Con el incidente que le ocurrió a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la violencia política de género es hoy un tema que evidencia la penosa situación que viven no miles, sino millones de mexicanas.
Las mujeres que han alzado la voz —y también aquellas que callan su situación— saben que el problema tiene raíces muy profundas y que no es fácil resolverlo en el futuro inmediato.
El ejemplo reciente —que por supuesto descalificamos—, y que obligó a la presidenta a presentar una denuncia contra la persona que la acosó sexualmente, evidencia que todos los casos, y decimos todos sin excepción, deben ser tratados con prontitud. Sean estos personajes públicos o figuras de renombre, con un poder que, por muy fuerte que sea, debe enfrentarse sin anticipar prejuicios sociales o políticos.
Se trata de atender a las víctimas y de canalizar los recursos institucionales para redirigir soluciones. La violencia política de género es hoy una de las prioridades que deben atenderse bajo esa dirección.
El hecho, que ha rebasado las fronteras del país, requiere necesariamente detenerse en un análisis profundo. Pero, ¿qué creen? Eso no bastó, porque a los legisladores les valió un comino reconsiderar el tema en la aprobación del Presupuesto de 2026, avalado ayer. La esperanza de que hubiese reasignaciones o más recursos para impulsar programas que concienticen sobre la problemática simplemente quedó en el aire.
“Que todos se rasquen con sus propias uñas” es lo que se deduce. Luego entonces, que ninguno de los políticos que hoy están en el poder se diga engañado o señalado por no preocuparse en reactivar hechos tan lamentables como el del propio diputado federal Cuauhtémoc Blanco, acusado de intento de violación, un grado aún más grave de lo que todos vimos ayer en redes sociales y medios de comunicación tradicionales.
Hoy, hay que decirlo, el tema les ha dado la razón a las víctimas frente a la omisión de las autoridades. La media hermana del exfutbolista y exgobernador de Morelos —quien hizo una valiente denuncia— debe estar diciendo: “Se los dije y no me creyeron”, después de que la mayoría de los morenistas, petistas y del Verde aprobaran no desaforarlo de su curul para enfrentar los hechos.
Afortunadamente, el lamentable suceso ha orillado a la presidenta a admitir que su denuncia por el acoso recibido la hizo para “visibilizar que esto no debe ocurrir”, y ha anunciado que “revisará que en todos los estados de México estos actos sean considerados un delito penal, para lo cual enviará una iniciativa”.
Ojalá que en el contenido de esa iniciativa se contemple la aplicación de los hechos con términos de retroactividad, así como lo ha intentado considerar la Suprema Corte de Justicia de la Nación en casos ya juzgados que podrían ser violatorios de lo que la Constitución establece.
Se entiende que este último punto puede tener tintes de politiquería, para revivir hechos en los que están inmiscuidos políticos o empresarios enemigos de la Cuarta Transformación. Pero si a eso vamos, el caso de Cuauhtémoc Blanco es la mejor carta de presentación que las colectivas feministas estarán impulsando para que no haya más burlas contra las víctimas, ni contra lo que dictamina el sistema político mexicano y las leyes que lo sustentan.
La presidenta admitió que lo más complicado al denunciar es “la revictimización que padecen las mujeres”, pues además de exigirles pruebas de lo sucedido, son cuestionadas como provocadoras o culpables del delito del que en realidad son víctimas, ya sea por su forma de vestir, por caminar en ciertos lugares o por exponerse en espacios públicos.
La denuncia que ha interpuesto la presidenta envía un mensaje claro: está del lado de las mujeres que han sufrido acoso de los hombres. Sin embargo, ello no basta. Como se dijo al inicio, falta voluntad política para no proteger a nadie. Casos hay muchos, protagonizados por personajes que se sienten intocables, pero que dejarían de serlo si las mujeres deciden perder el miedo y exigir justicia acompañadas por la autoridad, sin importar de quién se trate ni de dónde venga.
