La intervención que hizo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a tres
instituciones financieras mexicanas es más grave de lo que parece. CI Banco,
Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa fueron identificadas a finales de junio
como facilitadoras para lavar dinero de cárteles de las drogas y posibilitar
transacciones con empresas chinas que trafican ilegalmente con fentanilo,
estableciendo un plazo para que los bancos estadounidenses cortaran sus
transferencias de fondos con esas compañías. Una negociación de la Secretaría
de Hacienda con el Tesoro culminó en una prórroga, pero ni el riesgo se ha
evaporado, ni el daño en el sistema financiero mexicano se reparó.
Autoridades financieras y bancarias mexicanas minimizaron el impacto de la
denuncia en Washington, subrayando que Vector solo impacta en el 9.4% del
negocio de las casas de bolsa, y CI Banco e Intercam Banco representan el 1.6%
de la banca. Lo que quizás no se han preguntado es si las sanciones del Tesoro
fueron aplicadas quirúrgicamente y calculadas para no generar el colapso del
sistema financiero mexicano, y si cometieron un error de soslayar una advertencia
que les hicieron en mayo.
A principios de ese mes, el subsecretario adjunto de Política Estratégica del
Tesoro, Scott Rembrandt, encargado de implementar políticas contra el lavado de
dinero y el financiamiento terrorista en Estados Unidos y el mundo, estuvo en
Nuevo Nayarit para hablar con un selecto grupo de banqueros mexicanos que
asistían a la reunión anual del sector, para subrayarles la determinación del
presidente Donald Trump de combatir a los cárteles de las drogas mexicanos y
cerrar sus flujos financieros. Rembrandt fue claro: blinden sus bancos. El mensaje
no pasó de ahí y siete semanas después vino la acción en Washington que obligó
a intervenir las instituciones para proteger a los ahorradores.
El mensaje parece que tampoco ha quedado entendido del todo, y la reacción a
las negociaciones de Hacienda que permitieron una prórroga hasta el 4 de
septiembre, ha sido interpretada como el principio del fin del problema. Pero no es
así. Cualquiera que sea la decisión del Tesoro, ya metió un pie en el sistema
financiero mexicano, que lo deja vulnerable ante cualquier acción que se decida
en Washington, sin necesidad de acordarla con el gobierno mexicano.
La primera señal de la gravedad de las sanciones, de acuerdo con expertos, es
haber señalado a las instituciones como victimarias, no como víctimas, que es
distinto a como trataron casos de lavado de dinero en los casos más escandalosos
que ha habido, que involucraron a BNP Paribas de Francia, UBS de Suiza,
Goldman Sachs y JP Morgan Chase de Estados Unidos, y HSBC y Standard
Chartered del Reino Unido. Fueron fuertemente multados, pero no les cerraron las
puertas del sistema financiero y pudieron seguir operando, que no fue el caso con
los mexicanos.
La segunda señal fueron las sanciones. El Acta de Sanciones por
Fentanilo establece seis penalizaciones que van de menos intrusivas a más. En el
caso de las instituciones mexicanas, el Departamento del Tesoro se fue a la
última, endureciendo el castigo. La sexta sanción prevé que se limiten las
transacciones, pero una vez más, aportaron a las instituciones mexicanas y
ordenaron que no se procesara ninguna. Llama la atención que a los dos bancos y
a la casa de bolsa les señalaron un mal control interno como causa de haber
permitido esas transacciones, que es lo mismo que apuntaron a las instituciones
de otros países que fueron multadas, pero no les prohibieron realizar operaciones
con bancos estadounidenses.
La forma como trataron a las instituciones mexicanas puede entenderse con una
metáfora, planteada por un experto en instituciones mexicanas y extranjeras: “Una
metáfora precisa y vigente es el COVID. Esos tres bancos dieron positivo.
Estuvieron en una fiesta con todos los demás administrando dos puntos del PIB
activos. Entonces no quieres saber nada de esos tres, pero mientras no haya
claridad de que no contagiaron a nadie más, el impacto de la medida es que nadie
quiere tocar al sistema financiero mexicano”.
La prórroga que negoció Hacienda ayuda porque mandó la señal de que hay
diálogo con alguien, agregó el experto, pero no atiende el fondo. “Las tres
instituciones siguen teniendo COVID y están, en consecuencia, en cuarentena”,
subrayó. “Pero todos los demás estuvieron en la misma fiesta. Entonces, los tres
están muertos, aunque no lo sepan, y los demás tuvieron contacto, aunque no
sabemos si alguien más se contagió. El sistema financiero se volvió más
riesgoso”.
Cuando se dio el anuncio del Tesoro, la Secretaría de Hacienda descartó
problemas en el sistema bancario, porque no había tenido ninguna interrupción y
operaba de manera normal. Sin embargo, al quedar enmarcadas las sanciones
dentro de la clasificación de los cárteles mexicanos como “organizaciones
terroristas extranjeros” y apuntar al fentanilo como la correa que une a las
instituciones financieras con la delincuencia organizada y empresas chinas que
trafican fentanilo, lo convirtieron en un problema de seguridad nacional, por lo que
la decisión en Washington tiene mayores consecuencias de las observadas a
primera vista.
Un ejemplo hipotético básico y simple, que de acuerdo con expertos muestra la
complejidad que alcanza la acción del Departamento del Tesoro, es como si el
presidente del Consejo de Administración de una de las instituciones sancionadas
tuviera como negocio una distribuidora de automóviles, a donde uno acude a
comprarle un automóvil. De acuerdo con la ley que clasifica a los cárteles como
terroristas, bastaría con adquirirle el vehículo, con crédito o no del banco, para ser
potencialmente señalado como presunto terrorista. No hay en la ley matices ni
excepciones, por lo que los riesgos para personas o empresas que no tengan
ninguna relación con cárteles, empresas chinas o instituciones presuntamente
involucradas con ellos, son impredecibles.
“Si el Departamento del Tesoro hubiera aplicado las sanciones, pero las hubiera
acotado a las transacciones al sector químico farmacéutico, o a China o a
doctores que recetaban opioides, se sabría quién está enfermo y sería más fácil
encapsular”, agregó el experto. “Pero como lo hizo en el caso mexicano, eso no es
posible”. Quien no entienda esta nueva realidad, será su problema.
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