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Lo advertimos en su momento y nadie quiso escucharlo: el cochinero provocado
por la corrupción durante el sexenio pasado en la Secretaría de Movilidad y
Transportes de Chiapas, bajo la dirección de Aquiles Espinosa García, hoy cobra
factura. Y no se trata solo de un problema administrativo; es una crisis de
seguridad, legalidad y gobernabilidad que afecta directamente a miles de
chiapanecos.
En su paso por la Secretaría, Aquiles Espinosa convirtió el tráfico de concesiones
de taxis y colectivos en un lucrativo negocio. Lo que debería haber sido una
gestión orientada a mejorar la movilidad del estado, se transformó en un aparente
esquema de favoritismo y corrupción. Sorprende —y al mismo tiempo indigna—
que hoy este personaje ocupe cargos dentro del gobierno federal, cuando su
lugar, por justicia elemental, debería estar en el penal de El Amate. En Chiapas,
pareciera que ser tramposo es más bien una credencial para seguir escalando en
el poder. Una burla más al pueblo.
El corazón del problema, sin embargo, se encuentra en la entrega indiscriminada
de permisos para mototaxis, una figura que, si bien podría ser útil en contextos
muy específicos, fue utilizada como moneda política y económica, sin planeación
ni regulación. Municipios enteros recibieron “rutas alternas” que nunca fueron
verdaderamente evaluadas ni integradas a un plan de movilidad sustentable. Lo
más grave es que se otorgaron permisos incluso en colonias periféricas de Tuxtla
Gutiérrez, donde ya existían rutas formales de colectivos y taxis. Como
consecuencia, el sistema de transporte urbano se desestabilizó por completo.
Hoy, colectiveros y taxistas enfrentan pérdidas diarias que alcanzan el 50% de sus
ingresos, en parte por la competencia desleal de mototaxis irregulares que circulan
sin placas, sin permisos y sin seguros. A ello se suma la creciente inseguridad vial:
los mototaxis circulan sin precaución, cortando camino por calles y avenidas,
poniendo en riesgo a peatones y pasajeros. Esto ya no es un hecho aislado, es
parte del paisaje cotidiano de muchas colonias populares.
El conflicto ha escalado. Esta semana, transportistas del servicio colectivo
realizaron una manifestación frente a las oficinas de la Secretaría de Movilidad y
Transporte, exigiendo el retiro inmediato de los mototaxis que operan en rutas ya
concesionadas, afectando particularmente a las rutas 5, 42, 50, 70, 83 y 117.
Estas rutas conectan a colonias como Real del Bosque, Plan Chiapas, Satélite y
Ruiz Ferro, donde, al suspenderse el servicio formal por la crisis, los habitantes
enfrentan serias dificultades para trasladarse a sus centros de trabajo
Las denuncias son claras: los mototaxis invaden rutas, cobran tarifas más altas, no
cuentan con seguros, y provocan bloqueos de paso en vías transitadas. A esto se
suma una creciente molestia por parte de los ciudadanos, que acusan negligencia
de las autoridades al no responder ante las quejas formales interpuestas en
colonias como Vida Mejor, donde incluso un altercado en un evento público fue
ignorado por las autoridades.
La realidad es que los supuestos “operativos” de regulación no han dado ningún
resultado. No es descabellado pensar que hay complicidad entre algunos
funcionarios y los mototaxistas irregulares, dado que los vehículos continúan
circulando sin restricción alguna, incluso en vialidades federales. En zonas como
Plan Chiapas, los mototaxis operan sin control, saliendo hasta la parte baja de
Vida Mejor como si se tratara de una flota autorizada, cuando en los hechos
representan un serio problema de movilidad e inseguridad.
Los colectiveros han sido claros: esta situación lleva gestándose más de tres
años. Se dejó crecer sin control, y ahora se pagan las consecuencias. La pregunta
obligada es: ¿dónde está Aquiles Espinosa? ¿No sería lógico que el artífice de
este desastre viniera ahora, con la misma soberbia que mostró en su gestión, a
dar la cara y resolver el problema?
El conflicto está lejos de solucionarse, y la amenaza de bloqueos crece. Si no hay
acciones firmes y decididas por parte de la actual administración estatal, la
desestabilización del sistema de transporte en Chiapas será inevitable. Más aún,
los transportistas aseguran que, de no haber respuesta inmediata, exhibirán
públicamente la imagen de Aquiles Espinosa García como el símbolo del desastre
en el que se encuentra hoy el transporte público en la entidad.
Porque esto no es solo un tema de movilidad: es una advertencia sobre lo que
ocurre cuando la corrupción se institucionaliza y no se castiga. El pueblo de
Chiapas merece respuestas y justicia.
