Gobierno mexicano, obligado a investigar a chiapaneca, embajadora en Reino Unido
El regreso a México de la embajadora Josefa González Blanco Ortiz Mena abre una pregunta incómoda, pero necesaria: ¿el gobierno mexicano investigará con seriedad las denuncias por maltrato y acoso laboral acumuladas durante su gestión en la Embajada de México en el Reino Unido, o el caso será archivado bajo la vieja lógica de la protección política? Una pregunta que, a decir verdad, por la forma en que se juzgan las cosas para quienes “son de casa”, probablemente quedará archivada.
La señora, hija del exgobernador de Chiapas, José Patrocinio González Blanco Garrido —un personaje que no es nada bien recordado por los grupos de la diversidad sexual—, tiene en su haber, al menos oficialmente ante la ley, 16 denuncias por acoso laboral.
Su remoción, además, tiene que ver con una supuesta carencia de diplomacia que afectó la relación de México con el Reino Unido, país al que, por cierto, ya hace maletas el exfiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, quien impulsa en el Congreso de la Unión la aprobación, por parte del Senado, para que le den el palomazo de autorización.
No tendrá inconveniente alguno, pues ante la mayoría que los morenistas tienen en el Poder Legislativo, su reincorporación a la Embajada es un mero trámite que incluso ya fue aprobado y que la próxima semana, muy probablemente el lunes, será votado en el pleno como simple formalidad.
A estas horas, la oficina de la diplomática chiapaneca debe estar vacía, solo a la espera del relevo. Por ello resulta interesante la “despedida” que le dio el periódico de habla hispana El País, medio que documentó las denuncias que los trabajadores interpusieron ante el Órgano Interno de Control y el Comité de Ética.
Pensar que en pleno siglo XXI, y sobre todo en una institución que debería ser ejemplo de transparencia, unidad y trato humanitario —valores que el sistema político mexicano debe proyectar al mundo y hacia su base laboral, que es la que sostiene el funcionamiento de cualquier institución pública—, Josefa González haya practicado el aislamiento como castigo al “mal comportamiento de los empleados” sí resulta penoso y motivo de vergüenza ajena.
Importa mucho que se hayan documentado discursos de odio como el que utilizaba como consigna en sus regaños a “su gente de confianza”: “Si yo quiero que te largues a México mañana, te subo en un avión y te largas. Porque yo te di el trabajo, no sirves para nada, y si yo digo que te hinques, te hincas”.
“La violencia es sistémica y generalizada con quienes no cumplen sus caprichos, con los funcionarios que se niegan a violar las reglas o con los jefes que no resisten el ritmo de maltrato”, reza una parte del reportaje del medio español. Una posición cruel que refleja el tipo de personaje que es Josefa.
Sin duda, México queda mal parado ante este ejemplo de “barbarie” hacia los trabajadores mexicanos que se desempeñan en la Embajada y que cuentan con años de servicio público.
La nota del diario español señala que la embajadora les dejaba de hablar —como si se tratara de un matrimonio cotidiano que discute y se da la espalda mientras no concilia sus diferencias—; les negaba, en consecuencia, información y prohibía al resto del personal cualquier contacto con ellos. “Simplemente dejas de existir”, relata el testimonio de uno de los trabajadores que sufrió esta humillación.
No cabe duda de que heredó el mal carácter de su señor padre, quien tenía como lema de gobierno “aplicar el imperio de la ley”, aunque con el paso del tiempo demostró que muchas de sus decisiones fueron equivocadas. Como muestra, ahí están las denuncias públicas que la comunidad gay interpuso contra el entonces mandatario y que derivaron en que varios homosexuales perdieran la vida en circunstancias nada creíbles.
Lo más seguro es que su recibimiento no sea nada placentero, pues el gobierno mexicano tiene la obligación de iniciar una investigación a profundidad para conocer la veracidad de las denuncias. De ser culpable de lo que se le acusa, la renuncia no basta: deben existir castigos ejemplares para que los funcionarios antepongan el humanismo antes que las sandeces y agresiones que denigran el servicio público.
