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La indignación ciudadana se intensifica ante lo que habitantes califican como un esquema sistemático de corrupción y abuso de poder, protagonizado por la familia Pérez Saldaña, actualmente al frente del gobierno municipal.
De acuerdo con testimonios y documentos filtrados, el ingeniero Alfonso Pérez Romero estaría recibiendo 200 mil pesos mensuales provenientes del erario municipal, por permitir el uso de su propiedad —ubicada en la fracción La Soledad— como basurero clandestino, operado con la autorización de su hijo, el actual presidente municipal Víctor Pérez Saldaña.
Esta operación, además de carecer de permisos ambientales, ha comenzado a contaminar el río Cahoacán de forma alarmante.
A la par, se reporta que policías municipales y empleados del ayuntamiento han sido asignados para realizar labores domésticas y de seguridad privada en beneficio de Aura Saldaña, esposa del sindicado y madre del edil. Esta práctica, además de ilegal, representa un desvío de funciones públicas para fines personales.
La tensión escaló cuando, ante señalamientos ciudadanos y advertencias sobre posibles consecuencias legales, el presidente Víctor Pérez Saldaña habría respondido con arrogancia: “en Cacahoatán el presidente soy yo, no Eduardo Ramírez”, en referencia al gobernador del Estado. Esta declaración ha sido interpretada como un desafío directo a la autoridad estatal.
Ante el silencio de las autoridades estatales, habitantes de Cacahoatán han convocado a tomar acciones drásticas antes, durante y posteriormente al supuesto informe de gobierno que rendirá Pérez Saldaña en los próximos días, exigiendo transparencia, rendición de cuentas y el cese inmediato de las operaciones ilegales que afectan la salud pública y el medio ambiente.
La situación exige atención urgente por parte de las instancias estatales y federales. La ciudadanía no sólo denuncia el desvío de recursos, sino también la impunidad con la que se consolidan estos actos. El tiempo corre y Cacahoatán exige justicia.
