Educación, con Rosa Aidé, bajo sospecha
La Secretaría de Educación de Chiapas ha confirmado lo que durante años fue un rumor persistente en pasillos escolares y redes sociales: existen observaciones graves en materia de infraestructura y manejo de recursos correspondientes a la administración anterior, encabezada por Rosa Aidé Domínguez Ochoa. No se trata de errores menores ni de simples omisiones administrativas, sino de un entramado que hoy es objeto de investigaciones formales y expedientes de investigación.
El actual titular de la dependencia, Roger Mandujano Ayala, ha revelado que ya existe una auditoría cuyos resultados apuntan responsabilidades directas en el sexenio pasado. Entre las prácticas más indignantes se encuentra la omisión deliberada de reportar fallecimientos de maestros, lo que permitía que se siguieran cobrando sueldos de manera irregular. Bastaba con notificar de inmediato para suspender pagos y evitar erogaciones indebidas, pero eso —según se ha reconocido— no se hacía.
Las irregularidades no se detuvieron ahí. En el programa de Becas se detectó que algunos apoyos fueron utilizados para fines distintos a los establecidos, lo que hoy obliga a revisar, corregir y reforzar los mecanismos de control. A ello se suman denuncias que pesan en el expediente de la exsecretaria por peculado, desvío de recursos públicos, nepotismo y abuso de autoridad.
El magisterio ha sido una de las principales víctimas de este desorden. Durante años, maestros con 23 y 24 años de servicio denunciaron adeudos salariales que nunca se explicaron con claridad. La deuda moral y financiera con los educadores es una herida abierta que, afortunadamente, empieza a cerrarse.
El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar ha sido enfático al señalar que no quiere dejar adeudos con el magisterio, aun cuando éstos provengan de administraciones pasadas, instrucción que ya fue comunicada durante una reciente reunión con el dirigente sindical de la Sección 40 del SNTE, que encabeza Oved Balderas Tovilla y con el director general del Isstech, Ignacio Avendaño Bermúdez.
La vox populi, alimentada por testimonios en redes sociales de un sector del magisterio, habla incluso del desvío de bonos del Día del Maestro. De confirmarse, estaríamos ante una de las expresiones más crudas de avaricia: lucrar con un reconocimiento destinado a quienes sostienen la educación pública. El propio columnista del Diario de Chiapas, Mario Caballero, había advertido tiempo atrás sobre una presunta red de corrupción encabezada por Rosa Aidé, integrada por directivos de la dependencia y funcionarios del Usicamm, dedicada a la venta de plazas, asignación irregular de horas y cambios de adscripción.
Lo más lamentable es que, mientras se gestaban estas prácticas, las escuelas permanecían en el abandono. Planteles sin agua potable, sin servicios básicos, con infraestructura precaria, reflejaban el divorcio entre el discurso oficial y la realidad cotidiana. Y como colofón, Chiapas terminó bajo esa gestión en el primer lugar nacional de analfabetismo: 14 de cada 100 chiapanecos no sabían leer ni escribir. Un “logro” que es, en realidad, una ofensa histórica.
Hoy, programas como Chiapas Puede intentan revertir un rezago que debió atenderse hace décadas. Pero el futuro no puede edificarse sobre la impunidad del pasado. Si el secretario de Educación ha dado la nota del fraude, corresponde ahora explicar con detalle en qué consistieron las irregularidades y hasta dónde alcanzan las responsabilidades.
La justicia no puede ser selectiva. Es hora de que esta administración ponga orden y envíe un mensaje claro: nadie está por encima de la ley. De lo contrario, Chiapas seguirá viendo cómo antiguos funcionarios se pasean impunes por nuevos cargos públicos, burlándose de una sociedad que exige cuentas claras. La educación no puede seguir siendo botín político; es el cimiento del porvenir. Y ese cimiento debe estar libre de corrupción.
