Viviendas Bienestar, un aliciente en Chiapas
El problema del déficit de vivienda en Chiapas, como en todo el país, es un tema que preocupa y ocupa. Son millones de familias que buscan un techo que les dé seguridad y certeza jurídica. Desde hace más de una década, el tema de la construcción de casas de interés social ha ido en decadencia: no hay asentamientos urbanos donde construir y, si los hay, no están planificados por la autoridad. Representan, en suma, un grave problema de urbanización, porque las ciudades ya están congestionadas y, si hay que construir, es en las afueras de las grandes urbes
Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y Tapachula son tres ciudades ejemplo de lo anterior. No tienen zonas donde se desarrollen complejos inmobiliarios y quien quiera construir tiene que hacerlo en las afueras, lo que a la postre representa un problema, porque implica largos traslados hacia los centros de trabajo y mayor inversión en gasolina, más ahora que el precio está por las nubes. Se convierte en un problema económicamente no redituable, porque no hay equilibrio entre lo que se gana y lo que se invierte.
Por ello, aunque muchos critiquen los programas del Bienestar, el de vivienda que aplica el gobierno federal es una bocanada de aire puro para las familias que fueron beneficiadas en Tuxtla con este programa, y que el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar destacó en una conversación virtual con la presidenta Claudia Sheinbaum.
El mandatario reiteró su agradecimiento por el respaldo brindado a las familias chiapanecas al garantizar el derecho de acceso a una vivienda propia mediante el Programa Vivienda para el Bienestar, lo que se traduce en prosperidad compartida.
Un complejo que alberga 176 viviendas para igual número de familias fue el inicio del programa que ya se aplica en Chiapas, donde Tuxtla Gutiérrez fue el parteaguas para un total de 20 mil viviendas programadas para 2026.
Se entiende que el esfuerzo es sobrehumano y, al mismo tiempo, apenas forma parte de una aportación para resolver el rezago que existe en la entidad, cuyos números fluctúan entre 900 mil y un millón de viviendas.
El otro problema es que no solo las nuevas generaciones están ávidas de tener una casa, sino que, del cien por ciento de quienes ya poseen algún bien, el 73 por ciento requiere mejoramiento en techos, muros y pisos; el 23.7 % necesita autoproducción (vivienda construida progresivamente) y el 3 % requiere ampliación o reemplazo total, todo ello según datos del INEGI.
Los conjuntos habitacionales que se construyen en Tuxtla, por ejemplo, están devastando los árboles que se ubican en las partes altas de la ciudad. Los cerros han quedado fracturados por la tala y, en la época de lluvias, las fuertes corrientes que descienden causan estragos en el centro de la ciudad, porque esta no tiene la capacidad de dar cauce al agua sin que provoque daños.
El agua potable no llega a las partes altas y los servicios de drenaje colapsan en las partes bajas al no soportar la capacidad de las tuberías, que fueron instaladas para atender las necesidades de colonias, no de desarrollos construidos en zonas prohibidas con el visto bueno de autoridades ambientales y municipales.
La deuda histórica en vivienda es descomunal y se agrava por los vaivenes en las cuotas que los patrones deben pagar al Seguro Social, lo que forma parte del estancamiento que impide a los trabajadores adquirir una casa. Y, si logran el puntaje vía créditos, las viviendas tienen costos tan elevados que es casi imposible acceder a un patrimonio digno.
En los nuevos estudios de construcción, los expertos señalan que las viviendas deben ser verticales, es decir, en condominios, porque se ahorra espacio; sin embargo, en una zona sísmica como Chiapas, edificar edificios suele generar temor en la población.
Ante este panorama, es digno de reconocer la claridad con la que el gobernador Eduardo Ramírez se expresó cuando, ante la propia presidenta de México, dijo que la vivienda digna no debería ser un privilegio ni una aspiración lejana, sino un derecho.
“Mientras en Chiapas siga siendo una promesa incumplida, cualquier discurso sobre desarrollo será incompleto. Atender este rezago no es solo una cuestión de infraestructura; es una cuestión de justicia social”, dijo.
Una verdad que llama a la reflexión para que todos los involucrados en este sector se pongan a trabajar por el bien de Chiapas.
