Yucatán revive la usurpación de la diputación indígena que José Uriel se agandalló
Como decía el legendario Chapulín Colorado, “sin querer queriendo”, el tema del diputado usurpador José Uriel Estrada Martínez vuelve a retumbar con fuerza en la sede cameral, luego de que en Yucatán el Congreso local retomara el tema de las candidaturas indígenas que fueron agandalladas por mestizos.
En aquella entidad se habla de la llegada de Javier Osante Solís a una curul del Congreso del Estado bajo la figura de diputado indígena. Sus adversarios y la sociedad yucateca señalan que no solo se trata de una anomalía política, sino de un fraude constitucional a la acción afirmativa indígena y una usurpación de representación, avalada por autoridades electorales que ignoraron criterios obligatorios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
El caso cae como anillo al dedo para el diputado “apestado” en la LXIX Legislatura de Chiapas, donde, por más que intenta pavonearse, nadie lo toma en cuenta. Incluso pareciera que trae impregnado un mal olor en la ropa y el cuerpo, pues diputadas y diputados huyen de él, como muestra de que la herencia maldita del sexenio pasado —cuestionada por actos de corrupción— no es afín a la política de la Cuarta Transformación.
Justo hay que reconocer que Estrada Martínez ya tiene un año en la diputación y en ningún momento, durante su presencia en la sede cameral para simplemente calentar la curul, se le ha visto portar vestimenta de sus “hermanos” indígenas, a quienes dice representar en el Distrito VIII, con cabecera en el municipio de Simojovel, de donde es originario.
El caso yucateco le rebota en la cara al ex titular de la Auditoría General del Estado, quien amasó una fortuna con los moches que exigía a los alcaldes para cuadrarles sus cuentas públicas. Esa condición de pudiente, alcanzada a base de actos de corrupción —documentados por esta casa editorial e ignorados por la pasada legislatura y por las propias autoridades estatales—, le permitió comprar conciencias en el Partido Verde Ecologista de México, que lo arropó para que pudiera agandallarse la diputación indígena.
El artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, titulares no solo de derechos individuales, sino también colectivos, entre ellos el de una representación política efectiva, no simbólica ni simulada.
En Chiapas todos saben que Estrada Martínez compró a la autoridad, ya que viola de principio a fin el precepto establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de identidad indígena, la cual —dice la Corte— no se acredita con papeles ni declaraciones unilaterales, sino con reconocimiento comunitario real. En este caso, si bien José Uriel presentó comprobantes que supuestamente acreditaban el respaldo de comunidades indígenas, investigaciones realizadas demostraron que compró firmas mediante fuertes sumas de dinero para simular trabajos comunitarios en diversas localidades. En ello tuvo mucho que ver su compadre y exalcalde de Simojovel, Gilberto Martínez Andrade, a quien, por cierto, le perdonó todas las irregularidades que la propia ASE le fincó en las dos administraciones municipales pasadas en la tierra del ámbar.
Hoy lo cierto es que, a pesar de ostentar el nombramiento de diputado plurinominal, su labor legislativa es inexistente, pues no ha presentado una sola propuesta para beneficiar al distrito con población indígena que dice representar.
Se trata de un parásito que el sistema político protege y que, lamentablemente, actúa en perjuicio de una verdadera visión de desarrollo y mejoramiento de las comunidades indígenas. Desgraciadamente, Chiapas es tomado como un experimento para beneficiar a dizque políticos cuya única suerte fue encontrarse en el camino con “padrinos” que le abrieron paso a la impunidad.
Ahí está el caso de la sobrina del exmandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, la diputada Manuela Obrador, quien ha sido legisladora federal por el distrito indígena de Palenque. Por ello, dicen, en todos lados se cuecen habas.
Tal como se observa la política centralista, pareciera que esta burla de la que ha sido objeto la sociedad chiapaneca —y los propios políticos que sí realizaron trabajo de campo para ser considerados por sus partidos como candidatos— quedará únicamente en el recuerdo.
En Yucatán quizá logren revertir la imposición de un mestizo en una diputación indígena, porque ahí los partidos de oposición están dando la pelea. Pero en Chiapas, el silencio generalizado hace pensar que la impunidad seguirá favoreciendo a José Uriel Estrada, aunque no el señalamiento social de que es una basura como político y gestor de causas sociales. En fin.
