Editorial
En el quehacer político el uso de costumbres y tradiciones, a pesar de que con ello
se busca respetar la autonomía de los pueblos originarios, su herencia e historia,
últimamente resulta contraproducentes, sobre todo cuando esto violenta los
derechos humanos de las mismas minorías, infancias y una vida libre de violencia
hacia las mujeres.
También, en el uso de las costumbre y tradiciones se ha solapado la presencia de
grupos criminales, que basados en lo anterior, gozaron de total impunidad para
operar; o que decir de los bloqueos carreteros en comunidades, mismas que
lograron una disminución en la afluencia turística, debido a las extorsiones de los
propios pobladores para poder entrar a sus territorios; tampoco, olvidemos la
rapiña que ejercen cuando un camión tiene un percance.
Lo anterior pone en tela de juicio los límites entre los derechos humanos y las
costumbres, que sí bien forman parte de una herencia y tradición, estas no deben
violentar los derechos humanos.
En el panorama electoral, estas violaciones persisten y desafortunadamente, son
legitimadas, no porque lo solapen las autoridades y entes gubernamentales, sino
por los vacíos legales: el caso de Amatenango del Valle, donde la alcaldesa
electa, Julieta Gómez, concedió el poder a su esposo Salomón López Gordillo,
como el presidente basado en los usos y costumbres; misma situación se suscitó
en Aldama a finales de 2024, en la que la democracia se fue al caño, en favor de
usos y costumbres.
¿Acaso la democracia y la vida libre de violencia estarán en la impunidad basado
en esa idea retrograda de “usos y costumbres”? Esperemos que no, al menos en
el sentido de que las luchas históricas de minorías, en este caso los pueblos
originarios, no hayan sido en vano. Se debe legislar y promover leyes de tal
manera, que ni la tradición violente los derechos, pero se siga reconociendo como
parte de historia.
Otro de los inconvenientes de estas leyes de “usos y costumbres” persiste en los
matrimonios infantiles en la zona de Los Altos, donde las mujeres menores de
edad son mercancía y no se les da el acceso a la educación y a otros servicios,
vulnerando su derecho a vivir las infancias.
A esto se le tiene que sumar la presencia de grupos religiosos de tendencia
cristiana como los evangélicos u otras sectas, que lejos de abonar a la paz social,
sus dogmas pueden ser demasiado peligrosos tomando en cuenta los propios
“usos y costumbres” de ambas partes. También, debemos preocuparnos por la
presencia de grupos islámicos, que sabemos sus doctrinas en Medio Oriente son
arcaicas y nada favorables en el respeto a los derechos de las mujeres.
Retomando los peligros de los dogmas religiosos, hasta hace poco muchas
muertes infantiles fueron causadas por la negligencia de estos, alegando que su
religión se los prohíbe, poniendo en riesgo la vida de menores en fervor de su fe;
desde luego, ya se legisló para evitar esos atropellos, pero si no concientiza
acerca de los peligros de los dogmas religiosos o de las costumbre de una
comunidad, que esta renuente a aceptar a las minorías y a las mujeres dentro de
su entorno, poco o nada se hará en la contribución de los derechos humanos.
Por último, la paridad democrática se debe respetar, no sólo el IEPC debe
garantizar estas transiciones democráticas, sino el Congreso y el gobierno deben
generar las condiciones para que estas se ejerzan.
