El cinismo de Francisco Garduño
Cada día se acumulan más pruebas de que el rumbo que sigue nuestra vida pública es el equivocado. No se trata de percepciones aisladas ni de oposiciones ideológicas: los hechos, tercos y reiterativos, se empeñan en darnos bofetadas. Como si el tiempo nos dijera, una y otra vez: se los advertí, se los dije, y nadie quiso escuchar.
El reciente nombramiento de Francisco Garduño Yáñez como director general de Centros de Formación para el Trabajo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) es una de esas bofetadas. Garduño, ex comisionado del Instituto Nacional de Migración, continúa imputado por el delito de ejercicio ilícito del servicio público a raíz del incendio ocurrido el 27 de marzo de 2023 en una estancia migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron decenas de personas y otras tantas quedaron marcadas de por vida. Ello lo aseguran las organizaciones sociales civiles que llevan la defensa de los familiares que perdieron la vida o de quienes resultaron lesionados, con secuelas para toda su vida.
En este punto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo durante la mañanera del miércoles, que garduño ya culminó el proceso que enfrentaba por el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, que dejó 40 personas muertas.
«Él es doctor en derecho, es importante, no es un perfil cualquiera. Él siguió un proceso y salió en libertad, ya no está bajo proceso de ningún tipo». «Es polémico porque la oposición siempre va a decir (…) pero él terminó su proceso, no tiene ya ningún proceso jurídico y con Mario Delgado -titular de la SEP- se tomó esa decisión», añadió.
Sin embargo, para las víctimas, el proceso judicial no ha concluido. Las heridas tampoco. Sin embargo, el funcionario ya se pavonea de nueva cuenta como miembro distinguido de la llamada Cuarta Transformación, como si nada hubiera pasado. Como si el dolor de las familias, la indignación social y las responsabilidades legales fueran simples molestias administrativas que pueden barrerse debajo del tapete.
Las organizaciones que representan legalmente a las familias de las víctimas han levantado la voz con razón. Han recordado que Garduño sigue imputado y que su incorporación a la SEP envía un mensaje alarmante: en México, la rendición de cuentas puede esperar; la protección política, no; los derechos humanos, menos.
Más grave aún resulta el descaro con el que se pretende revestir este nombramiento. Mario Delgado, titular de la SEP, lo ha calificado como “funcionario ejemplar”, una frase que raya en la burla y que profundiza la ofensa hacia los deudos, los sobrevivientes y la sociedad entera. ¿Ejemplar para quién? ¿Bajo qué criterios morales o institucionales?
Acaso no habría sido más sensato —y mínimamente humano— que el propio gobierno acelerara los tiempos judiciales, indemnizara a las familias, garantizara justicia y, solo después de un periodo razonable, evaluara cualquier posible reincorporación al servicio público. Pero no. Se optó por el camino de la soberbia, el cinismo y la impunidad.
Cabe la posibilidad de que se esté lucrando políticamente con este hecho y sea la oposición quien lo esté manejando, y si es así, pues la bajeza siempre estará cuando se trate de buscar el poder, pero por lo que se sabe, sería no solo ruin, sino una loza para la propia oposición que maneje este discurso y sea evidenciado, con pruebas, que así es.
Independientemente de ello, resulta incomprensible que Garduño actúe como si las más de 40 víctimas mortales y los sobrevivientes con secuelas permanentes estuvieran en paz consigo mismos. Este movimiento político no cierra heridas; por el contrario, aviva las brasas de una hoguera que nunca se apagó.
Dice la presidenta que Garduño es un hombre capaz para desempeñar su nueva función y puede ser porque tiene experiencia como maestro y es licenciado en optometría, la ciencia sanitaria no médica que estudia el sistema visual, sus alteraciones no patológicas, pero entonces qué hará en los Centros de Formación para el Trabajo, su nuevo encargo. Algo no cuaja como no funcionó como comisionado de Migración.
Dicen las organizaciones que defienden el caso que su resignación responde más a una lógica de protección política que a criterios de idoneidad y profesionalismo. El resultado es predecible: se debilita aún más la confianza ciudadana en las instituciones públicas.
Lo que es cierto es que este nombramiento se recibe con indignación. Es un premio inmerecido que normaliza el olvido institucional frente a una tragedia humana de enormes proporciones. La justicia no puede ser sustituida por cargos públicos ni las responsabilidades pendientes diluirse entre nombramientos y discursos.
Está más que claro que su nombramiento vino de muy arriba, tan es así que incluso pudo haber visitado Chiapas para negociar su reincorporación con su amigo del alma que se ubica en Palenque. Cuando el poder protege al imputado y abandona a las víctimas, no hay transformación que valga el nombre. Solo queda el cinismo, elevado a la política de Estado.
