Un video que se hizo viral, difundido por la familia Domínguez Sánchez, muestra los destrozos que algunas personas realizaron en su local de comida, el cual representaba su sustento diario para sobrevivir. La narración que acompaña las imágenes detalla cómo se destruyó un negocio al aire libre, levantado con esfuerzo desde hace más de una década en el municipio de Villacorzo.
La familia atribuye el hecho al Ayuntamiento. Narran que funcionarios estuvieron intimidando a la propietaria para que desalojara y, después de varios mensajes advirtiendo que, si no lo hacía, “pagaría las consecuencias”, la mañana de este viernes la sorpresa fue mayúscula al percatarse de que la fonda había quedado reducida a cenizas.
El negocio se ubicaba —porque prácticamente desapareció— frente a las instalaciones de la Unidad Deportiva, en la carretera a Villaflores. Quince años se tiraron a la basura. Los utensilios y aparatos domésticos desaparecieron “por arte de magia”, tanto que, hasta la carne, los refrescos y el pozol se llevaron.
Quién se lo robó, eso no se sabe; aunque la familia jura y perjura que fue obra del alcalde. Puede ser, sobre todo en estos tiempos en que las autoridades buscan eliminar todo lo que huela a pasado para emprender “nuevos proyectos”, acordes a los tiempos que se viven, según se ha constatado y como suele suceder cada vez que hay un cambio de gobierno. Hay que preguntarse entonces si este acontecimiento es para una obra que resplandezca la “modernización” o en realidad sólo se trata del “abandono social”.
A la pequeña choza, garita o como se le quiera llamar a ese estanquillo cubierto con lámina, le cayó la rapiña. Sí, esa misma que los ciudadanos de bien denuncian cuando la población se aprovecha de las desgracias que ocurren en las carreteras al sufrir algún accidente.
Lo malo es que en esta ocasión la rapiña fue propiciada —provocada— por funcionarios municipales de Villacorzo, dice la familia de doña Amalia Domínguez, propietaria de lo que queda de este inmueble siniestrado.
Señalan directamente a los servidores públicos Miguel Ángel Suriano López y Francisco Méndez Chiñas. Las amenazas de estos dos sujetos están documentadas por la familia, que asegura haber recibido advertencias de que serían desalojados del lugar porque el Ayuntamiento construirá una obra pública.
Sin embargo, este no es el procedimiento que debió seguirse para ejecutar un desalojo que deja en la calle a una familia dedicada a la venta de comida. En todo caso, el Ayuntamiento debió realizar las notificaciones legales que marca la Ley Orgánica Municipal, la cual exige oficializar por escrito el procedimiento y otorgar el tiempo necesario a los afectados para desocupar.
La actuación es, a todas luces, propia de delincuentes. Además, si iban a desalojar, debieron hacerlo en presencia de los afectados o bien hacer público el procedimiento para que la familia pudiera ampararse y no se percibiera esto como una venganza personal.
Nadie ha dado la cara para responder por el atropello. Lo cierto es que las redes sociales desacreditaron el accionar de la autoridad. Y hoy, como están las cosas en el país, el propio alcalde Ignacio Nagaya Vicente está obligado a presentar las pruebas del desalojo o, en caso contrario, investigar quién causó los destrozos y con qué motivos.
En Villacorzo, como en muchos municipios del país, el poder local suele confundirse con propiedad privada. Pero cuando la autoridad se convierte en verdugo y la ley en ornamento, el daño no solo se mide en pérdidas materiales: se mide en confianza, en dignidad y en justicia.
