorios para atribuir responsabilidades a la Secretaría de la Defensa en la desaparición de los 43 normalistas. Encinas concluyó exactamente lo contrario y pidió cárcel para 17 militares, algunos todavía bajo proceso.
La acción de la Fiscalía General no llegará a ninguna verdad, con o sin calificativos, porque es una burda cortina de humo. Pretende llevarlo de ocultar más evidencia a colusión con el crimen organizado cuando era gobernador, con el testimonio de uno de los jefes de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, El Sapo, que presentó la semana pasada como uno de sus testigos cooperantes, y declaró que Aguirre había ignorado los señalamientos de que abarca estaba ligado a Guerreros Unidos. Es una mentira. La vinculación de Abarca con la organización criminal era conocida en las estructuras de poder, así como que su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, era hermana de los fundadores de Guerreros Unidos.
Durante meses antes del crimen contra los normalistas, se discutió en las mesas de seguridad de Guerrero encabezadas por el CISEN, actualmente Centro Nacional de Inteligencia, la red de protección institucional a ese grupo en Iguala, y mencionaban los nombres de militares, policías federales, estatales y municipales involucrados. Nunca hizo nada el gobierno de Peña Nieto. Tampoco el Ejército, ni la Policía Federal, o el gobierno de Aguirre. Fueron omisos. Las minutas de esas reuniones desaparecieron hace 12 años.
Al elevar el horizonte con un nuevo implicado, la Fiscalía de Godoy abre nuevos canales de desagüe político. Aguirre llegó al PRD persuadido por Marcelo Ebrard, entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, y palomeado para la gubernatura por el entonces secretario general del partido, López Obrador. Al asumir la gubernatura, y durante el episodio criminal de la desaparición de los normalistas, el delegado estatal de la Policía Federal era Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad Pública, y el jefe de la Zona Naval era el almirante Rafael Ojeda, secretario de la Marina durante el gobierno anterior, involucrado en la corrupción de mandos navales en el contrabando de combustible. La autora intelectual de “la verdad histórica”, Marina Benítez, que era el brazo fuerte de Murillo Karam, entró a Morena, y hoy es diputada federal.
La detención de Aguirre se originó en la denuncia de otra testigo cooperante, Lambertina Galeana, presidenta del Poder Judicial de Guerrero en ese momento, detenida el año pasado por haber ordenado borrar la grabación del Palacio de Justicia de Iguala que registró lo que ocurrió en el Puente del Chipote, donde uno de los autobuses en el que viajaban entre 15 y 20 normalistas, fue interceptado por policías municipales. Galeana ha dado varias versiones del porqué lo hizo, pero la Fiscalía la está utilizando para imputar a Aguirre.
Aquel episodio fue aclarado por la recomendación de la CNDH hace casi una década, , cuando era autónoma, donde documentó con testimonios lo que sucedió. El más importante fue el del chofer del autobús, quien declaró que los municipales atacaron con disparos y pedradas el transporte, utilizando gas pimienta para obligar a que salieran los normalistas, a quienes tendieron boca abajo con las manos en la nuca. El chofer vio llegar una patrulla de la Policía Federal con dos agentes. “Allá atrás chingaron a un compañero”, les dijo un municipal. “Se los van a llevar a Huitzuco, (y) allá que ‘El patrón’ -se desconoce su identidad- decida qué va a hacer con ellos”. El policía federal asintió: “¡Ah!, ok, ok. Está bien”, convalidando la detención ilegal, y “pactaron con las policías locales su entrega al crimen organizado”.
La participación del Ejército en ese punto, señaló la CNDH, “no fue de contención, sino de espionaje operativo activo y posterior ocultamiento de evidencia fundamental”. El subteniente de Inteligencia, Eduardo Mota Esquivel, estuvo en el Puente del Chipote de forma “encubierta”, presenció la agresión y tomó entre cuatro y cinco fotografías con su celular. Posteriormente las borró de su celular tras supuestamente descargarlas en el Batallón, provocando la pérdida total de la evidencia visual inmediata.
El Caso Ayotzinapa muestra una historia de omisiones criminales de dos gobiernos, y otro que camina por esa ruta, ajustes políticos y, sobre todo, abandono de la justicia para las víctimas y sus familiares. La imputación de Aguirre, aunque sea verdadera, no resolverá el caso, pero le dará oxígeno al Ejército, porque donde hay tantos culpables, nadie es culpable.
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