Zapata llama “hambreado” a Bonavides por pensión Bienestar ¡Ahí les hablan!
El bienestar social que impulsa el gobierno federal mediante las pensiones para personas de 65 años y más es, sin duda, un apoyo económico que muchos consideran clientelar. Se califica así porque, además de cumplir una función humanitaria para quienes se encuentran en condiciones económicas vulnerables, también traza el camino para que quienes reciben el beneficio retribuyan este “esfuerzo” gubernamental votando en las urnas por el partido en el poder.
Especialistas han criticado que este beneficio se entregue a personas que gozan de cabal salud económica, y más aún a quienes se encuentran empoderados en la política, ya sea como funcionarios de primer nivel o como legisladores en el Congreso de la Unión o en los congresos estatales.
En apariencia, esta situación debería ser la excepción: que quienes cuentan con solvencia económica no le quiten el lugar a personas que realmente requieren un apoyo para paliar sus necesidades más urgentes, como la compra de medicamentos, sobre todo cuando en los hospitales persiste el desabasto y la enfermedad no espera.
Está dicho que la pensión es un modelo de bienestar social que busca inclusión, suficiencia económica y reconocimiento de derechos para los grupos vulnerables y, por ende, garantizar una vejez digna que no lastime la dignidad humana. Sin embargo, en la práctica, muchos políticos que gozan de buena salud, con el resto de su vida asegurada y con mucha “paga”, como dicen coloquialmente los chiapanecos, no muestran el menor atisbo de vergüenza o pudor al solicitar su tarjeta para que les “caigan” más de seis mil pesos bimestrales.
Los roces entre personas —supuestamente— en igualdad de circunstancias económicas han dado pauta para que el tema se viralice en redes sociales. Ahí se confrontan quienes defienden a los inscritos en el padrón, aun sin problemas económicos, y quienes, viviendo al día, depositan su esperanza en que el recurso público —producto de los impuestos— les sea autorizado como un salvavidas para evitar mayores penurias el resto de su vida.
En este contexto, llamó la atención que la rivalidad entre figuras de la farándula, Laura Zapata y Carlos Bonavides, el “Huicho Domínguez”, haya escalado de la esfera privada al debate público, luego de que la actriz calificara al actor como una persona “hambreada” por tramitar la credencial de su beca, o mejor dicho, de su pensión del Bienestar.
Conocida por ser una férrea adversaria del actual régimen, Zapata criticó tanto la forma en que opera el programa social como a quienes lo cobran. Llamó “pobrecito” a Bonavides: “Le dan lana cuando la gente tiene hambre; pues ni modo, se calla y ya no dice nada”. Añadió que la única hambre existente es de “justicia y libertad”.
El actor Bonavides se suma así a una larga lista de prominentes empresarios y exfuncionarios que reciben la pensión, como Alfonso Romo Garza —a quien recientemente le fue revocada la concesión de su empresa Vector por supuestos actos irregulares—; Gerardo Garza Sada y David Garza Lagüera; o los exgobernadores Arturo Montiel Rojas y Ernesto Ruffo Appel.
También figuran integrantes del gabinete federal, como el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela; el de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino; el de Medio Ambiente, Víctor Manuel Villalobos; y el de Turismo, Miguel Torruco Marqués, así como los gobernadores Rubén Rocha Moya, de Sinaloa, y Víctor Manuel Castro, de Baja California Sur.
El clan López Obrador tampoco queda fuera: el expresidente Andrés Manuel López Obrador y sus hermanos Pedro Arturo y José Ramiro, además de su prima Felipa Guadalupe Obrador Olán, también reciben este apoyo.
Tras las declaraciones de Zapata, resurgió una oleada de críticas contra otros actores políticos que viven entre lujos. Ahí está el caso de legisladores con casas valuadas en más de 12 millones de pesos, que perciben salarios superiores a los 150 mil pesos mensuales y aun así “necesitan” acudir a cobrar su pensión.
Es el caso específico de Gerardo Fernández Noroña, quien presumió en redes sociales su incorporación al padrón de beneficiarios de este programa social dirigido a personas adultas mayores. Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, lo calificó de hipócrita y lo señaló por abusar del poder: “La pensión se gana trabajando, no saqueando al pueblo”.
¿Será que el calificativo de Laura Zapata iba más allá de su excompañero de telenovela? Tal vez su “hambreado” iba dirigido a alguien más. ¡Ahí les hablan!
