El deslinde apresurado
El trabajo de Omar García Harfuch ha sido, en términos generales, bien evaluado desde que asumió la titularidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Tan es así que incluso sectores de la oposición han expresado su confianza en los resultados obtenidos en el combate a los grupos de la delincuencia organizada.
Sin embargo, resulta llamativo que sea el propio titular de la dependencia quien, de manera anticipada, haya deslindado cualquier presunta relación que involucre al diputado federal y líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), Pedro Haces, dentro de la investigación contra Edgar “N”, alias “El Limones”, señalado por sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.
Pedro Haces encabeza una organización sindical creada al amparo del proyecto de la Cuarta Transformación, concebida como contrapeso de los grandes sindicatos tradicionales. El problema no es menor: al legislador se le cuestiona su relación con el detenido, quien operaba bajo las siglas de la CATEM en el estado de Coahuila. Más aún, sorprende la facilidad con la que Haces se deslinda del personaje, afirmando incluso que no lo conoce, pese a que formaba parte de la estructura sindical y existen videos de apoyo político, así como abundantes fotografías que desmienten la versión del “desconocido”.
Descartar de bote pronto cualquier vínculo del líder sindical resulta más contradictorio cuando, en el mismo discurso, se afirma que la investigación no descarta llamarlo a declarar, aunque —según se dice— no exista denuncia alguna que lo involucre con el dirigente local detenido. La lógica indica que lo más prudente habría sido remitir el asunto a la Fiscalía General de la República y evitar un deslinde anticipado que, en los hechos, no corresponde a una autoridad administrativa.
En la práctica, el gobierno parece empeñado en exculpar al dirigente de la CATEM en un caso que, a simple vista, lo roza directamente. La comparación con otros expedientes es inevitable. Ahí está el caso de María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, a quien se le revive un asunto de hace más de 21 años por el presunto cobro indebido de una pensión. Resulta evidente que el trasfondo de ese proceso tiene tintes políticos, como represalia por haber documentado y difundido casos de corrupción del actual régimen.
“Hay varios delitos que se están investigando, pero ninguno está relacionado como tal con un sindicato; lo que tenemos vinculado es una célula criminal que opera en Durango y Coahuila, conocida como Los Cabrera”, fue el argumento de García Harfuch. No obstante, los delitos imputados a “El Limones” son de alto impacto: extorsión, venta y distribución de drogas, robo de vehículos, cobro de cuotas, secuestro, lavado de dinero, clonación de tarjetas, estafas y desaparición forzada.
El contraste es claro: a Pedro Haces se le deslinda; a Amparo Casar se le persigue. A la oposición se le encarcela, mientras que a personajes encumbrados en la administración pública o con fuero legislativo se les ignora o se les concede el beneficio de la duda. No se trata de pedir impunidad para nadie, sino de exigir investigaciones parejas, sin distingos ni protecciones políticas.
Los casos que han quedado “escritos en el hielo” son numerosos. Destaca el del llamado huachicol fiscal, con un desfalco estimado en 600 mil millones de pesos, que incluso ha manchado la imagen de instituciones tradicionalmente intocables como la Marina. O el expediente de La Barredora, el grupo criminal que operó en Tabasco y derivó en la salida de personajes como Hernán Bermúdez Requena, mientras que el senador Adán Augusto López Hernández, pese a las evidencias de su relación laboral con implicados, no ha sido llamado a declarar por la FGR.
A ello se suman los señalamientos contra Gerardo Fernández Noroña, captado viajando en aviones privados con gastos incompatibles con el discurso de austeridad que pregona; o el caso del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, acusado de utilizar aeronaves particulares para viajes familiares y ocultar dicha información. También están los desfalcos directos a instituciones públicas, como el de la exdirectora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, denunciada por la Auditoría Superior de la Federación por un faltante superior a 57 millones de pesos, mientras su hija presumía un lujoso estudio construido en la casa materna.
Las denuncias contra Rocío García Pérez en el DIF federal, por presuntamente exigir “moches” a sus subordinados, o el caso documentado de la actual gobernadora Delfina Gómez durante su gestión en Texcoco, completan un mosaico que contradice la promesa estelar del movimiento: combatir la corrupción.
Esa bandera, que fue el principal estandarte de la Cuarta Transformación, hoy se desdibuja frente a una cascada de revelaciones. La ciudadanía, que alguna vez confió en un cambio de fondo, observa cómo la opacidad y los excesos se han instalado en la nueva élite política, confirmando que la lucha contra la corrupción sigue siendo una asignatura pendiente.
Ahí está Segalmex, donde se desviaron miles de millones de pesos y solo un exdirector financiero ha sido procesado, mientras que el exdirector general, Ignacio Ovalle, continúa sin enfrentar cargos pese a haber autorizado operaciones irregulares. O el caso del ISSSTE, revelado en junio de 2024, con un daño patrimonial de 15 mil millones de pesos por el incremento ilegal de pensiones y pagos duplicados a proveedores: 731 sanciones administrativas, 57 denuncias que involucran a más de tres mil personas y apenas cinco vinculaciones a proceso penal.
La justicia selectiva, más que la corrupción misma, es lo que termina por erosionar la credibilidad del Estado. Y mientras no se mida con la misma vara a todos, el discurso de legalidad seguirá siendo, para muchos, solo una consigna vacía.
