No más política; SMAPA debe denunciar penalmente a Carlos Morales Vázquez
La perorata —ese discurso político barato, engañabobos— fue el recurso que Carlos Morales Vázquez intentó utilizar mediáticamente para deslindarse de los señalamientos sobre su gestión como alcalde de Tuxtla Gutiérrez. Sin embargo, lejos de fortalecer su imagen ante sus seguidores, terminó por exhibir, con documentos en mano, que sus dos administraciones fueron un desastre: un botín para vaciar las arcas públicas mediante prestanombres que hoy comienzan a salir a la luz.
Tras los diferendos en redes sociales entre Ángel Torres Culebro, actual presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, y su antecesor, surgidos a raíz del colapso del sistema de agua potable —que dejó sin servicio a la capital en plena Semana Santa—, la cloaca se destapó. El episodio expuso al oriundo de Ocozocoautla bajo graves señalamientos de corrupción.
Pese a la experiencia política que presume, Morales Vázquez cayó en la trampa tendida por Torres Culebro, quien acusó a la administración anterior de no haber invertido en la rehabilitación de la red hidráulica ni haber cubierto los 900 millones de pesos programados para dichas tareas. En términos claros, la insinuación es que esos recursos fueron desviados.
La respuesta del exalcalde no se hizo esperar: intentó deslindarse, pero cometió el error de culpar a la actual administración sin aportar pruebas. La réplica institucional llegó horas después. El Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA) reveló que Morales Vázquez dejó una deuda superior a los 875 millones de pesos por derechos de extracción de aguas nacionales, generada entre 2018 y 2024 —periodo en el que gobernó—, y de la cual apenas se cubrieron 2.1 millones de pesos.
La pregunta es inevitable: ¿dónde está ese dinero?, ¿a dónde fue canalizado?, ¿quién se benefició? En redes sociales ya circulan versiones sobre un presunto enriquecimiento ilícito, con propiedades, negocios y desarrollos inmobiliarios que no figuran a su nombre, pero que se atribuyen a su círculo cercano, en particular a Arquímedes “N”.
El tema del agua ha destapado así un presunto entramado de irregularidades que apunta a una gestión marcada por el abuso de poder. Resulta particularmente cuestionable que Morales Vázquez se mantenga hoy cobijado en la Comisión Nacional Forestal (Conafor), un nombramiento que inevitablemente genera dudas sobre los criterios con los que se designan cargos públicos.
La exhibición realizada por SMAPA no requiere mayor interpretación: obliga al propio organismo a presentar una denuncia formal. No son tiempos para que los delitos de cuello blanco queden impunes ni para que sus responsables se paseen sin rendir cuentas.
Es cierto que en la actual administración muchos casos de desfalco no han derivado en sanciones; por el contrario, en ocasiones se perciben intentos por exonerar a los implicados. Sin embargo, el caso de Tuxtla no debe reducirse a un pleito político. La afinidad partidista no puede ser argumento para encubrir excesos.
Incluso en etapas pasadas de la vida política nacional, difícilmente se observaba un nivel de desfachatez comparable al que hoy se denuncia. Dejar estas irregularidades al juicio del “pueblo” resulta insuficiente cuando las instituciones tienen la responsabilidad de actuar.
Para sentar un precedente y evitar que la actual administración repita errores del pasado, el gobierno de Ángel Torres debe ejercer su facultad de denunciar penalmente los presuntos fraudes y abusos cometidos durante la gestión anterior. De lo contrario, carecerá de legitimidad para enfrentar el reclamo ciudadano, que exige servicios básicos eficientes y atención efectiva.
Si SMAPA no decide interponer la querella correspondiente, corre el riesgo de convertirse en cómplice por omisión.
