Bernardo Figueroa.
La Nueva ERA abre la discusión nacional de seguridad pública
La decisión del Congreso del Estado de Chiapas de aprobar una iniciativa para reformar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos no es un gesto simbólico ni una ocurrencia política: es una toma de posición frente a una realidad que desde hace años rebasa a las instituciones de seguridad pública en buena parte del país. Que el Congreso local, a propuesta del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, active el mecanismo del artículo 71 de la Constitución para llevar este debate al Congreso de la Unión revela la claridad jurídica y la visión de Estado de la Nueva ERA.
El fondo del planteamiento es contundente: las corporaciones de seguridad estatales enfrentan a organizaciones criminales que operan con armamento propio de conflictos armados, mientras que el marco legal mantiene a policías estatales y municipales en una condición de desventaja. La iniciativa busca corregir esa asimetría, permitiendo que los cuerpos de seguridad cuenten con armas de alto poder, hoy reservadas para las fuerzas armadas permanentes.
Negar esta discusión es cerrar los ojos ante la evidencia. En junio de 2020, el atentado contra el entonces secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, dejó al descubierto el nivel de fuego del crimen organizado que utilizó fusiles FN SCAR-H calibre 7.62 mm, R-15 con lanzagranadas de 40 mm y Barrett calibre .50. En 2016, en La Huacana, Michoacán, un helicóptero policiaco fue derribado por un fusil Barrett calibre .50. No son hechos aislados, sino una radiografía del poder real de los grupos criminales en México.
Frente a ese escenario, resulta jurídicamente insostenible y éticamente cuestionable exigir a las policías estatales que enfrenten al crimen organizado con armamento inferior, bajo el argumento de una reserva histórica pensada para contextos que ya no existen. La iniciativa impulsada desde Chiapas no pretende militarizar la seguridad pública, sino reconocer que la amenaza actual exige capacidades proporcionales y reglas claras para su uso.
GARANTIZAR LA PAZ Y LA SEGURIDAD DE LA POBLACIÓN.
La visión del gobernador Eduardo Ramírez en materia de seguridad pública se inscribe en una lógica de responsabilidad institucional de dotar al Estado de herramientas legales para cumplir su función básica: garantizar la paz y la seguridad de la población. Al canalizar la propuesta a través del Congreso local y remitirla al Congreso de la Unión, se respeta el federalismo, la distribución constitucional de competencias y el principio de legalidad.
El impacto potencial de esta iniciativa trasciende a estados como Michoacán, Guerrero, Zacatecas, Guanajuato o Jalisco, enfrentan dinámicas criminales similares, donde las policías locales son el primer frente de contención. Abrir la puerta a un nuevo marco legal permitiría una discusión nacional seria sobre el fortalecimiento de las corporaciones estatales, la homologación de protocolos, la capacitación especializada y los mecanismos de control y rendición de cuentas. Permitir la portación de armas de alto poder no equivale a un cheque en blanco. La iniciativa, bien entendida, apunta a un equilibrio: ni policías indefensas frente a criminales hiperarmados, ni un uso arbitrario de la fuerza fuera del marco constitucional.
En un país donde el crimen organizado ha evolucionado más rápido que la legislación, la propuesta del Gobernador Eduardo Ramírez introduce un debate necesario en la agenda nacional. La seguridad pública no puede seguir pensándose con esquemas normativos del siglo pasado frente a amenazas del presente. Asumir esa realidad es un acto de gobernanza, no de beligerancia. La iniciativa tiene un mensaje político y jurídico: el Estado no puede renunciar a su capacidad de respuesta. En ese sentido, Chiapas no solo legisla para sí, sino que coloca sobre la mesa una discusión que México entero ya no puede seguir posponiendo.
LA MADUREZ POLÍTICA
En el ámbito político, las intrigas y los rumores suelen ser moneda corriente, ignorando lo más básico: el verdadero motor del éxito de cualquier funcionario público radica en su trabajo y sus resultados. Este es el caso de Dulce María Rodríguez Ovando, Secretaria General de Gobierno y Mediación, y Marco Antonio Barba Arrocha, Secretario del Campo, quienes han sido objeto de cuestionamientos debido a su relación de amistad y compadrazgo de larga data. Estos señalamientos, que intentan vincular sus destinos de manera dependiente, no hacen justicia a la autonomía y el rendimiento individual que han demostrado.
Ambos han recorrido caminos separados en su vida política y profesional, y a pesar de su cercanía personal, han sabido mantenerse firmes en sus decisiones, sin que la opinión pública o las presiones externas puedan alterar su desempeño. Un claro ejemplo de esta autonomía se dio en el 2018, cuando Marco Antonio Barba, pese a su relación cercana con Aubert Cernuda Sangeado y Dulce Rodríguez, y su vínculo con otros actores políticos, decidió sumarse como suplente de Juan José Rodríguez Prats en la candidatura a la diputación federal por el distrito 4 con la coalición PAN-PRD-MC. En ese mismo distrito, Dulce Rodríguez encabezaba la candidatura por el PRI-PVEM-Chiapas Unido-Mover a Chiapas por el distrito local. La diferencia de banderas políticas podría haber sido vista como un motivo para que la relación entre ellos se viera afectada, pero no fue así. Cada uno de ellos, al tomar decisiones políticas que no coincidían en el mismo espacio electoral, mostró una madurez y autonomía que no puede ser ignorada.
El trabajo de cada uno habla por sí mismo: la eficiencia de la Secretaría General de Gobierno y Mediación bajo Dulce Rodríguez, que ha logrado avances significativos en la gestión gubernamental, y la mejora del campo chiapaneco de la mano de Marco Antonio Barba, quien ha implementado políticas que favorecen a los productores y comunidades rurales del estado. Son estos los resultados que definen su trabajo y no las especulaciones sobre sus lazos personales. La política, al final del día, se evalúa por los resultados, y ambos han demostrado tener la altura suficiente para que su desempeño sea el único criterio para valorar su gestión.
Desde el Café: El secretario de Salud, Omar Gómez, encabezó la reinstalación del Comando Estatal Interinstitucional del Sector Salud (CEISS), que es un espacio estratégico para la articulación de esfuerzos entre las instituciones del sector, mediante la evaluación de riesgos sanitarios, el análisis de los procesos de atención médica y de gestión… El Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven, asistió al Encuentro Nacional de Procuradurías y Fiscalías Estatales “Participación de las Instituciones de Procuración de Justicia en la Estrategia Nacional contra la Extorsión: Investigación y Judicialización”, encabezado por la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy… Leo León resultó ser admirador silencioso del zar antidrogas de Ernesto Zedillo… Ya salió el primer negrito en el arroz de la Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH), en donde diversos prestadores de servicios han denunciado que, para acceder a recursos de los Programas para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), se les solicitó la entrega del 10% del monto asignado a los proyectos… ¿Será cierto que, con la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, el Doctor calibre .22 aspira a volverse calibre .223″?
Para terminar: “La corrupción de los gobernantes casi siempre empieza con la corrupción de sus principios”. Lo dijo Charles de Montesquieu.
Son cuestiones del oficio, sigue sin ser nada personal.
cafetomano@hotmail.com
