Bernardo Figueroa
El autoritarismo se hereda
En la política mexicana, los apellidos pesan. No sólo por la herencia simbólica que arrastran, sino porque inevitablemente generan comparaciones. El caso de Josefa González-Blanco Ortiz-Mena y su padre, José Patrocinio González Blanco Garrido, es un ejemplo claro de cómo el ejercicio del poder —aunque se dé en contextos históricos distintos— puede revelar profundas contradicciones entre el discurso público y la conducta real como servidores públicos.
Josefa González-Blanco construyó buena parte de su imagen pública a partir de un discurso centrado en la ética, la legalidad y la protección del medio ambiente. Desde espacios académicos y, posteriormente, desde cargos públicos, se presentó como representante de una nueva generación de servidores públicos: sensibles a las causas sociales, comprometidos con la legalidad y críticos de los abusos del viejo régimen.
No obstante, ese discurso comenzó a erosionarse cuando su actuación como embajadora de México fue objeto de denuncias formales y de un amplio cuestionamiento público. El episodio más emblemático fue aquel en el que, presuntamente, se utilizó su investidura diplomática para exigir que un vuelo comercial no despegara hasta que ella abordara la aeronave. Este hecho, más allá de las consecuencias administrativas o legales que generó, dio lugar a denuncias por abuso de poder y uso indebido de atribuciones, y se convirtió en un símbolo de privilegio incompatible con la narrativa de austeridad, igualdad y respeto a la legalidad que el propio gobierno decía encarnar.
DENUNCIAS FORMALES Y UNA EMBAJADA EN CRISIS
A este episodio se sumó un cúmulo de denuncias formales presentadas durante su gestión al frente de la Embajada de México en el Reino Unido. De acuerdo con señalamientos públicos y quejas administrativas conocidas en el ámbito diplomático, Josefa González-Blanco Ortiz-Mena dejó el cargo con al menos 16 denuncias formales, relacionadas con hostigamiento laboral, presuntos malos manejos y un clima interno que habría derivado en una representación diplomática prácticamente gris.
Más allá de la eventual resolución de dichas denuncias, su sola existencia y volumen colocaron en entredicho la capacidad de conducción institucional y el respeto a los principios de legalidad, trato digno y profesionalización del servicio exterior. En términos políticos, el daño fue inmediato: una embajada debilitada, personal desmotivado y una narrativa oficial de transformación que chocó con prácticas atribuidas al ejercicio cotidiano del poder. En una democracia, los símbolos importan: quien promete una ruptura con el pasado no puede permitirse conductas que recuerden precisamente a aquello que se dijo combatir.
EL AUTORITARISMO SIN DISFRACES
En contraste, José Patrocinio González Blanco Garrido ejerció el poder en una época en la que el autoritarismo no sólo era tolerado, sino institucionalizado. Como gobernador de Chiapas y como secretario de Estado, su actuación estuvo marcada por una lógica de control político, centralización de decisiones y uso duro de la fuerza pública. No pretendía representar una política moralmente renovada; su papel era el de un operador eficaz del sistema político dominante de su tiempo.
Aquí surge una primera contradicción relevante: mientras el padre actuó abiertamente bajo un modelo autoritario —sin ocultarlo tras un discurso ético—, la hija se presentó como símbolo de cambio y superioridad moral. El problema no es sólo la conducta en sí, sino la distancia entre lo que se dice y lo que se hace.
Otra coincidencia incómoda es el privilegio. Ambos personajes accedieron a posiciones de poder dentro de élites políticas, aunque en contextos ideológicos distintos. La diferencia radica en la narrativa: José Patrocinio asumía el poder como un instrumento del Estado fuerte; Josefa lo enmarcó como una herramienta al servicio de causas progresistas. No obstante, cuando el ejercicio del cargo reproduce prácticas de excepción personal o ventajas indebidas, el cambio prometido se diluye.
Esta continuidad revela una constante en la política mexicana: el poder transforma menos de lo que aparenta, incluso cuando cambia el lenguaje con el que se justifica. En ese sentido, las conductas cuestionables de Josefa González-Blanco resultan más problemáticas simbólicamente que las de su padre, no porque sean necesariamente más graves, sino porque contradicen frontalmente el relato de ruptura y transformación que ella misma promovió.
Los actos de Josefa González-Blanco ilustran un dilema más amplio de la vida pública en México: el relevo generacional no garantiza, por sí mismo, un cambio real en las prácticas del poder. Sin coherencia entre discurso y acción, la promesa de una nueva ética pública se convierte en una versión maquillada de viejas conductas. En democracia, el verdadero cambio no se mide por el apellido, la ideología o la retórica, sino por la congruencia. Y esa, al final, es la vara más dura —pero también la más justa— para juzgar a cualquier servidor público.
RESTAURACIÓN DE MICROCUENCAS
El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar ha impulsado acciones concretas de restauración y saneamiento de microcuencas. Esto forma parte de un programa que busca recuperar recursos naturales degradados con participación comunitaria y coordinación interinstitucional. La restauración de microcuencas está incluida como una política pública ambiental prioritaria, vinculada a la sostenibilidad, conservación y uso responsable del agua y los suelos, con participación comunitaria y coordinación institucional.
Esta semana se llevó a cabo una reunión de alto nivel, por los titulares de las Secretarías del Campo, Marco Antonio Barba Arrocha, de Medio Ambiente e Historia Natural, Magdalena Torres Abarca, y el coordinador de Asesores y Proyectos Estratégicos del Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, además de otros servidores públicos federales y estatales, para evaluar y relanzar el Programa de Microcuencas, atendiendo un diagnóstico que identifica alrededor de 700-800 unidades, cerca de 100 con deterioro grave.
Desde el Café: ¿Nombre de la diputada morena que corrió a su fotógrafo, porque al Sugar Daddy lo enceló las fotos que le tomaban?… El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar se reunió con las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde coincidieron en la importancia de impulsar diálogos que fortalezcan la vida democrática y el tejido social… Una auditoría destapó la cloaca de la Secretaría de Educación, manejada por Rosa Aidé Domínguez, en donde existen observaciones relacionadas con la infraestructura educativa; esta es la primera de muchas irregularidades que habrán de salir, y que se sumarán al mal manejo de timbrado de nóminas y contrataciones indebidas de interinos… El secretario de Economía y del Trabajo, Luis Pedrero González, se reunió con representantes de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI), para dar seguimiento a los proyectos de vivienda impulsados por el Gobierno Federal, en coordinación con, INFONAVIT, FOVISSSTE y CONAVI, que contempla la creación de más de 140 mil nuevos empleos directos y 380 mil empleos indirectos formales… Por cierto, ¿quién es el Delegado Federal del INFONAVIT en Chiapas? ¿Carlos Cruz Coutiño o su yerno?
Para terminar: “Jamás me jubilaré de la política, de la revolución o de las ideas que tengo. El poder es una esclavitud y soy su esclavo”. Lo dijo Fidel Castro.
Son cuestiones del oficio, sigue sin ser nada personal.
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