Llamarán a cuentas a Carlos Morales o prevalecerá la impunidad
La transparencia en los ejercicios de cuenta pública de los ayuntamientos siempre ha sido ensuciada por la voracidad y la ambición desmedida de quienes han fungido como alcaldes. Chiapas, en el trienio pasado, fue un verdadero caos: decenas de funcionarios municipales “se hicieron bolas a propósito” en el manejo de los recursos públicos.
De 2021 a 2024, las irregularidades fueron tan descaradas y tan solapadas que la posición asumida entonces por el titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), José Uriel Estrada Martínez, le permitió convertirse en un nuevo rico de Tuxtla Gutiérrez. Sus onerosos gastos y su vida ostentosa quedaron evidenciados uno a uno, pero eso no bastó para que la LXVIII Legislatura lo llamara a cuentas. Al contrario, se le dieron todas las facilidades para usurpar una curul en el Congreso del Estado, misma que hoy ocupa bajo el manto protector del Partido Verde, que lo cobijó con una diputación plurinominal originalmente destinada al sector indígena.
En este procedimiento impune, tampoco le cuadraron las cuentas al entonces alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, quien, a base de chanchullos, logró pasar la aduana de la supervisión realizada por la ASE.
Sin embargo, bien dice el dicho: no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo aguante. La Auditoría estatal, ahora con nuevas autoridades, ha difundido que quien hoy finge desempeñar una cartera ambiental federal en Chiapas, como parte de su blindaje ante sus fraudes, tiene un desfalco superior a los 151 millones de pesos.
El Informe Individual de Auditoría número ASE/OAC/047/2024 precisa 15 observaciones preliminares derivadas de la revisión a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2023, de las cuales 11 generaron pliegos de observación al no haberse solventado de manera adecuada.
Como suele ocurrir, a los exalcaldes se les borra la sonrisa cuando son requeridos para comprobar desfalcos en obra pública, deficiencias en adquisiciones, recursos ejercidos sin documentación soporte y fallas en el control interno institucional.
Las trampas para sacarle dinero al erario fueron descubiertas por la ASE, que documentó que más de 5 millones 300 mil pesos no fueron comprobados; esto, en términos simples, significa que se los robaron. El descaro de presentar obras concluidas, pero en mal estado suma casi dos millones de pesos en estimaciones económicas, y así sucesivamente.
En el sexenio anterior, el cinismo y la impunidad no se consideraban anomalías, sino el modo ordinario de administrar los recursos públicos. Es decir, reinó la complicidad institucional. Y eso es grave, como también lo es hoy que no se castiguen las irregularidades cometidas por funcionarios federales.
Normalizar la corrupción sería un error craso de esta administración, que hasta hoy ha demostrado trabajar con transparencia y contacto directo con el pueblo. Por ello, ni la ASE, ni el Congreso del Estado, ni la Fiscalía General tienen por qué solapar que los alcaldes —en este caso, Carlos Morales Vázquez— vean el erario como botín y el municipio como propiedad privada.
No por nada, en los corrillos políticos se comenta que el exedil ya mueve sus piezas para regresar a la alcaldía en la elección de 2027. Si con estos antecedentes se le permite hacer ruido político, imagínese lo que le espera nuevamente a la capital del estado.
Las redes de corrupción que Morales Vázquez tejió durante sus seis años como alcalde lo convierten en un personaje peligroso para la democracia y para la estabilidad institucional. Si algo quedó claro en el trienio anterior es que Morales tendió un entramado para convertir a Tuxtla en su capital económica.
La impunidad con la que se mueve este personaje constituye una seria amenaza. Hoy, la autoridad tiene en sus manos la gran oportunidad de sentar un precedente y castigar al exedil, quien debe responder —incluso con cárcel— por abuso de confianza, actos de corrupción y fraudes cometidos en la compra y adquisición de servicios.
Aquí no se habla de miles, sino de millones de pesos que no aparecen. Eso se llama fraude, abuso de confianza. La corrupción no debe normalizarse, porque permitirla —como ha sucedido con Estrada Martínez, el diputado “levantadedos”— seguirá estancando el desarrollo del municipio.
El alcalde Ángel Torres prometió transparentar las cuentas, y ha llegado el momento de hacerlo. El desfalco superior a los 73 millones de pesos en la SMAPA también recae directamente en la cuenta personal de Carlos Morales. Las pruebas están a la vista de todos, disponibles en la página de la ASE. Es hora de tomar el toro por los cuernos; de lo contrario, seguiremos alimentando esa vieja convicción ciudadana: “los alcaldes siempre roban”. Ya basta de tanta impunidad. Es tiempo de actuar.
