La inclusión no debe ser una promesa vacía
A casi once años de que el Congreso del Estado en Chiapas promulgará la Ley de la Inclusión para Personas con Discapacidad, en la práctica esta iniciativa pareciera que estuvo en la congeladora y lejos está de solucionar una deuda histórica para grupos que han sufrido aislamiento, maltrato, exclusión y discriminación.
Otro aspecto, es que la infraestructura en espacios públicos como edificios, calles, señalamientos y demás, no están contemplado a este grupo vulnerable, que día a día padece la ineptitud de la sociedad que los juzga y los condena.
Sin tener en cuenta que solo son utilizados con fines electorales, ya que la aparente caridad con la que se manejan las campañas políticas, son meramente asistencialismos burdos, que en la práctica se mantienen distantes.
Tampoco, debemos olvidar al odio y malos tratos a los que siguen expuestos: usar su condición para emitir comentarios ofensivos, no respetar sus espacios asignados en los estacionamientos, ser objeto de burla en el internet, y un sinfín de malos tratos que, no han sido penados y la misma sociedad se niega a reconocer como actos de discriminación.
Ahora bien ¿Qué hacer ante esta inoperancia? Esta situación sigue dejando en la indefensión y en la exclusión a estas personas que día a día están alzando la voz.
Primero que nada, destacar el trabajo de la actual legislatura, en especial de la diputada Luz María Castillo, quien ha emprendido acciones en favor del grupo al que pertenece. Cabe destacar que, en diciembre de 2025, ella encabezó un foro para personas con discapacidad, mismo que fungió como una plataforma para saber y conocer las necesidades de las personas con discapacidad.
Una de las propuestas recabadas sin duda, fue incluir a las personas de baja estatura como parte de ese grupo, con el fin de que estos puedan acceder a distintos beneficios, que ya no se condenen los actos discriminatorios hacia ellos y sean parte de las minorías.
De esta manera, la diputada ha emprendido acciones legales y jurídicas, al notar que la iniciativa de Ley no se aplicado y carece de muchos vacíos legales. En este sentido, se ha cerciorado que en las dependencias de ayuntamientos y del gobierno estatal se aplique el reglamento en favor de este grupo: recordemos, que la actual administración de la Nueva ERA está tomando en cuenta que al menos el dos por ciento de los empleados de la burocracia formen parte de este grupo, otorgándole dignidad y una valoración, ya que ellos como individuos sociales tienen mucho que aportar.
Por otro lado, haciendo hincapié en la precariedad del transporte, Luz María Castillo anunció que se tiene pensado generar un transporte público específico para ellos, el cual será una prueba piloto que comenzará a circular en Tuxtla Gutiérrez; ojalá no se quede como un elefante blanco, tal y como se dio con el Conejo Bus, que si bien contempló a las personas con discapacidad, sus unidades no se le dio mantenimiento, eran pocas en circulación, sumado a la irresponsabilidad de los propios usuarios de usurpar esos espacios.
Ahora bien, que una representante de una comunidad históricamente vulnerable acceda a los espacios de poder, donde puede (y lo está haciendo con dignidad) generar cambios para aquellos que no han podido, demuestra la viabilidad de la inclusión, donde se reconozca y atiendan las necesidades de quienes en verdad lo necesitan. Por ello, las usurpaciones en los espacios de poder por parte de personas que no pertenecen y solo autoprescriben para calentar un curul, no solo es vergonzoso, representa un retroceso para quienes en carne propia han sufrido la discriminación y la exclusión.
